sábado, diciembre 21

Las múltiples violencias que limitan los derechos de las mujeres afrodescendientes en América Latina

El acoso, las intimidaciones y otras múltiples violencias ocurren en todos los espacios y durante toda la vida de las mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe, una situación que limita sus derechos a una vida libre de violencia, a la educación, a una vivienda adecuada o al trabajo, lo que a su vez perpetúa la pobreza en la que viven.


Manifestantes en Niteroi, Río de Janeiro, en un acto de Black Lives Matter para protestar contra el racismo en Brasil
|Fernando Souza/Zuma alambre/Alamy Live News

Sin embargo, en las respuestas que los Estados de la región tienen para prevenir y sancionar estas violencias no se ha tomado en cuenta el enfoque interseccional entre género y raza que se necesita para hacer frente a la dura realidad que viven las afrodescendientes, por lo que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) busca que los países integren esta mirada en sus políticas públicas.

De ahí nace la Recomendación General 5, sobre violencia de género contra las mujeres afrodescendientes, un documento que se lanza a propósito del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, también conocido como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, del que se derivan 52 recomendaciones que permitirán a los Estados que han ratificado la Convención de Belém do Pará reconocer, visibilizar y abordar las violencias específicas que sufren estas mujeres.



«Hemos encontrado que la violencia, la pobreza, la explotación, la discriminación y las dificultades para el acceso a la justicia, a la salud, educación o al trabajo remunerado se agravan en el caso de las mujeres afrodescendientes, quienes además sufren tres veces más violencia sexual por todos los estereotipos que hay en torno a su cuerpo y a su sexualidad», explica Teresa Inchaustegui, vicepresidenta del Comité de Expertas del Mesecvi.

Por ese motivo en el documento, dice Inchaustegui, se enfatiza en la obligación que tienen los Estados de cumplir con la debida diligencia, la reparación y con una serie de medidas legislativas, como la adopción de normas y mecanismos para proteger a las afrodescendientes, que «tengan un nivel jerárquico adecuado». «Porque lo que se encuentra también es que en algunos países donde se han adelantado medidas o mecanismos, estos aparecen en un nivel jerárquico muy por debajo, sin realmente incidencia en el proceso de acceso a la Justicia», agrega.

La situación de las afrodescendientes en América Latina

Según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), seis de cada diez mujeres afrodescendientes en la región (64 %) han sufrido violencia a lo largo de su vida, con mayor prevalencia durante la infancia (29,6 %).

«Las niñas tienen que enfrentar la hipersexualización de sus cuerpos, un resultado de esta idea colonial de que las mujeres afrodescendientes son dotadas de sexo. Eso las pone en una situación de mayor vulnerabilidad para enfrentar la violencia, no sólo en el hogar, sino en otros espacios como la escuela y la calle, que son lugares sobre los que no se generan políticas ni acciones», señala Paola Yañez, de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.

Y es que si bien las afrodescendientes, al igual que las mujeres de otras razas, sufren violencia por parte de la pareja (59,7 %) o en la familia (55,7%), los niveles más altos se registran en la calle. Por ejemplo, el 67,7 % denuncia violencia a nivel comunitario, el 75,2 % en el ámbito laboral y el 78,1 % en el educativo.

«Muchas de las políticas en materias de prevención de violencia basada en género están centradas en prevenir la violencia dentro del hogar, pensando en que el hogar es el lugar más inseguro para las mujeres, que en parte es cierto, pero en el caso de las afrodescendientes uno de los espacios más violentos es el público», señala Yañez.

Pero las consecuencias de las violencias van más allá de los hechos, pues provocan que las niñas abandonen la escuela, que las mujeres dejen sus trabajos o se nieguen a aceptar ascensos o salgan de sus hogares, aunque no tengan un ingreso fijo para sostenerse a ellas mismas o a sus hijos e hijas.

Resulta común que cuando participan en sus comunidades o en el espacio público son a menudo víctimas de violencia política. También corren mayor riesgo de ser víctimas de trata para la explotación sexual o trabajo forzoso.

«Hay muchos elementos y datos que nos invitan a pensar que no podemos analizar la violencia de género y las desigualdades sin reconocer desde una mirada interseccional cómo la discriminación racial y la discriminación estructural terminan siendo elementos determinantes en la experiencia de vida de las mujeres afrodescendientes», afirma Rocío Muñoz, asesora regional de género y juventudes en la oficina regional de UNFPA.

La importancia de la recomendación contra la violencia

A partir de esta realidad, las especialistas coinciden en la necesidad e importancia de esta recomendación general, que permita entender que, si bien la violencia de género afecta a todas las mujeres, hay diferencias. «Y que las mujeres afrodescendientes pueden enfrentar la violencia de una forma tan particular que requieren que se tomen algunas medidas específicas de parte de los Estados, la cooperación y de todos los actores para transformar esa realidad», dice Paola Yañez.

«Las mujeres afrodescendientes no nos despertamos una mañana sólo siendo negras y centramos nuestro activismo en el racismo y al día siguiente nos despertamos sólo mujeres y nos centramos en la igualdad de género, sino que todos los días despertamos siendo mujeres negras y enfrentando el racismo y la violencia de género al mismo tiempo, por lo que esto requiere que las políticas tengan ambos enfoques. Y entender que así como el sistema patriarcal es estructural y que está estructurado en nuestros Estados el racismo también es parte de cómo se ha estructurado los Estados», afirma la representante de la Red.



Rocío Muñoz, de Unfpa, por su parte, señala que esta recomendación hace un ejercicio «muy importante» de visibilizar este contexto y a partir de allí propone un conjunto de recomendaciones en varios ámbitos, «pero reconociendo claramente el vínculo de la desigualdad, la pobreza, el racismo y la discriminación, e invita, como alguna vez fuimos invitadas a ponernos lentes de género, a ponernos lentes interseccionales para reconocer esta situación particular y también pensar en cómo las medidas para revertir esta situación tienen que estar demarcadas también desde este enfoque».

Teresa Inchaustegui, vicepresidenta del Comité de Expertas del Mesecvi, explica que entre las recomendaciones más importantes están la obligación de concienciación y de capacitación del personal que está a cargo de los servicios de salud, de educación, de acceso a la justicia y los que atienden a mujeres sobrevivientes de violencia.

Pero un tema clave, dice, es el de la recopilación estadística, ya que es necesario que los países tengan información desagregada por tipo de violencia; así como por edad, género, grupo étnico-racial, discapacidad, entre otros, para conocer realmente lo que está sucediendo. Algo que UNFPA está impulsando con énfasis en toda la región.

Y enfatiza en que no se trata de que se creen «instituciones paralelas» o que proliferen mecanismos con poca incidencia o sin presupuesto, sino que se trabaje para fortalecer lo que ya existe o para que lo nuevo realmente cambie la vida de las mujeres y que se lo haga de la mano de ellas, pues son las únicas que saben lo que realmente están sufriendo.

Por eso también cree que es vital que las organizaciones de mujeres afrodescendientes se apropien del documento. «Los Estados nunca en su historia han reconocido la conquista de las mujeres por motivación propia, siempre ha sido por la demanda, por la organización, por el reclamo de las mujeres», zanja. EFE



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