Desafíos pendientes para 2024: Regularización y Pacto de Migración

Concentración por la regularización de 500.000 personas migrantes (febrero de 2022) | Foto: Rocío Durán Hermosilla AraInfo

El debate de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recoge la regularización extraordinaria de unos 500.000 migrantes España o el acuerdo europeo del Pacto de Migración y Asilo, que las organizaciones antirracistas vemos con «preocupación», son algunos de los temas pendientes en la materia para este 2024.

Respecto a la ILP, Regularización Ya ha recordado que ya está lista para debatirse en el Congreso, después de que terminase el plazo sin que el Gobierno vetase la iniciativa por impacto en su autonomía presupuestaria, bien por exceso de gasto o por merma de ingresos. Esta es una figura reconocida constitucionalmente por la que el pueblo puede realizar sus propias propuestas legislativas al
Congreso presentando un mínimo de 500.000 firmas respaldando la iniciativa.

En concreto, hasta 800 ONG se unieron en el proyecto ‘Esenciales’ para reclamar una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021.

«No estamos exigiendo caridad sino que es una cuestión de justicia social», ha asegurado una de las portavoces de Regularización Ya, Silvana Cabrera, para añadir que creen que «se está gobernando para algunas cuantas personas para mantener sus privilegios y dejar atrás a muchísimas otras».

LA CIFRA «MÁS ALTA» DE SOLICITUDES DE ASILO

Por otro lado, este 2023 se ha registrado la cifra «más alta» de solicitudes de asilo en
España, según ha señalado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en un año marcado
por las más de 52.000 llegadas de forma irregular de migrantes a las costas españolas.

En concreto, 2023 ha sido el segundo año con más llegadas de forma irregular a España (52.945), después del 2018, cuando se registraron 64.298. Además, ha sido el primero en el han arribado mayor número de personas a Canarias (37.187), seguido por el 2006, con la llamada ‘crisis de los cayucos’ (31.678).

Según el balance del Ministerio del Interior a 15 de diciembre de 2023, un total de 52.945 de migrantes han llegado de manera «irregular» a España. Esta cifra supone un 76,2% más que en el mismo periodo de 2022, cuando arribaron 30.048.

CEAR ha destacado que desde enero de 2023 hasta finales de noviembre se han presentado en España 152.250 solicitudes de protección internacional1. «Se trata de la cifra más alta jamás registrada en nuestro país y, en el mes de octubre ya superaba el máximo
histórico alcanzado en el total del año 2022 (118.842 solicitudes)», ha recalcado, para añadir que esto supone un incremento del 38,2% en el número de solicitudes registradas respecto al mismo periodo del año anterior y que continúa «la tendencia al alza», sólo interrumpida por los efectos de la pandemia de Covid-19.

Respecto a las principales nacionalidades, ha señalado que estas continuaron siendo de países latinoamericanos: Venezuela, Colombia, Perú, Honduras y Cuba.

Además, ha denunciado que este año han persistido «los graves obstáculos» para acceder al derecho de asilo en España, por «los retrasos sistemáticos en las citas de asilo que dejan en un limbo legal a miles de personas», pero también «por los problemas para acceder al territorio, tanto por las continuas devoluciones ilegales y sumarias en la Frontera Sur, como por la falta de vías legales y seguras».



Sobre el Pacto de Migración y Asilo, ha subrayado que las nuevas normas europeas supondrán «más riesgos para el derecho de asilo que oportunidades y falta de garantías de protección para las personas». «La presidencia española desaprovechó su oportunidad para cambiar el enfoque de la política de asilo y migración europea en la defensa de los derechos humanos y reforzar los principios de solidaridad y responsabilidad compartida entre los Estados Miembro», ha lamentado.

«VÍAS LEGALES Y SEGURAS»

En la misma línea se han mostrado desde Accem en declaraciones, al precisar que el «esperado» acuerdo les genera «preocupación» por «un enfoque que se centra más en la seguridad de las fronteras que en
los derechos humanos».

Asimismo, han hecho alusión a «la emergencia humanitaria derivada del repunte de llegadas por vía marítima a las Islas Canarias y la posterior gestión de la acogida en las islas y en la península» de este año.

Además, han indicado que estas cifras han supuesto «un reto» para todas las ONG que trabajan, tanto en esta situación como en el sistema de acogida estatal en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, han expuesto que «hay que continuar trabajando», aunque han recalcado que la respuesta urgente a la emergencia ha demostrado ser «eficiente y
adecuada» en el momento «más crítico». «Desde Accem, habilitamos más de 8.000 plazas para hacer frente a esta emergencia humanitaria desde distintos puntos de la península además de en Canarias», han recordado.

En esta línea, han precisado que ha sido un año en el que «se ha vuelto a evidenciar la necesidad de establecer vías legales y seguras para evitar que las personas que llegan en flujos mixtos, migrantes y solicitantes de protección internacional, tengan que poner en riesgo sus vidas».

En su balance sobre 2023, también han destacado la «importancia» de «procurar la inclusión». Por ello, han recalcado que siguen «trabajando» para que personas en situación de vulnerabilidad, «puedan alcanzar la autonomía de forma permanente» y han señalado que, en el primer semestre del año, la ONG atendió a 37.608 personas.

«Ante un panorama internacional convulso, y dónde la protección de las personas se hace inviable como demuestra día a día la terrible guerra desatada en Gaza, en este repaso del año no podemos más que incidir en la necesidad de continuar trabajando para atender a todas las personas bajo un enfoque garantista de los Derechos Humanos», han concluido.

Europa Press


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