Mañana martes 8 de noviembre se celebran las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Son unas votaciones para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado y algunas elecciones a gobernador en determinados estados. Unas votaciones más trascendentales para todo el planeta de lo que pueda parecer a primera vista. El cambio de mayorías en Estados Unidos puede desembocar en una involución antidemocrática en el país más poderoso de la tierra, y ser el preámbulo de la vuelta de Donald Trump a la presidencia en 2024. Las encuestas pronostican una arrolladora victoria republicana, pero para entender parte de esta más que posible resultado, no solo hay mirar hacia la inflación que vive el país, o al clima de tensión política y división. Parte de la responsabilidad de esta posible victoria trumpista la tiene un apartheid electoral que los republicanos llevan construyendo décadas.
Konstantin Kilibarda, de la Universidad de York en Canadá, hizo en 2016 una lista de grupos en los EE. UU. que no pueden votar, a pesar de «vivir, amar, cuidar, participar y trabajar todos los días en comunidades y vecindarios de todo el país».
Según Kilibarda «Un componente clave de un sistema de apartheid es la capacidad de privar de sus derechos a aquellas poblaciones que pueden inclinar la balanza política. Actualmente en los Estados Unidos hay entre 30 y 40 millones de residentes (incluidos millones de ciudadanos estadounidenses) que siguen privados sistemáticamente de sus derechos».
En conjunto, representan un grupo tremendamente numerosos que podría transformar de raíz la política estadounidense. Por eso no es de extrañar que los republicanos se empleen tan a fondo para mantener e incluso ampliar el alcance de su privación de derechos:
13,6 millones de residentes permanentes
Muchos países permiten que los residentes permanentes voten, sin embargo, en los Estados Unidos, aquellos que han obtenido este estatus no pueden ejercer su derecho al voto. El el discurso del Partido Republicano siempre se habla a favor de los migrantes documentados para contraponerlos a los indocumentados.Sin embargo, el Partido Republicano y algunos demócratas continúan asegurando que todos los no ciudadanos (independientemente de su estado) no puedan participar en las elecciones.Una ley de 1996, que fue impulsada por un Congreso controlado por los republicanos y promulgada por el presidente Bill Clinton, amplió los motivos por los cuales las personas pueden ser deportadas, incluidas prohibiciones explícitas contra y duras sanciones para los no ciudadanos que votan.
11,5 millones de residentes indocumentados
Las estimaciones actuales sitúan el número de residentes indocumentados en los Estados Unidos en 11,5 millones , incluidos 8 millones que participan activamente en la fuerza laboral. Si bien los republicanos retratan a estos residentes como criminales y terroristas potenciales, lo cierto es que la abrumadora mayoría hace contribuciones vitales a sus comunidades (tanto en forma de trabajo asalariado informal como de trabajo no remunerado, como trabajo de cuidados que sostiene a sus comunidades frente a redes de seguridad social inexistentes). De hecho, el 86% de los inmigrantes indocumentados han estado viviendo en los Estados Unidos durante cinco años o más, lo que demuestra que la mayoría ya ha establecido fuertes raíces en sus comunidades. Estados Unidos es, de hecho, único por depender tanto de los trabajadores indocumentados .(a diferencia de los trabajadores extranjeros temporales regularizados) para el trabajo realizado por no ciudadanos. Las luchas en curso por las amnistías de inmigración , las políticas de regularización y el aumento de las vías hacia la ciudadanía para los indocumentados son vitales para una estrategia electoral a largo plazo.
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6,5 millones de ciudadanos encarcelados y exreclusos
La forma más común de privación de derechos sistémicos dirigida a los ciudadanos es a través de la política racializada de encarcelamiento masivo que despoja a 6,5 millones de ciudadanos del derecho al voto. Una vez más, muchos países permiten que los reclusos voten, con tasas de participación a menudo comparables a las de la sociedad en general de la que forman parte. El encarcelamiento ha sido un medio principal para privar a los afroamericanos de sus derechos. Actualmente hay 2,2 millones de personas tras las rejas en los EE. UU. (incluidos aquellos que no han sido condenados pero no pueden pagar la fianza), así como 3,9 millones de ex reclusos. De este número, 1,4 millones son hombres afroamericanos (13% de la población masculina afroamericana en los EE. UU.). En efecto, el 2,4 % de los votantes potenciales con ciudadanía no son elegibles para votar como resultado de la privación del derecho al voto por un delito grave . Una vez más, los movimientos por la abolición de las prisiones y la justicia de los presos en todo el país han estado movilizándose para volver a otorgar derechos a estos ciudadanos. Este es un grupo demográfico crucial de ciudadanos estadounidenses que han sido despojados de uno de sus derechos fundamentales debido a políticas que son sistemáticamente racistas en sus efectos.
4 millones de residentes de «territorios no incorporados» de EE. UU.
Si bien el gobierno federal de los EE. UU. tiene amplios poderes para gobernar sus territorios no incorporados en el extranjero, quienes viven en estas jurisdicciones tienen poco o ningún poder o voz sobre quién los gobierna en última instancia, a pesar de ser considerados ciudadanos estadounidenses. Este es el resultado directo de una larga historia de ambiciones coloniales estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, una relación desigual que fue confirmada hace pocos años por la Corte Suprema . Como resultado, los territorios no incorporados de Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de los EE. UU., Samoa Americana , las Islas Marianas del Norte y las Islas Ultramarinas Menores de los EE. UU. pueden elegir miembros del Congreso, eso sí, sin derecho a voto, además tampoco pueden votar en las presidenciales.
2,5 a 3 millones de residentes deportados desde 2008
Junto con las cifras anteriores sobre residentes permanentes e indocumentados, también vale la pena señalar los 2.5 a 3 millones de personas deportadas durante las administraciones de Obama y Trump. Vale la pena considerar qué hubiera pasado si en lugar de ser deportados, a estos residentes se les hubieran dado vías para la ciudadanía.
0,6 millones de ciudadanos sin hogar
Las leyes electorales en la mayoría de los estados de EE. UU. exigen una dirección residencial permanente . Este requisito dificulta que (al menos) medio millón de personas sin hogar en el país emitan su voto. Si bien algunos estados permiten que los residentes sin hogar indiquen un refugio como su dirección, el acceso a la información y otros obstáculos a menudo impiden el derecho al voto de estos ciudadanos.
Ciudadanos bajo tutela y personas con discapacidad
39 estados de EE. UU. tienen leyes que prohíben votar a aquellos que los tribunales consideran «incapacitados mentalmente» o bajo tutela. Esto incluye siete estados que automáticamente prohíben votar a cualquier persona en estas circunstancias. A pesar de la dificultad de obtener datos precisos sobre el número total de personas afectadas por estas disposiciones, ya que la mayoría de los estados que han legislado estas disposiciones no mantienen cifras sistemáticas sobre los designados. Una estimación de 2008 situó el número de casos de tutela pendientes en los Estados Unidos entre 1 y 3 millones . Esto se suma a los obstáculos sistémicos cotidianos para votar que enfrentan los 35 a 50 millones de estadounidenses con discapacidades. Muchas tácticas estándar de supresión de votantes tienen un efecto disuasorio doblemente negativo sobre las personas con discapacidad. Estos obstáculos deben entenderse como un legado duradero de una larga historia de legislación explícitamente capacitista en los Estados Unidos.
Ciudadanos afectados por las revocaciones de 2013 de la Ley de Derechos Electorales (1965)
Una victoria clave del movimiento de derechos civiles fue la Ley de Derechos Electorales de 1965 . Desde entonces, las legislaturas estatales han hecho todo lo posible para diseñar políticas que estructuralmente ponen en desventaja a los votantes negros, indígenas, latinos y de otras razas. En 2013, la Corte Suprema anuló disposiciones clave de la Ley de Derechos Electorales, mientras que al mismo tiempo los estados controlados por los republicanos han intensificado los esfuerzos de manipulación a través de cambios legislativos, lo que ha permitido importantes avances republicanos en varios estados a pesar de los cambios demográficos desfavorables para el Partido Republicano. Hasta 15 estados han adoptado leyes de supresión de votantes desde 2012. Si bien es difícil obtener cifras exactas de supresión de votantes, se reconoce ampliamente que el efecto disuasorio es particularmente fuerte en las comunidades racializadas. que son desproporcionadamente blanco de estas políticas.
Desde luego, a pesar de estas cifras, que sin duda son importantes, son los partidos políticos los que con sus políticas tienen que convencer a los votantes de acudir a las urnas. El partido demócrata, en demasiadas ocasiones ha favorecido o a sido cómplice silenciosos de las mismas políticas racistas de su rival republicano. Si finalmente pierde estas elecciones y hay un giro a la extrema derecha, será, principalmente responsabilidad suya.
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