Ya hay un nuevo gobierno y empieza una nueva etapa. Uno de los dos socios de gobierno es Unidas Podemos que va a tener encargadas las áreas sociales de este ejecutivo.
Unidas Podemos presentó a mediados de 2018 en el Congreso de los diputados la PNL iniciativa para el reconocimiento de la comunidad africana y afrodescendiente en España. Lo hizo después de un arduo y durísimo trabajo de la diputada Rita Bosaho y del activista afrodescendiente Yeison García López.
Ahora, con capacidad legislativa, no hay excusa para no llevar a cabo algunas de las medidas que pensaba que eran buenas para el país y la comunidad afrodescendiente en julio de 2018. Es el momento.
Esperamos desde aquí no volver a ser solo útiles para rellenar noticias, manifestaciones y protestas, y a la hora de la verdad ser perfectamente prescindibles en aras de no perjudicar demasiado sus intereses electorales.
Las medidas de la PNL son un inicio que podría empezar a trabajar el Ministerio de Igualdad. No habría excusa para no desarrollar estas medidas. Es nuestro derecho.
Medidas de la PNL presentada por Unidas Podemos en 2018:
Entendemos que el Gobierno de España debe abordar la lucha contra el racismo desde un enfoque interseccional que incluya el reconocimiento de la diversidad social y cultural existente en nuestro país. Así mismo, sabemos que el diálogo con las organizaciones y personas expertas en la materia pertenecientes a la comunidad africana y afrodescendiente debe ser directo. Por supuesto, somos conscientes de la necesidad de incluir a las organizaciones y expertas feministas de manera paritaria para elaborar e implementar políticas públicas efectivas que aborden las discriminaciones múltiples.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
- Impulsar por parte de la Secretaría de Estado de Igualdad:
- La elaboración de una Estrategia que asuma el contenido íntegro del programa de acción contenido en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024).
- La realización de estudios demográficos, a partir de datos desagregados, sobre la situación económica, política y social de la comunidad africana y afrodescendiente desglosados por comunidades territoriales.
- La elaboración e implementación de un plan que aborde la discriminación racial contra las mujeres de la comunidad africana y afrodescendiente, así como las desventajas, obstáculos y dificultades que no permiten el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales como consecuencia del racismo y las formas conexas de intolerancia.
- Crear, en el seno de la Secretaría de Estado de Igualdad, un grupo de seguimiento, formado por asociaciones africanas y afrodescendientes y personas africanas y afrodescendientes con formación en diferentes ámbitos, para proponer y analizar políticas públicas dirigidas a la comunidad africana y afrodescendiente.
- Erigir un monumento a las víctimas de la esclavitud hispánica y otro a las víctimas del colonialismo en Guinea Ecuatorial.
- Implementar un sistema exprés de cambio de nombre y apellidos como medida reparatoria y de memoria histórica que permita a las personas de ascendencia africana renunciar, si así lo desean, a los nombres impuestos en contexto esclavista, colonial o neocolonial, y adoptar unos nuevos de su elección.
- Crear un Instituto de Cultura Afrodescendiente en España que deberá estar regido por personalidades e instituciones africanas y afrodescendientes no tuteladas en el seno del Ministerio de Cultura y Deporte en el plazo de dos años.
- Impulsar, por parte de la Secretaría de Igualdad y la Secretaría de Estado de Migraciones, medidas que desarrollen todas las observaciones finales sobre el informe vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero, realizadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en su último examen a España.
- Poner en marcha los mecanismos de control adecuados para evitar que se produzcan situaciones de discriminación por motivos raciales o de origen ante los diferentes operadores jurídicos y ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el fin de erradicar los controles de identidad en los que se tenga en cuenta el perfil étnico.
- Impulsar, por parte de la Secretaría de Estado de Igualdad, una nueva Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, estableciendo un plazo para ello y garantizando la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales no tuteladas y el Parlamento.
- Impulsar un Plan Estatal Integral de Convivencia en el que se otorgue la máxima prioridad a medidas comunitarias, educativas y sociales que prevengan el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación. Este plan debe promover la recuperación de la memoria, la reparación de las víctimas de las fronteras y el avance en el proceso de descolonización simbólica y material, contemplándose en dicho proceso:
- Realización de un acto oficial de reconocimiento de la participación española en los crímenes esclavistas y colonialistas y una petición de perdón por parte de las instituciones del Estado a las víctimas y sus descendientes.
- Redacción, por parte de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, de contenidos educativos específicos sobre la relación histórica de España, con África, América y Asia para ser incluidos en los currículos de las asignaturas de la educación pública primaria y secundaria en el plazo de doce meses.
- La eliminación de símbolos esclavistas y coloniales de las calles, así como los nombres de calles, plazas, avenidas e instituciones relativos a personas implicadas en crímenes coloniales y esclavistas en las ciudades españolas, sustituyendo esta simbología esclavista y colonial por nombres de personajes y momentos históricos ligados a las diferentes resistencias que se dieron contra la esclavitud, el colonialismo y el racismo.
- Monitorear, por parte de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la diversidad en las grandes empresas para implementar políticas de acción afirmativa.
- Redactar, en el plazo de 6 meses, un informe que se remitirá a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados en el cual se presenten los avances realizados en la implementación del contenido de esta Proposición no de Ley.
- Todas las medidas anteriormente propuestas deberán contemplar una perspectiva interseccional y contarán con la participación directa de la sociedad civil africana y afrodescendiente.»
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