Siete años después de los incidentes, un tribunal en Castellón de la Plana ha sentenciado a un hombre por el delito de lesionar a un menor con la agravante de odio. En 2016, un adolescente y su familiar se encontraban en la terraza de un bar en Azuébar, Castellón, cuando comenzaron a recibir insultos racistas por parte de otro cliente y su acompañante. Al preguntar el menor por qué estaba siendo insultado, el agresor se levantó y le propinó un botellazo en la cabeza, profiriendo expresiones como «Hay que exterminar a la raza gitana», «fuera del pueblo» o «te voy a matar», entre otras.
Cuando la madre del menor, entonces de 17 años, acudió en auxilio de su hijo, el agresor continuó insultándolos y amenazándolos. El joven fue trasladado al hospital de Sagunto con un traumatismo craneal y, tras la agresión, experimentó crisis de ansiedad y miedo. Estos factores se sumaron al estrés que tanto él como su familia han enfrentado durante los más de siete años de espera para obtener justicia, según informó este martes la Fundación Secretariado Gitano (FSG). La FSG fue la entidad que denunció estos hechos ante la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación de Castellón.
La pena finalmente dictaminada tanto para el hombre como para la mujer que lo acompañaba es de dos años, evitando así la entrada en prisión. Además, deberán abonar 3.150 euros en calidad de responsabilidad civil a la víctima. En el caso del acusado principal, se le impone la realización de un curso de prevención de comportamientos violentos, así como otro de igualdad de trato, no discriminación y diversidad.
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) destaca que la víctima en este caso ha expresado que «lo importante es que sirva para que ninguna otra persona sufra una agresión solo por ser gitano». Sara Giménez, directora general de la fundación, añadió que después de más de siete años de espera, finalmente pueden celebrar una sentencia condenatoria en este grave caso de antigitanismo, donde se reconoce el delito de lesiones aplicando la circunstancia agravante de racismo y se proporciona una reparación adecuada para la familia. Además, Giménez señaló que este tipo de agresiones a «una población históricamente perseguida y discriminada» tienen un impacto en toda la comunidad.
“Este caso refuerza nuestra línea de litigio estratégico con la que pretendemos que los tribunales den una respuesta adecuada, como ha ocurrido aquí, a los casos de discriminación y antigitanismo”, concluye Giménez.
Redacción Afroféminas
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