La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) condenó este lunes la expulsión forzosa a áreas remotas fronterizas «sin comida ni agua» de al menos 400 migrantes subsaharianos, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, por las autoridades tunecinas este mes de mayo.
«Estas expulsiones forzosas en condiciones inhumanas no sólo violan el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas, sino que la forma en que se realizaron constituyeron malos tratos”, valoró el director regional de CIJ, Said Benarbia.
La última oleada de persecución, que comenzó hace un año con redadas policiales contra la población negra subsahariana, se registró el pasado 3 de mayo cuando las autoridades tunecinas arrestaron a cientos de personas acampadas junto a la sede de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la capital.
Los detenidos fueron expulsados por la fuerza a la frontera con Argelia y otras informaciones apuntan también a traslados a Libia, «donde los migrantes generalmente están expuestos a un riesgo real de ser recluidos en centros de detención» libios donde se «cometen malos tratos».
Las autoridades tunecinas «los dejaron en el desierto sin comida, agua ni acceso a asistencia médica» y los expulsados era ciudadanos sudaneses y etíopes, «que corren un riesgo real de sufrir graves daños al regresar a sus países», detalló la CIJ.
«Las autoridades deben realizar evaluaciones individualizadas, justas y efectivas para determinar si las personas tienen derecho a protección de conformidad con el derecho internacional sobre refugiados y derechos humanos que vincula a Túnez», amonestó la CIJ.
Los juristas recordaron que el presidente, Kais Said, confirmó después que 400 ciudadanos extranjeros habían sido expulsados a la «frontera oriental» en «coordinación continua» con los países vecinos.
Said arremetió contra las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de migrantes y refugiados, a los que calificó de «mercenarios» y «traidores» que reciben «enormes sumas de dinero del extranjero» para «asentar a estos africanos en Túnez», en consonancia con el discurso de hace un año que desató una ola de racismo en el país.
Durante este mes, las autoridades tunecinas registraron las sedes de al menos tres ONG locales de defensa por los derechos de personas migrantes y detuvo o interrogó a varios de sus responsables.
«Las autoridades tunecinas están claramente atacando a estas organizaciones e individuos únicamente por su trabajo legítimo en la promoción y defensa de los derechos humanos de los refugiados y migrantes, en violación del derecho a la libertad de asociación», añadió Benarbia.
«Esa intimidación debe cesar y deben respetarse los derechos humanos de los migrantes y refugiados», sentenció. EFE
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