Sólo los cuerpos viven la interseccionalidad: Lo que no evidencian las políticas públicas de género

Cuando tomas conciencia de la opresión que has padecido durante toda la vida, se despierta en ti una furia que te impulsa a luchar. Por primera vez reconoces en tu cuerpo esa sensación que desencadena tantas reflexiones como emociones relacionadas con la ira y las ganas de supervivencia. Los cuerpos han sido testigos y víctimas, pero también son los que han aprendido a resistir, a proponer, a crear espacios seguros para personas que siguen siendo invisibilizadas por la sociedad. Los cuerpos, los que viven las opresiones, han padecido, pero también, han luchado para que se puedan diseñar e implementar políticas públicas y formas de prevenir la discriminación o garantizar el derecho a ser reconocidos como seres humanos en interrelación con las demás personas y su hábitat.

Ilustración de Brigette Barrager

En un ejercicio investigativo iniciado a mediados del año 2017 en colaboración con la Profesora Olena Hankivsky de la Simon Fraser University (Vancouver, Canadá), nosotras como investigadoras, hemos empezado a cuestionar nuestra posición en el mundo, así como nuestros privilegios. Nuestro propósito en este corto escrito es poner en diálogo diversas perspectivas sobre la transversalización de género que queda, muchas veces, sin cuestionarse por ser un marco internacional de aplicación de los derechos humanos. 

Este proceso investigativo nos ha hecho reactivar memorias corporales de poder y resistencia e incluso nos ha inquietado en dar a conocer más sobre los resultados de esta investigación como una crítica a sí misma, a la academia, el activismo y las posiciones de poder que se ejercen desde las instituciones de gobierno, lugares en los que encontramos a las mujeres que entrevistamos para escuchar la pluriversidad de voces que han trabajado y aportado en la tarea de transversalizar el género en las políticas públicas del país. Una de las participantes en las entrevistas nos lanzó la propuesta de sacar la academia de su lugar privilegiado: “ustedes al hacer este tipo de cosas, que devuelvan la información a las personas que participaron en el proceso y que sirva para dar unas líneas de investigación” (sector activista, Cali). Este escrito es un intento de hacer justamente eso, trasmitiendo algunas reflexiones juntas, entre investigadoras, activistas y funcionarias, sobre la puesta en marcha de programas, colectivos, políticas públicas que tengan en cuenta las múltiples opresiones vividas por las mujeres, los sectores LGBTIQ+, las poblaciones indígenas, afrodescendientes, con discapacidad. 

La transversalización de género en Colombia

En Colombia, existen políticas públicas que fragmentan las cuestiones de género a partir de la puesta en marcha de unos enfoques diferenciales, los cuales identifican unas poblaciones especificas que viven formas de vulneraciones a sus derechos fundamentales. Por ejemplo, podemos nombrar “la de mujer y equidad de género” (DNP, 2013) o “la que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas” (Ministerio del Interior, 2018). Y, a pesar de la existencia de la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015 que dictó disposiciones para “sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación” desde la cual se viene empleando en enfoque diferencial para analizar estas realidades, se siguen dividiendo las acciones para atender las problemáticas sociales que se generan a causa de estas condiciones de vida. En este sentido, se puede decir que se fragmentan las acciones estatales en términos de las opresiones vividas; esto significa que, una persona que vive múltiples formas de afectaciones por diversas razones se encuentra frente a la situación imposible de elegir la forma de opresión que más le pueda garantizar el apoyo del Estado.

En el marco de la investigación, quisimos saber cómo se estaban implementando los acuerdos internacionales (por ejemplo, la Convención de Bejín del 1995, la Resolución de Naciones Unidas 1325 sobre mujeres, seguridad y paz, etc.) sobre la transversalización de género, pero, sobre todo, cómo se está viviendo la “praxis interseccional” (Hill Collins y Bilge, 2016) en el diario vivir de las mujeres que trabajan en los tres sectores – academia, gobierno y activista. Es decir, más allá de tener un enfoque de género, ¿cómo se comprende y se vive, en Colombia, la consideración de varios marcos de opresión a la hora de poner fin a las violencias múltiples que afectan de manera diferencial a las poblaciones del país?

De ahí, tuvimos conversaciones con 30 personas que se identifican como mujeres y que participan desde estos tres sectores a mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas de las poblaciones LGBTIQ+, mujeres y niñas. En este contexto de investigación marcado por un aumento de las posturas hostiles hacia el concepto mismo de género, las participantes cuestionaron de manera reiterada la desconexión entre la puesta en marcha de marcos internacionales – claros y concisos en el papel – y la realidad vivida por los diferentes grupos de mujeres y colectivos LGBTIQ+ en el país: la transversalización de género se ve como una imposición externa, desde una agenda internacional y con poco conocimiento de los contextos locales en los cuales se están implementando. Como lo dice una académica de Bucaramanga: 

“No estoy en contra de los acuerdos internacionales, me parecen que son muy importantes siento que lo fundamental está en la base de la sociedad en una política del ‘voz a voz’ de construir otros acuerdos sociales, porque lo de afuera nos llega y nos demoramos mucho en apropiarlo, ¿Cuántas mujeres qué están en condición de vulnerabilidad conocen los acuerdos internacionales? Y que los conozcan tampoco cambia su condición de vulnerabilidad.”

Es decir, las mujeres están considerando que los términos que en el movimiento social han servido para el cuestionamiento y la construcción teórica fundamentada de una propuesta de vida social basada en la igualdad, la equidad, el reconocimiento, se van perdiendo en cuanto ya han sido utilizados por el discurso hegemónico institucional que también se beneficia al emplear lo humanitario sin una comprensión y aplicación consciente, política y situada de los conocimientos y saberes que en últimas han aportado los feminismos e incluso iniciativas que no se identifican como tal, a los derechos humanos.

La crítica al enfoque diferencial: fragmentación de las identidades

El enfoque diferencial – comúnmente comprendido en las instancias activistas y del gobierno en Colombia en cuatro ejes principales, es decir el género, la edad, la discapacidad y lo étnico – ha sido el concepto que abarca o traduce ciertas normas internacionales sobre, entre otros casos, la atención a víctimas. Estos enfoques diferenciales han sido criticados por las participantes, fundamentalmente por su carácter fragmentado, divisivo y difícilmente aplicable en las prácticas diarias en los tres sectores. Para una funcionaria del gobierno en Bogtá, el enfoque diferencial es un “[…] súper sancocho […] Una bolsa, entonces la bolsa diferencial en donde yo puedo ir echando hasta que se vaya a reventar la bolsa. Y ahí quedó […] ¡el enfoque diferencial quedó en un digiturno!”. Es decir, los enfoques diferenciales funcionan como ejes independientes y reproducen patrones de clasificación de las opresiones vividas, “modelos jerárquicos de raza, género y clase” (sector académico, Bogotá). 

Del mismo modo, las mujeres expresaron que el enfoque diferencial se ha quedado corto en la comprensión de las realidades de un país con un contexto de conflicto armado interno y una cultura machista arraigada hasta en la estructura institucional dado que no existe una preocupación y sensibilidad por el tema. O, en la mayoría de los casos, aún no se entiende de qué se trata la perspectiva diferencial de género. En esa línea, las mujeres activistas, académicas y quienes trabajan en entes de los gobiernos, nos contaron sobre sus experiencias de vida en el trabajo con comunidades, organizaciones, estudiantes, colegas e instituciones. En las respuestas que daban a un cuestionario semiestructurado y en la conversación que iba surgiendo, muchas mostraban su desmotivación frente al esfuerzo por lograr un cambio cultural, pedagógico, y fundamentalmente, estructural de las formas en que nos relacionamos; todo se debe a que no se está haciendo seguimiento a la implementación de las políticas y tampoco evaluación que permita saber qué se puede mejorar o qué no ha funcionado, mucho menos existe voluntad de cambio, según sus declaraciones. Como lo afirma una activista y académica de Buenaventura: 

[…] el movimiento pone toda su fuerza en sacar determinada política pública, se mueven en eso, entonces hay mucha movilización, la de feminicidios, la 1257, las de violencias; nos movemos y cuando tenemos la política […] nos desmovilizamos y cada cual se va a su casa, entonces la política se vuelve un factor de desmovilización del movimiento y a eso le juegan perfectamente los gobiernos.

Otra mujer participante expone de manera más amplia este punto al mencionar que desde las instituciones gubernamentales y su trabajo en el diseño de políticas públicas, se observa que:

Encontramos que una de las principales dificultades para las transversalizaciones de género tiene que ver, por un lado, con la voluntad política y el actuar de funcionarios y funcionarias públicas que, al no estar sensibilizados, pueden limitar la implementación de esta perspectiva de manera transversal, por otro lado, la reducida asignación presupuestal. (sector gobierno, Cali)

Además, las participantes reiteran que, paradójicamente lo que más obstaculiza “bajar” a los territorios los reales efectos de las políticas públicas, es la misma estructura gubernamental; puesto que está basada en una cultura aún machista (sector activista, Cúcuta). En la práctica el enfoque diferencial en Colombia no vincula a toda la sociedad en el compromiso de generar cambios culturales, sino que focaliza, y así se confunde la ejecución de una política pública con enfoque diferencial cuando lo que se aplica es un enfoque de poblacional. Por eso, explican que:

“[…] lo que necesitamos es que todos los sectores de la administración pública, realmente tengan políticas, macro políticas, políticas sociales en donde los sujetos no sean simplemente heterosexuales y cisgeneristas, y además entiendan que las personas de los sectores LGBTI, que serían también sujetos de todas sus políticas, no de unas políticas, son personas al mismo tiempo atravesadas por la raza, por la etnicidad, por la edad, por el capacitismo, por el género, por la sexualidad, por la clase, etc.” (sector académico, Bogotá)

El cuerpo como lugar de resistencia 

Por ejemplo, en el año 2018, se creó la política pública de género en Buenaventura, Chocó. Es decir, hasta ahora se ha dado un espacio a la existencia de las mujeres negras del país y sus experiencias de vida relacionadas con la pobreza de sus territorios, el color de su piel, lo alejadas del centro de la política geográfica que mantenemos y, en general, con la desigualdad que caracteriza el nacer en la periferia del país. Desde que se dio inicio a esta investigación, las mujeres participantes fueron contundentes y precisas al describir el momento político que se avecinaba y para el cual sabían que debían fortalecerse para resistir. Insistieron en la necesidad de trabajar sobre los diferentes ejes de opresión: una académica de Cali insiste sobre el problema de manejar solamente los conceptos de género y de clase. De hecho, confirma constatar un silenciamiento de la raza como categoría, y entonces, de las diferentes marginalizaciones que viven las mujeres negras en Colombia. Bajo la idea que se moviliza que el “racismo no existe en Colombia” por ser un país “diverso”, se evacua la categoría raza y se establece políticas e “ideologías de blanqueamiento” (Gonzalez, 2015, p.4) en lo político. 

Precisamente, lo que pudimos destacar desde las entrevistas es que es en la pluriversidad que presenta Colombia, donde se encuentran, por ejemplo, mujeres protagonistas claves en la formulación y estudio de políticas públicas o de sectores no tradicionales de política; tantas personas que vienen trabajando arduamente para la transformación social en temas de equidad de género y antirracismo. De ahí que se reafirma la necesidad de un enfoque que tenga en cuenta las opresiones múltiples, sin jerarquizarlas. Hasta ahora, los enfoques diferenciales han sido incompletos” y, según las activistas, es el momento de pensar en “otras identidades, otros cuerpos que han reconocido otras poblaciones LGBTI que son las que viven en las calles, los negros […]” (sector activista, Cartagena). Esto se va relacionando con la vivencia corporal de la violencia en Colombia, en el marco del conflicto armado: “¿Cómo hacemos para pensar en equidad de género sin pensar en el racismo porque vemos que las más afectadas por el conflicto armado en Colombia fueron las mujeres indígenas y las mujeres afro, campesinas y después las mujeres trans y las lesbianas?” (sector académico, Bogotá). 

Así, las vivencias del cuerpo no se pueden analizar desde la sola categoría de género tal como el marco inicial de Bejín lo planteó: “[…] las mujeres somos diversas y que el ser diversas implica múltiples opresiones que hay que tener en cuenta entonces que el género no es suficiente como instrumento de análisis.” (sector activista, Buenaventura).     Negar el cuerpo con el que habitamos el mundo es el objetivo de la discriminación. Como lo dice una participante, activista de Cartagena: 

“Aquí el tema de transversalización de género es un saludo a la bandera y una posibilidad de que los hombres sigan gobernando en cuerpos ajenos, en este caso en la mujer, como una estrategia de continuidad de las mismas conductas patriarcales.”

En esta investigación los cuerpos de cada participante y nuestros propios cuerpos, como investigadoras, se volvieron el medio sensible en el que percibimos nuestras realidades, entre estas, las que tienen que ver con la subsistencia de múltiples opresiones. Es decir, en el cuerpo más bien se fusionan varias opresiones y, estas, a su vez, producen condiciones de vida precarias. Pero el cuerpo es el lugar de resistencia, de reivindicación: es el lugar de posibilidades para comprender la complejidad de las intersecciones de las opresiones, el lugar para hacer otra forma de política. De ahí, muchas de las mujeres entrevistadas han afirmado que un feminismo decolonial y popular sería la vía por el cambio, desde las márgenes hacia las políticas de transveralización – y no al contrario. En sus cuerpos, en sus vivencias cotidianas, las participantes luchan desde muchos años, antes de las conferencias internacionales contra los múltiples sistemas de opresión. Es una lucha encarnada. 


Referencias 

Bilge, S. (2015). Le blanchiment de l’intersectionnalité. Recherches féministes, 28(2), 9-32.

DNP (2018). CONPES 161. Política Pública Nacional de Equidad de género para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Bogotá: Departamento nacional de planeación. Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/conpes/social/161.pdf

Gonzalez, L. (2015). La catégorie politico-culturelle d’améfricanité. Les Cahiers du CEDREF, p.1-19. 

Hill Collins, P., & Bilge, S. (2016). Intersectionality. Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity Press.

Ministerio del Interior (2018). Decreto 762 de 2018. Bogotá: Presidencia de la República de Colombia.


Yira Isabel Miranda Montero

(@yiramirandamont). Trabajadora social de la Universidad Industrial de Santander y investigadora de la Fundación Lüvo

Priscyll Anctil Avoine

(@cyppp_). Doctoranda en Ciencia política y Estudios feministas (Université du Québec à Montréal) y investigadora de la Fundación Lüvo

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