En la madrugada del sábado del útlimo fin de semana, Sergio Delgado, de 32 años, moría tras recibir supuestamente un fuerte puñetazo Burgos. Según la investigación el motivo de la agresión fue el origen vallisoletano de la víctima, que al parecer pertenecía a la hichada futbolística del club deportivo de su ciudad. Muchas personas, incluidos políticos, están pidiendo que se añada la agravante de delito de odio al homicidio, ya que entienden que la motivación fue el origen de la víctima. Pero lo cierto es que, el asesinato de Sergio, doloroso, lamentable y absolutamente condenable, no fue un delito de odio.
Hace una semanas el PSOE denunciaba por delito de odio la concentración en su sede de Ferraz, en Madrid, el día de Nochevieja que estuvo marcada por los golpes que dieron varios manifestantes a una piñata con un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la noche del 31 de diciembre varios integrantes de Revuelta, una plataforma vinculada a la Fundación Denaes –en cuyo patronato figura Santiago Abascal presidente del partido ultraderechista VOX– llevaron un muñeco con la forma de Sánchez a Ferraz y los congregados alrededor lo apalearon, golpearon con palos e incluso propinaron puñetazos, como se recoge en imágenes medios.
El PSOE condenó estos actos y acabaó denunciando por delito de odio, pero la causa fue archiva por la juez pocos días depués. Estos repobables actos, tampoco se adscriben dentro de un delito de odio.
Exite una tendencia, por parte sobre todo de los partidos políticos, algunas asociaciones como Abogados Cristianos y otras cercanas a la extrema derecha, a utilizar la tipificación de los delitos de odio, para conseguir titulares en medios. Así cualquier agresión, insulto o polémica se encuadra en delito de odio, y con ello, no solo se consigue atascar más a nuestras instancias judiciales, sino que además se vacía de contenido una herramienta que debería servir para defender a los colectivos vulnerables y que sufren discriminación endémica por su raza, origen, condición sexual o identidad de género.
Ya existen enormes dificultades para que la judicatura, muy escorada a posiciones conservadoras, valore como delitos de odio, los que si lo son, debido a prejuicios ideológicos o a una posición demasiado laxa o permisiva con opiniones, insultos e incluso agresiones que sufrimos los colectivos más desfavorecidos. La manipùlación y tergiversación del delito de odio lo vacía de contenido y lo convierte en un cajón de sastre donde diferentes partidos políticos, grupos de presión conservadores y cualquier colectivo puede meterse.
Elvira Swartch Lorenzo
Colaboradora SIEMPRE en Afroféminas.
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