Cuando Lilliam María recobró la conciencia en la cama de la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital, aún no tenía conciencia de que se había convertido en viuda. Su confusión era palpable, afectada por los efectos de la intoxicación que había sufrido, con una parte de su cuerpo paralizada y desorientada por completo. Su último recuerdo era estar junto a su esposo Denis Antonio en el pequeño habitáculo que llamaban hogar, ubicado en algún lugar del campo de Lorca. Mientras tanto, su familia se encontraba a casi nueve mil kilómetros de distancia, en Nicaragua. Las preguntas que surgían en su mente encontrarían respuestas, todas ellas teñidas de tragedia.
El matrimonio había sido contratado para la restauración de una casa en ruinas y la construcción de corrales, a cambio de un salario y la posibilidad de residir en una precaria vivienda de escasos metros. El 9 de febrero, encendieron un generador eléctrico en ese improvisado refugio para iluminar el lugar y cargar sus teléfonos móviles. Al empezar a experimentar dolores de cabeza, probablemente debido a los gases emanados por el equipo, lo apagaron, pero ya era demasiado tarde; ambos cayeron inconscientes. Lilliam Miranda logró sobrevivir, pero su esposo Denis Antonio no tuvo la misma suerte.
La causa de su fallecimiento se atribuyó a una posible intoxicación por monóxido de carbono. Ambos estaban empleados en condiciones cercanas a la semiesclavitud, en algún lugar entre las pedanías lorquinas de El Campillo y La Torrecilla. Su estancia en el país apenas alcanzaba los tres meses, de los cuales dos y medio los dedicaron a trabajar como albañiles para una familia. Lillian relata que ella colaboraba con su esposo en la restauración de las ruinas y la construcción de corrales. Vivían en un cuarto sin luz, sin agua, con el techo parcialmente derruido y rodeados de animales vivos y cadáveres de otros que habían perecido. Víctor Romera, de Comisiones Obreras, menciona que los nuevos corrales ofrecían mejores condiciones que la precaria vivienda que compartía este matrimonio.
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A pesar de trabajar en condiciones deplorables, la empleadora solo les llevaba al supermercado para comprar alimentos y les pagaba un salario sin registrarlos en la Seguridad Social. Lilliam se refiere a ella como «la jefa», quien incluso afirmó a un periódico nicaragüense que las víctimas habían ocupado ilegalmente la casa en ruinas donde ocurrieron los hechos. Esta noticia ha generado gran impacto en la prensa de origen del joven matrimonio, donde sus hijos de 7 y 8 años ahora esperan huérfanos. Después de relatar su experiencia en una rueda de prensa en la sede de Comisiones Obreras en Murcia, Lilliam revela que sus hijos ya conocen el trágico desenlace.
El sindicato ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia por la «vulneración flagrante de los derechos laborales», y buscan elevar el caso a la Fiscalía. Comisiones Obreras está asistiendo a Lilliam en la causa penal abierta, cuya declaración aún está pendiente. Cuando la causa avance, el sindicato pretende presentarse como acusación particular. Juan Blázquez, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras, exige reparación para Lilliam y su familia.
Actualmente, Lilliam reside con un familiar en Lorca y planea quedarse en España el tiempo necesario para ahorrar y construir un pequeño hogar que brinde refugio a sus hijos. Un fenómeno que va en aumento es la explotación laboral, como reflejan las estadísticas que indican un aumento del 25% en las infracciones por permisos de trabajo entre 2021 y 2022. En 2022, se levantaron 845 actas que derivaron en 516 infracciones, con multas que rondaron los 5 millones de euros. La precariedad laboral se ha vuelto común en el sector agroalimentario de la Región de Murcia, según denuncia Comisiones Obreras. Víctor Romera, secretario de Empleo de este sindicato, lamenta que las oficinas comarcales detectan cada vez más violaciones de los derechos laborales, especialmente entre los migrantes, un grupo vulnerable.
Recientemente, se dio a conocer otro caso de explotación de trabajadores extranjeros, con seis detenidos por delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a un grupo criminal. Operaban en fincas de Lorca, Mazarrón y Águilas. Estos incidentes no son casos aislados; en muchas ocasiones, los salarios apenas superan los 700 euros, equivalente a cuatro euros por hora, ya que los trabajadores deben costear incluso sus propias herramientas.
Denis Antoinio, descansa en poder.
