Tras la presentación por parte del Gobierno del ultraderechista Javier Milei de un proyecto de ‘ley ómnibus’, lxs trabajadorxs de INADI publicaron un comunicado para expresar su preocupación y para repudiar dicho proyecto, ya que en su contenido impulsa la derogación de la Ley Nº 24.515, de creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
A continuación, el texto completo del comunicado de ATE INADI:
Lxs trabajadorxs del INADI expresamos nuestra enorme preocupación frente al proyecto de ley ómnibus presentado por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la Nación. Dentro del paquete de leyes que atenta contra múltiples derechos del pueblo, se incluye la derogación de la Ley N° 24.515 de creación del INADI. Ante su intento de eliminación, creemos necesario valorizar nuestro Organismo y resaltar el rol central que tenemos como trabajadorxs.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se crea en el marco de la segunda reforma del Estado que efectuó la Presidencia de Carlos Menem y como producto directo de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel.
A partir de la Ley 24.515/95, nuestro Organismo tiene como objetivo elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo. Estas atribuciones son concordantes con la reforma de la Constitución de 1994, que eleva a rango constitucional distintos Tratados Internacionales de protección de los Derechos Humanos.
El INADI es un organismo descentralizado. Sus autoridades y administración se componen de un Directorio con unx Presidente, electx en el Congreso a través de una terna, por representantes del Poder Ejecutivo y de Organizaciones no Gubernamentales, dando cuenta del espíritu de creación del Instituto y de su desarrollo específico a lo largo de todos estos años.
Desde su creación, el INADI fue vanguardia en la promoción de la perspectiva no discriminatoria en nuestro país, en el posicionamiento público, en el acompañamiento y realización de políticas públicas y legislaciones de ampliación y reconocimiento de los derechos humanos. Supo consolidar políticas transversales inclusivas, generar fuertes articulaciones con organismos estatales nacionales, internacionales y supranacionales, promover campañas de comunicación y de sensibilización sobre la igualdad y la no discriminación; y, ser un Instituto sustancial en la producción de normativas que son pioneras en Latinoamérica y en el mundo.
Una función fundamental del Organismo es la aplicación de la ley 23.592/88 de Actos Discriminatorios, velando por su cumplimiento a partir de la toma de denuncias, la conciliación entre las partes y la elaboración de dictámenes atenientes a su competencia específica. También, la ley mencionada le asigna la potestad del desarrollo de políticas públicas, diagnósticos, informes y propuestas de carácter federal en materia de discriminación, xenofobia y racismo con el objetivo de lograr una reparación histórica hacia grupos vulnerados, promover derechos y alcanzar una sociedad más igualitaria.
En los últimos 8 años, el Organismo sufrió un achique presupuestario y un estancamiento en el despliegue de sus políticas. Lxs trabajadorxs resistimos a la falta de un criterio integral de gestión en materia de DDHH y no Discriminación, a los vaivenes de la sucesión de conducciones que tuvo el Instituto y al deterioro en las condiciones laborales y contractuales. Lo hicimos gracias a la organización, a pesar de la violencia, el ninguneo y el ataque mediático, intentando sostener el sentido del INADI y nuestros derechos laborales.
Lxs trabajadorxs sostenemos el accionar del Organismo a lo largo y ancho de nuestro país, con delegaciones en todas las provincias de la Argentina. En la mayoría de los casos, trabajamos sin los recursos materiales necesarios para ello y con condiciones laborales precarias que no reconocen la expertise en la materia y los años de trayectoria en el Organismo. Nada de esto desalienta el compromiso que tenemos con nuestro Instituto.
Por todo esto, necesitamos que se entienda la importancia del INADI en su integralidad. Necesitamos, también, el fin de la intervención y la normalización del Organismo, tal y como lo solicitamos ante las distintas administraciones desde nuestra organización sindical.
Por el respeto a la ley y en resguardo de los compromisos internacionales y nacionales, el INADI fue, es y debe seguir siendo una política de Estado. Los distintos gobiernos sostuvieron dichos compromisos mediante la prevención, la promoción y la asistencia en materia de derechos humanos y no discriminación. Exigimos que este Gobierno, también.
El INADI no es sólo nuestro trabajo. El INADI son tus derechos.
Fuente Asociación de Trabajadores del Estado
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