Dormir en la calle nunca es una elección, pero tampoco una experiencia ajena a los usos sociales que nos coartan. En Zaragoza, como en el resto del Estado español, el sinhogarismo tiene rostro, cuerpo e identidad, y castiga con mayor dureza a quienes se salen de la norma. Para las personas LGTBI+, especialmente trans, no binarias y mujeres del colectivo, la calle es exposición constante a la violencia, al rechazo y a la invisibilización institucional.
Mientras las políticas públicas continúan diseñándose desde una lógica que asume que la persona sin hogar es un hombre cis, muchas vidas quedan fuera de los márgenes de la protección. Los albergues no contemplan identidades diversas, los recursos no garantizan seguridad y la red de apoyo falla precisamente a quienes más la necesitan. Este texto busca señalar una realidad estructural: cuando los sistemas de acogida no son inclusivos, también expulsan.
Hablar del sinhogarismo LGTBI+ en Zaragoza es hablar de una ciudad que aún no mira de frente a todas las personas que la habitan. Tenemos que preguntarnos quién tiene derecho a refugio, a dignidad y a existir sin miedo.
La situación de las personas sin hogar de la comunidad LGTBI+ en en el Estado español es una realidad profundamente invisibilizada. Se trata de una problemática atravesada por múltiples violencias estructurales: el rechazo familiar, la precariedad económica, la discriminación institucional y la falta de recursos públicos preparados para atender la diversidad de identidades y experiencias.
Según el informe «Estado LGTBI+ 2025», elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ en colaboración con la Universidad de Salamanca, más de un tercio de las personas LGTBI+ en España (34%) ha vivido alguna experiencia de sinhogarismo en los últimos cinco años y un 36% lo ha sufrido en algún momento de su vida. Estas experiencias van desde alojamientos temporales e inestables hasta situaciones extremas de vida en la calle, que afectan al menos a un 4,5% de las personas encuestadas.
Las causas de este fenómeno no pueden entenderse al margen de la violencia y el rechazo por motivos de orientación sexual o identidad de género. Muchas personas LGTBI+, especialmente jóvenes, son expulsadas de sus hogares o se ven obligadas a marcharse ante contextos familiares hostiles. A ello se suma una mayor exposición a la pobreza y al desempleo, especialmente en el caso de las personas trans, que enfrentan barreras persistentes para acceder al mercado laboral y a una vivienda digna.
En Zaragoza, los recuentos municipales más recientes muestran un aumento del número de personas que viven en la calle, una tendencia que se repite en otras ciudades del Estado. En Aragón, más de mil personas se encuentran en situación de sinhogarismo y dependen de recursos gestionados por administraciones públicas y entidades sociales. Estas cifras generales ocultan la realidad de que no todos los cuerpos ni todas las identidades viven la calle del mismo modo.
Al igual que ocurre con las mujeres sin hogar, los recursos de acogida como albergues municipales y dispositivos de emergencia no están preparados para atender de forma adecuada a las personas LGTBI+, especialmente a personas trans, no binarias y mujeres del colectivo. Estos espacios están mayoritariamente diseñados para hombres cisgénero, ya que la población sin hogar es, en términos estadísticos, mayoritariamente masculina y cis. Esta lógica deja fuera a quienes no encajan en ese perfil y reproduce nuevas formas de exclusión dentro de los propios sistemas de protección.
La falta de protocolos específicos, de formación en diversidad afectivo-sexual y de género, y de espacios seguros provoca que muchas personas LGTBI+ eviten acudir a los recursos existentes por miedo a sufrir acoso, violencia o negación de su identidad. En lugar de ser lugares de protección, algunos albergues se convierten en espacios de riesgo donde la dignidad y la seguridad no están garantizadas.
Hablar del sinhogarismo LGTBI+ en el estado español implica reconocer que la exclusión residencial no es equitativa y que las políticas públicas siguen sin incorporar de forma real una perspectiva interseccional. Garantizar el derecho a la vivienda exige repensar los recursos existentes, ampliar los dispositivos específicos y asegurar que ninguna persona tenga que elegir entre dormir en la calle o exponerse a la violencia institucional. Porque cuando la calle también discrimina, la responsabilidad es colectiva.
Talita de Fátima B. Moreira
Jurista y activista por los derechos humanos
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