En medio del creciente debate sobre la migración, el presidente Pedro Sánchez acaba de defender la expulsión de migrantes irregulares como una solución para desincentivar las mafias que lucran con el sufrimiento humano. Esta postura, aunque presentada como una medida firme contra las redes criminales, es una excusa que enmascara una política más amplia de criminalización de la inmigración, además de la asunción de las posturas que se dicen combatir.
Desde una perspectiva antirracista y como mujeres negras que conocemos de cerca el impacto de las políticas discriminatorias, no podemos evitar cuestionar la eficacia y la humanidad de esta propuesta. La decisión del gobierno de centrarse en la expulsión en lugar de abordar las raíces del problema ignora la realidad compleja de la migración. Las supuestas mafias que trafican con migrantes prosperan en contextos de desigualdad y desesperanza. Expulsar a aquellos que huyen de condiciones inhumanas no hace más que enmascarar el verdadero problema: la falta de oportunidades y la injusticia global que empuja a tantas personas a arriesgarlo todo por una vida mejor.
La narrativa de que las mafias son el principal motor de la migración irregular es una táctica que a menudo se utiliza para justificar políticas represivas y deshumanizantes. En realidad las mafias son solo una pequeña parte del problema y un síntoma de la desesperación y la vulnerabilidad en la que se encuentran muchos migrantes. Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mayoría de los migrantes no tienen acceso a servicios de migración legales y seguras, lo que los obliga a recurrir a redes informales para llegar a sus destinos. Las mafias explotan esta falta de opciones legales, pero la solución no es simplemente eliminarlas sin abordar el vacío que dejan.
Además, el discurso gubernamental que presenta a los migrantes como una amenaza, compra el discurso de la extrema derecha, alimenta estereotipos raciales y contribuye a un clima de hostilidad y exclusión. Un estudio del Institute for Public Policy Research (IPPR) revela que la criminalización de la migración suele estar vinculada a un aumento en los prejuicios y la discriminación racial, en lugar de una disminución en la actividad de las mafias. Esta estrategia no solo es errónea, sino profundamente deshumanizante. Los migrantes no son enemigos; son personas que buscan seguridad, dignidad y un futuro mejor, algo que cualquier ser humano puede entender y simpatizar.
El enfoque del gobierno también adolece de una falta preocupante de propuestas complementarias. No basta con expulsar; se necesita una estrategia integral que aborde las causas fundamentales de la migración. Esto incluye mejorar las condiciones en los países de origen, apoyar a los migrantes en su proceso de integración y colaborar internacionalmente para erradicar las causas de fondo de la migración forzada. Sin estos componentes, la política de expulsión parece una solución superficial que no resuelve nada y que, además, pone en riesgo los derechos y la dignidad de quienes ya enfrentan innumerables adversidades.
Es profundamente decepcionante ver cómo un gobierno que se dice progresista termina comprando los discursos más rancios y extremistas que criminalizan a los migrantes. En lugar de tomar una postura valiente y humana, el gobierno ha optado por políticas que perpetúan la exclusión y el racismo, utilizando a los migrantes como chivos expiatorios para desviar la atención de los problemas estructurales más profundos. Es crucial que exijamos una verdadera transformación en la manera en que se gestiona la migración, una que respete los derechos humanos y promueva la justicia social. Es hora de que nuestras políticas reflejen verdaderamente los valores de justicia y humanidad que proclamamos.
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