La noche del 8 de febrero de 2026 dejó en Aragón un mapa electoral que exige lecturas más profundas que la simple aritmética de escaños. Con el 98,77% del escrutinio completado, los números hablan de una victoria pírrica para el PP (26 escaños, 34,3% de los votos), que pierde dos diputados respecto a 2023. El PSOE se desploma hasta su peor resultado histórico con 18 escaños (24,53%), perdiendo cinco representantes. Mientras tanto, Vox duplica su fuerza hasta 14 escaños (17,9%), logrando su mejor resultado histórico en toda España, superando incluso el 17,6% que alcanzó en Castilla y León.
La Chunta Aragonesista (CHA) también duplica, llegando a 6 escaños y convirtiéndose en el refugio del voto de izquierda desencantado. Podemos desaparece del parlamento aragonés, pasando de 26.923 votos en 2023 a apenas 6.168. IU-Sumar mantiene su escaño y Aragón-Teruel Existe conserva dos. Estos son los datos brutos. Ahora toca analizar qué dicen realmente sobre el estado de una comunidad, sobre el fracaso de la izquierda y sobre el precio que pagarán las personas migrantes, racializadas, musulmanas, las mujeres y el colectivo LGTBIQ+ en los próximos años.
Una sociedad dividida, no arrasada
Conviene empezar desmontando la narrativa del arrasamiento. Aragón no es Extremadura, donde la derecha llegó al 60% de los votos. Aquí, el bloque de derecha (PP + Vox) suma aproximadamente el 52,2% de los votos, mientras que el bloque de izquierda (PSOE + CHA + IU-Sumar + Podemos) ronda el 47%. Estamos ante una sociedad partida casi por la mitad, donde la polarización se intensifica pero donde no existe una hegemonía absoluta conservadora.
Este matiz importa. Importa porque desmiente el relato fatalista de la rendición colectiva. Importa porque casi la mitad de la ciudadanía aragonesa votó por opciones que, con todas sus contradicciones y límites, no abrazan el discurso del odio. El problema es que esa mitad está fragmentada, dispersa, incapaz de articular una propuesta común que haga frente al avance fascista. Y esa fragmentación es un regalo envenenado para la extrema derecha.
Los datos muestran otra cosa también. En Teruel capital, Vox supera al PSOE como segunda fuerza (23,77% de los votos), desbancando a los socialistas en zonas tradicionalmente de izquierdas. En municipios pequeños de la provincia turolense, en esa España despoblada que sufre el abandono institucional, Vox se ha convertido en la fuerza más votada. La extrema derecha está capitalizando la frustración y la rabia de quienes se sienten olvidados, ofreciéndoles chivos expiatorios en lugar de soluciones.
CHA emerge como la opción política que recoge el voto de quienes están a la izquierda del PSOE y han decidido apostar por la coherencia política y el trabajo pegado al territorio. Mientras Podemos se desintegra (perdiendo más del 77% de sus votos), la formación aragonesista pasa de 3 a 6 escaños, demostrando que cuando un proyecto político tiene credibilidad, trabajo de base y propuestas claras, la gente responde. Jorge Pueyo, candidato de CHA, lo resumió con precisión tras conocer los resultados: «muy buen resultado para CHA, pero muy malo para Aragón». Porque la victoria de una opción coherente de izquierdas no compensa el hecho de que Vox sea ahora el actor determinante del futuro autonómico.
El voto cobarde del odio al de abajo
Hace falta hablar claro sobre qué significa ese 17,9% de votos a Vox. No se trata solo de un partido más en el arco parlamentario. Se trata de un proyecto político cuya única agenda real es el recorte de derechos y la persecución de los más vulnerables. Vox no tiene propuestas económicas serias, no presenta planes de empleo viables, no articula estrategias de desarrollo territorial. Su programa se resume en señalar enemigos.
Y aquí viene lo más doloroso de analizar. La gente que vota a Vox vota odio, pero odio dirigido hacia abajo. Incapaces de enfrentarse a los bancos que desahucian, a las grandes empresas que precariza el empleo, a los especuladores que inflan el precio de la vivienda, a los fondos buitre que desmantelan servicios públicos, eligen pisar a quien menos tiene. El voto a Vox es un voto cobarde, el de quien prefiere culpar a la mujer migrante que cuida a sus mayores en condiciones de explotación antes que cuestionar por qué el sistema de cuidados público ha sido desmantelado. Es el voto de quien señala al joven musulmán en la parada del autobús antes que preguntarse quién se ha llevado el dinero de las pensiones.
Esta es la trampa del fascismo. Ofrece una válvula de escape para la frustración pero dirigida siempre contra los más vulnerables. Vox no cuestiona al capital, no se enfrenta a los poderosos. Al contrario, su proyecto económico (cuando lo tiene) es profundamente neoliberal. Lo que sí hace, y lo hace con eficacia brutal, es ofrecer chivos expiatorios fácilmente identificables. Migrantes, mujeres feministas, personas LGTBIQ+, musulmanes. Todos aquellos a quienes se puede deshumanizar, criminalizar, convertir en amenaza.
El fracaso de la izquierda está en no haber sabido canalizar esa rabia y ese hartazgo hacia sus verdaderos responsables. Mientras el PSOE se diluye en la gestión tibia y en pactos con formaciones como Junts que bloquean sistemáticamente cualquier avance progresista, mientras la izquierda estatal se fragmenta en disputas internas y pugnas de egos, la extrema derecha crece. Y crece porque da respuestas, aunque sean falsas. Crece porque nombra un malestar real, aunque señale culpables inventados. Crece porque construye comunidad, aunque sea una comunidad del odio.
La precariedad económica, la desigualdad creciente y el desmantelamiento de lo público son el caldo de cultivo perfecto para el fascismo. Y aquí es donde el análisis de clase se vuelve imprescindible. Vox es la consecuencia lógica de décadas de políticas neoliberales que han empobrecido a la mayoría mientras enriquecían a unos pocos. El racismo, la xenofobia, la misoginia, la LGTBIfobia son las distracciones perfectas para que no miremos hacia arriba, hacia quienes acumulan la riqueza y el poder.
El precio del pacto en Aragón
Santiago Abascal ya ha marcado las condiciones después de conocer los resultados electorales. «Si el PP quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Si quiere seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviéramos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al PSOE». El mensaje está claro. Vox ha duplicado su poder de negociación y va a cobrar caro su apoyo a Jorge Azcón.
¿Qué significa esto en términos concretos para la ciudadanía aragonesa? Significa que las comunidades migrantes y racializadas van a enfrentarse a un aumento del racismo institucional. Vox lleva años demostrando en otras comunidades autónomas cuál es su agenda. En Huesca, el partido ya colocó vallas publicitarias con el mensaje «Extreme la precaución en esta zona. PP y PSOE están repartiendo ilegales aquí», criminalizando a menores no acompañados y presentando a las personas migrantes como una amenaza. Este tipo de campañas no solo promueve el miedo, normaliza discursos de odio que se traducen en actitudes discriminatorias y violentas.
El historial de Vox en Valencia, Castilla y León y Extremadura es identico. En la Comunitat Valenciana, donde PP y Vox gobernaban en coalición, cambiaron la definición de violencia de género por «violencia intrafamiliar», negando la especificidad de la violencia machista. El entonces segundo teniente de alcalde de Valencia, Juanma Badenas (Vox), llegó a vincular el machismo con personas migrantes, afirmando que «algunas personas que entran en España vienen con esa cultura machista», un discurso que le valió una denuncia por delito de odio. Los datos oficiales desmienten esta narrativa racista, la inmensa mayoría de autores de violencia de género en España son hombres nacidos en el país.
En Extremadura, Vox ha intentado repetidamente derogar la ley LGTBI autonómica, utilizando argumentos de «protección de menores y mujeres» que esconden su verdadera agenda. El diputado ultra Óscar Fernández Calle llegó a mofarse de la ley preguntando en sede parlamentaria «¿Si me levanto transexual tengo menos derechos y si me acuesto heterosexual los recupero?». En Valencia, PP y Vox pactaron recortes a la ley trans, eliminando contenidos educativos sobre diversidad sexual y abriendo la puerta al pin parental.
Las banderas LGTBIQ+ han sido retiradas de edificios públicos en decenas de ayuntamientos gobernados por PP-Vox. En algunos, como Náquera (Valencia), se prohibieron las concentraciones contra la violencia machista, sustituyéndolas por un genérico «condenamos toda violencia». En Castilla y León, el gobierno de PP y Vox es el menos paritario de todo el país y el entonces vicepresidente Juan García-Gallardo defendió públicamente que Castilla y León sea una «región maternal» donde la mujer sea «dadora y portadora de vida», mientras cargaba contra las leyes de eutanasia y derecho al aborto, a las que tildó de «cultura de la muerte».
Este es el panorama que le espera a Aragón. Políticas anti-migrantes, persecución a la población musulmana, retrocesos en derechos de las mujeres, ataques sistemáticos al colectivo LGTBIQ+. Todo ello mientras Vox se muestra completamente inoperante en lo económico. No hay propuestas reales para el empleo, para frenar la despoblación, para mejorar los servicios públicos. Solo hay odio y señalamiento.
La ofensiva deshumanizadora que llevan años construyendo los medios de comunicación conservadores y los partidos de derecha y extrema derecha ha calado. Hemos normalizado discursos que hace una década habrían resultado impensables en el espacio público. Hemos permitido que se criminalice la migración, que se ridiculice el feminismo, que se presente a las personas LGTBIQ+ como una amenaza para la infancia. Y todo esto mientras la izquierda estatal se muestra incapaz de dar respuestas contundentes.
El bloqueo sistemático de Junts a las leyes progresistas en el Congreso, la incapacidad del PSOE para diferenciarse con claridad del proyecto conservador, la fragmentación de la izquierda en disputas estériles, todo esto ha creado el caldo de cultivo perfecto para que el fascismo avance. Porque cuando la izquierda no da respuestas, cuando no construye esperanza, cuando no articula un proyecto colectivo de transformación, la gente busca alternativas. Y la extrema derecha está ahí, ofreciendo certezas, aunque sean falsas.
Aragón acaba de convertirse en un laboratorio más de lo que nos espera a nivel nacional si no reaccionamos. La izquierda tiene ante sí una disyuntiva simple. Unidad o irrelevancia. Porque lo que está en juego no son sillones ni cuotas de poder, sino la vida digna de miles de personas. Están en juego los derechos de las mujeres, de las personas LGTBIQ+, de las comunidades migrantes y racializadas, de la población musulmana. Está en juego la posibilidad misma de construir una sociedad más justa.
La extrema derecha ya no es una llave ocasional para formar gobierno. Es un actor determinante que marca la agenda, que impone condiciones, que recorta derechos. Y lo hace porque hemos permitido que creciera, porque hemos normalizado sus discursos, porque hemos sido incapaces de construir alternativas sólidas que conecten con las necesidades reales de la gente. Nos toca decidir si seguimos en esta deriva o si, de una vez por todas, la izquierda asume su responsabilidad histórica y articula un proyecto común capaz de frenar el avance del fascismo. Porque el tiempo se agota y cada elección que perdemos es un paso más hacia un abismo del que será muy difícil salir.
Afroféminas
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
