La reciente decisión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, de no invitar al rey Felipe VI a su ceremonia de investidura ha desatado un debate sobre el pasado colonial y las dinámicas actuales entre México y España. Este gesto no solo tiene implicaciones diplomáticas, sino que también debería servir para que las sociedades afectadas hiciesen una freflexión sobre la justicia histórica y el reconocimiento de los pueblos que han sido sistemáticamente marginados. Esta decisión hay que verla desde una perspectiva antirracista, decolonial y examinar su significado más profundo. Es una oportunidad, no una afrenta.
El legado de la conquista española en América es un capítulo oscuro de la historia que no puede ser ignorado. La llegada de los conquistadores españoles marcó el inicio de un proceso de despojo y violencia que resultó en la muerte y sufrimiento de millones de indígenas y afrodescendientes. Este período, caracterizado por la imposición de un nuevo orden político, cultural y religioso, estableció un sistema de explotación que ha dejado huellas indelebles en la estructura social contemporánea.
La conquista no fue simplemente un proceso de expansión territorial, sino un acto de deshumanización. Los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras, tradiciones y derechos. La imposición del cristianismo a través de la evangelización forzada no solo erradicó creencias y prácticas culturales, sino que también justificó la violencia y el genocidio. Por otro lado, la trata de esclavos africanos y la brutalidad del comercio negrero se convirtieron en un aspecto integral de la economía colonial, lo que perpetuó la deshumanización de las personas negras.
Los relatos de resistencia y lucha de los pueblos indígenas y afrodescendientes a lo largo de la historia son a menudo silenciados o ignorados. La historia ha sido narrada predominantemente desde la perspectiva de los colonizadores, lo que ha llevado a la creación de una narrativa que minimiza o niega las atrocidades cometidas. Este revisionismo histórico debe ser cuestionado y rectificado, y la decisión de Sheinbaum de no invitar al Rey y exigirle un simbólico acto de contricción, representa un paso hacia la construcción de una narrativa más justa, teniendo en cuenta que esa justicia ya llega tarde y nunca podrá reparar el sufriento de millones de seres humanos.
La carta de López Obrador
La carta enviada por Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI en marzo de 2019 es un documento de gran importancia. En ella, se solicitaba un reconocimiento oficial de los agravios sufridos por los pueblos indígenas y afrodescendientes a lo largo de la historia. La falta de respuesta del rey a esta solicitud no solo revela un desinterés por parte de la monarquía española, sino que también evidencia una falta de compromiso con la verdad histórica.
El hecho de que la misiva no fuera contestada de manera directa fue un acto de descortesía. En la diplomacia, las cartas formales entre líderes de estado son consideradas gestos de respeto y seriedad. La filtración de partes de la carta a los medios de comunicación, sin una respuesta formal, muestra una falta de respeto hacia la soberanía mexicana y hacia las demandas legítimas de sus pueblos. Al no invitar al Rey, Sheinbaum reafirma que las demandas de reconocimiento y reparación no pueden ser ignoradas.
Este rechazo también plantea la pregunta de cómo las naciones deben lidiar con su pasado colonial. La negativa de Felipe VI a responder a la carta de López Obrador es representativa de una actitud que minimiza las voces de los pueblos que han sufrido a causa de la colonización. Sheinbaum busca visibilizar la importancia de la memoria histórica y la justicia, no solo para México, sino para todos los pueblos afectados por el colonialismo.
La no invitación al rey Felipe VI debe ser vista como una declaración antirracista. En un contexto global donde el racismo estructural sigue siendo un problema persistente, este acto desafía las normas diplomáticas que han perpetuado el silencio sobre las injusticias del pasado. La diplomacia no debería ser solo un espacio para la negociación y el intercambio de intereses; debe ser un ámbito donde se reconozcan y valoren las historias y experiencias de todas las naciones.
El reconocimiento de las injusticias históricas es fundamental para la construcción de relaciones equitativas. La relación entre México y España no puede estar basada en una narrativa que ignora el sufrimiento y la resistencia de los pueblos colonizados. La no invitación al rey busca reestructurar las bases de la relación bilateral, colocando el reconocimiento de la diversidad y el respeto por las identidades en el centro de la discusión.
Este gesto también invita a las naciones a reflexionar sobre su propia historia colonial y las relaciones que han establecido a lo largo del tiempo. Si la comunidad internacional aspira a un futuro más justo, es fundamental reconocer que, aunque la historia no puede ser modificada, sí puede ser comprendida y aceptada con nuevos ojos para prevenir la repetición de los errores del pasado.
Para que exista una verdadera reconciliación entre México y España, es imperativo que el gobierno español asuma la responsabilidad de sus acciones pasadas. La historia de la colonización y la explotación de los pueblos indígenas y afrodescendientes no se puede borrar, pero sí se puede abordar a través de un compromiso genuino hacia la reparación histórica.
Las reparaciones no deben ser vistas como simples gestos simbólicos, sino como acciones concretas que impliquen cambios en las políticas educativas, culturales y económicas. España tiene la responsabilidad de revisar su currículo educativo para incluir la historia de la colonización, los abusos y las luchas de resistencia de los pueblos oprimidos. Esto fomentará un sentido de responsabilidad compartida.
México tampoco puede ocultar sus propios problemas escudandose en este asunto
A pesar del gesto simbólico que representa la no invitación del rey Felipe VI, es crucial recordar que los pueblos indígenas y afrodescendientes en México siguen enfrentando condiciones de marginalización y postración. La lucha por la justicia y el reconocimiento e México no termina con decisiones diplomáticas que implican al reino de España; México tiene pendiente un esfuerzo más amplio de abordar las desigualdades estructurales que persisten desde la independencia del país.
Desde la independencia de México en 1821, los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido sistemáticamente excluidos de las decisiones políticas, económicas y sociales. La independencia, que prometía un nuevo comienzo, no trajo consigo un cambio significativo en la vida de estas comunidades. Sus derechos han sido ignorados y su historia, silenciada. La política pública ha tendido a favorecer a las élites, dejando a los pueblos originarios en condiciones de pobreza extrema, despojo de tierras y falta de acceso a servicios básicos como educación y salud.
Los pueblos indígenas, en particular, han visto sus territorios y recursos naturales explotados sin su consentimiento, lo que ha llevado a una continua lucha por la defensa de sus tierras y derechos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las comunidades indígenas viven en condiciones de pobreza, y su acceso a servicios básicos es significativamente inferior al de la población general.
Los retos actuales son muchos y urgentes. Desde la violencia que sufren a manos de grupos del crimen organizado hasta la falta de representación en los espacios de toma de decisiones, la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en México es preocupante. La criminalización de la defensa de sus territorios y la falta de medidas efectivas de protección por parte del Estado han creado un clima de inseguridad que exacerba su vulnerabilidad.
La crisis ambiental y el cambio climático afectan de manera desproporcionada a estas comunidades. Muchas de ellas dependen de sus tierras para sobrevivir, y la degradación ambiental, junto con la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales, agrava aún más su situación. La defensa del territorio se convierte en una lucha no solo por la supervivencia cultural, sino también por la supervivencia física.
A pesar de las buenas intenciones que dicen tener la Presidenta electa y su antecesor, la realidad es que las estructuras de poder tradicionales a menudo se resisten estos cambios, y las políticas públicas tardan demasiado en reflejar la necesidad de un enfoque que incluya a todos los grupos de la sociedad.
La reacción de España: arrogancia y prepotencia
La respuesta del gobierno español ante la no invitación al rey no podemos decir que nos sorprenda. En lugar de abordar las preocupaciones legítimas de México, el gobierno español ha optado por una postura defensiva que refleja una falta de comprensión de la gravedad de las demandas de reconocimiento y disculpa. Este tipo de arrogancia perpetúa las narrativas de superioridad que han caracterizado la relación entre las antiguas potencias colonizadoras y sus colonias.
Por eso pensamos que es necesario que el gobierno español aproveche la ocasión de la no invitación del rey Felipe VI como una oportunidad para reflexionar sobre su legado colonial y las consecuencias que aún perduran en la actualidad. La reflexióntiene que trascender el ámbito diplomático y convertirse en un compromiso genuino con la justicia histórica. Al reconocer el sufrimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, tanto en México como en otras naciones que sufrieron la colonización, España tiene la oportunidad de liderar un cambio significativo en las relaciones internacionales.
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