domingo, agosto 2

Tres fechas contra el olvido: la memoria gitana también forma parte de la historia 

Durante las últimas semanas se han sucedido tres fechas fundamentales para la memoria histórica gitana y romaní. El 17 de julio se cumplieron noventa años del comienzo del golpe militar contra la Segunda República. Trece días después, el 30 de julio, recordamos la Gran Redada de 1749, una operación organizada por la monarquía española para detener de manera simultánea a miles de personas gitanas. El 2 de agosto conmemoramos el Samudaripen, el genocidio cometido contra el pueblo romaní durante el nazismo. Son tres fechas muy próximas en el calendario, pero habitualmente aparecen separadas en la memoria pública. La Guerra Civil ocupa un lugar central en la discusión política española. La Gran Redada continúa siendo prácticamente desconocida para buena parte de la sociedad. El genocidio romaní aparece, cuando aparece, como una nota secundaria dentro de la historia europea del siglo XX. 

Un policía alemán vigila a un grupo de personas gitanas arrestadas para ser deportadas a Polonia. Foto: United Estates Holocoust Memorial Museum.

Esta separación expresa la manera en que se ha construido el relato histórico: unas experiencias son reconocidas como acontecimientos nacionales o europeos, mientras que otras quedan confinadas a la memoria particular de una minoría. La historia gitana suele presentarse como un capítulo complementario, una excepción o un asunto que únicamente concierne a las propias personas gitanas. 

Ninguna de estas tres fechas pertenece exclusivamente al pueblo gitano. Las tres hablan del funcionamiento del Estado, de la creación administrativa del enemigo, de la persecución organizada y de los mecanismos que permiten excluir a una población del espacio común. 

17 de julio: también estuvimos allí 

El levantamiento militar comenzó el 17 de julio de 1936 en el Protectorado español de Marruecos y se extendió a la península al día siguiente. Su fracaso parcial dio paso a la Guerra Civil y, posteriormente, a casi cuatro décadas de dictadura. La Ley de Memoria Democrática condena expresamente el golpe de Estado del 18 de julio y el régimen franquista que surgió de él. 

Al cumplirse noventa años del golpe militar, seguimos discutiendo sobre fosas, archivos, responsabilidades, símbolos y reparación. Sin embargo, la presencia gitana en aquel periodo apenas ocupa espacio en esa conversación.

Las personas gitanas estuvieron en los frentes, en los barrios bombardeados, en las cárceles, en las rutas del exilio y entre las familias sometidas a la pobreza y al miedo. Hubo gitanos en ambos territorios y en diferentes posiciones políticas, como ocurrió con el conjunto de la población. También hubo experiencias atravesadas por una condición específica: el antigitanismo anterior a la guerra, mantenido y reforzado durante la dictadura. 

La Guardia Civil había recibido desde el siglo XIX funciones específicas de vigilancia sobre la población gitana. Durante el franquismo continuaron las prácticas de control, identificación y sospecha colectiva. Ser gitano podía determinar la forma en que una persona era observada por las autoridades, encontraba trabajo, accedía a una vivienda o se desplazaba por el territorio. 

Sin embargo, cuando se representa la Guerra Civil, el sujeto gitano suele desaparecer. Podemos encontrar fotografías de multitudes, soldados, trabajadores, mujeres y familias desplazadas sin que nadie se pregunte si entre esas personas había gitanos. La identidad gitana se reconoce únicamente cuando responde a ciertos signos visibles o a los estereotipos que la sociedad espera encontrar. 

Decir “también estuvimos allí” no consiste en incorporar de forma decorativa algunos nombres gitanos a una historia ya terminada. Obliga a revisar cómo se ha construido esa historia, quién ha sido identificado dentro de ella y quién ha quedado sin nombre. 

La memoria oral resulta fundamental en este proceso. Muchas familias gitanas conservaron recuerdos de la guerra y de la dictadura sin disponer de documentos, fotografías catalogadas o reconocimiento institucional. Esas voces no son una fuente menor. Constituyen un archivo transmitido durante décadas en espacios familiares y comunitarios. 

Cuando una persona mayor recuerda el hambre, una detención, una desaparición o el miedo a la Guardia Civil, está aportando conocimiento histórico. El problema surge cuando las instituciones únicamente consideran legítimo aquello que ya se encuentra escrito y clasificado en sus propios archivos.

30 de julio: una operación de Estado 

El pasado 30 de julio volvimos a recordar la denominada Gran Redada o Prisión General de Gitanos, iniciada en esa fecha de 1749. Las órdenes, preparadas en secreto durante el reinado de Fernando VI e impulsadas por el marqués de la Ensenada, buscaban detener simultáneamente a la población gitana en distintos puntos de España. Miles de hombres, mujeres, niñas y niños fueron apresados sin haber cometido delito alguno. 

Las familias fueron separadas. Los hombres fueron enviados principalmente a arsenales y trabajos forzados. Muchas mujeres y menores quedaron recluidos en cárceles, castillos y otros espacios de confinamiento. La separación por sexos perseguía impedir la continuidad familiar y comunitaria. 

La Gran Redada permite comprender que el antigitanismo no ha sido únicamente un conjunto de prejuicios sociales. También ha funcionado como política pública. Fue necesario elaborar censos, transmitir instrucciones, movilizar fuerzas, preparar lugares de encierro y coordinar autoridades. La persecución se ejecutó mediante procedimientos administrativos. 

Esta dimensión resulta especialmente incómoda porque impide reducir el racismo a comportamientos individuales. No fueron unas pocas personas actuando por odio. Intervinieron ministros, funcionarios, militares, autoridades locales e instituciones religiosas. La violencia fue planificada desde el poder. 

Durante mucho tiempo, este episodio permaneció fuera de los programas educativos y de las principales políticas de memoria. La ausencia produce una consecuencia concreta: generaciones enteras han estudiado la historia de España sin conocer uno de los mayores intentos de persecución colectiva realizados por el propio Estado contra la población gitana. 

Recordar la Gran Redada tampoco consiste en buscar una competición entre sufrimientos históricos. Se trata de conocer cómo se formó el país en el que vivimos. La construcción del Estado moderno español incluyó dispositivos destinados a controlar, asimilar y, en determinados momentos, eliminar la diferencia gitana. 

El desconocimiento actual forma parte del problema. Cuando una sociedad ignora que la población gitana fue perseguida legalmente durante siglos, interpreta las desigualdades presentes como si fueran consecuencia natural de una cultura o de una forma de vida. Desaparece la historia y queda únicamente el estereotipo.

2 de agosto: el genocidio romaní 

El pasado 2 de agosto conmemoramos el genocidio cometido contra el pueblo romaní durante el nazismo. La fecha recuerda especialmente la noche del 2 al 3 de agosto de 1944, cuando las SS asesinaron en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau a los últimos hombres, mujeres, niños y ancianos recluidos en el denominado “campo gitano”. Las cifras varían según las fuentes, pero las instituciones europeas sitúan en torno a tres mil las personas asesinadas aquella noche. En 2015, el Parlamento Europeo reconoció el 2 de agosto como Día Europeo de Conmemoración del Holocausto Romaní. 

El término romaní Samudaripen hace referencia a este proceso de persecución y exterminio. Cientos de miles de personas romaníes y sinti fueron asesinadas en la Europa ocupada por el nazismo y sus aliados. Hubo deportaciones, fusilamientos masivos, trabajos forzados, hambre, experimentación médica y asesinatos en campos de concentración y exterminio. Las instituciones europeas utilizan habitualmente una estimación de alrededor de 500.000 víctimas. 

Su reconocimiento fue tardío. Durante décadas, numerosos supervivientes no recibieron reparación porque la persecución contra ellos fue considerada una medida policial y no racial. El mismo prejuicio que había permitido clasificarlos como personas “asociales” o delincuentes continuó operando después de la guerra. 

Esta continuidad demuestra que una derrota militar no elimina automáticamente las categorías que hicieron posible la persecución. El nazismo llevó el racismo de Estado hasta su dimensión genocida, pero se apoyó en siglos de legislación, vigilancia y producción cultural antigitana presentes en distintos países europeos. 

Por eso el Samudaripen no debe recordarse como un acontecimiento aislado o exclusivamente alemán. Pertenece a la historia europea. También interpela a España, aunque el país no participara directamente en la Segunda Guerra Mundial, porque el antigitanismo contaba aquí con una larga estructura jurídica, política y social.

Una misma arquitectura 

La Gran Redada, la Guerra Civil y el Samudaripen no son acontecimientos equivalentes. Ocurrieron en contextos diferentes, respondieron a proyectos políticos distintos y causaron formas de violencia que deben estudiarse con precisión. 

Ponerlos en relación permite identificar mecanismos comunes. 

En los tres casos aparece la clasificación de determinadas personas como sospechosas, peligrosas o prescindibles. Aparece la capacidad del poder para convertir prejuicios en documentos, órdenes y procedimientos. Aparece la separación entre las vidas consideradas dignas de protección y aquellas que pueden ser vigiladas, desplazadas, encarceladas o eliminadas. 

También aparece el problema del archivo. Los Estados producen una enorme cantidad de documentos cuando persiguen, pero las víctimas suelen conservar fragmentos: recuerdos, fotografías familiares, canciones, silencios, nombres incompletos. Después, la historia institucional privilegia los papeles del perseguidor sobre la memoria de quien sufrió la persecución. 

Trabajar sobre la memoria gitana exige transformar esa jerarquía. Los testimonios, los archivos familiares y las formas culturales de transmisión deben ocupar un lugar central. Las personas gitanas tienen que participar como investigadoras, autoras, artistas, cineastas, periodistas y responsables de las políticas públicas que abordan su propia historia. 

La representación importa porque determina quién puede hablar y desde dónde. Durante demasiado tiempo, otras personas han explicado qué somos, cómo vivimos y qué significa nuestra historia. Incluso los relatos bienintencionados han reducido con frecuencia la experiencia gitana al folclore, la marginalidad o la tragedia. 

Necesitamos producir conocimiento desde dentro, con rigor y autonomía. Esto implica investigar la violencia, pero también recuperar las estrategias de supervivencia, las redes familiares, la creación artística, la transmisión cultural y la capacidad política del pueblo gitano. 

Recordar modifica el presente 

Las conmemoraciones pierden sentido cuando se convierten en actos protocolarios desconectados de la realidad. Recordar el Samudaripen mientras se toleran discursos que presentan a comunidades romaníes enteras como una amenaza vacía la memoria de contenido. Recordar la Gran Redada sin revisar el antigitanismo institucional actual convierte la historia en una pieza de museo. Conmemorar la Guerra Civil sin buscar las voces que continúan fuera del relato reproduce parte de las exclusiones que se pretende reparar.

La memoria debe producir consecuencias educativas, culturales y políticas. 

La Gran Redada tendría que estudiarse en los centros educativos como parte de la historia general de España. El Samudaripen debería ocupar un lugar estable dentro de la enseñanza sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. La experiencia gitana durante la Guerra Civil y la dictadura necesita programas específicos de investigación, archivo y creación cultural. 

También es necesaria una política de memoria capaz de colaborar con las organizaciones gitanas sin utilizarlas como presencia simbólica. Participar significa decidir qué se investiga, cómo se cuenta, quién conserva los materiales y qué formas adopta su transmisión pública. 

Entre el 17 de julio y el 2 de agosto transcurrieron apenas dieciséis días. En ese breve periodo se concentraron tres oportunidades para observar una ausencia histórica persistente. Pasadas las fechas, queda por comprobar si las instituciones, los medios y los espacios educativos incorporarán realmente estas memorias o volverán a relegarlas hasta el próximo aniversario. 

La historia gitana no está fuera de la historia de España ni de Europa. Se encuentra dentro de sus instituciones, sus conflictos, sus violencias y sus transformaciones. Lo que permanece en los márgenes no es nuestra experiencia, sino el lugar que el relato dominante le ha concedido. 

Noventa años después del golpe de 1936, 277 años después de la Gran Redada y 82 años después de la liquidación del campo gitano de Auschwitz-Birkenau, recordar exige algo más que nombrar a las víctimas. 

Exige reconocer que también estuvimos allí. Y que seguimos aquí. 

Kike Jiménez

Director de contenido de Ijiton Magazine, publicación especializada en cultura romaní contemporánea.



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