Cada vez más, familias de migrantes están denunciando a las ONG que colaboran con ellas la demora en el proceso de empadronamiento en diversos ayuntamientos de Girona. La ley estipula un plazo máximo de tres meses para gestionar el empadronamiento, pero varias ONG informan sobre la situación de desamparo que experimentan numerosos migrantes, ya sea debido a la lentitud en el procesamiento de documentos o a la falta de información sobre sus derechos en los ayuntamientos.
La situación se ha vuelto insostenible con la llegada del invierno. Sin el empadronamiento, las familias no pueden acceder a la atención médica pública ni inscribir a sus hijos en la escuela. Estas son familias vulnerables que llegan a las ONG con escaso conocimiento de sus derechos.
Uno de los ayuntamientos que está llevando a cabo estas prácticas es el de Ripoll, donde el partido ultra independentista Alianza Catalana ganó las elecciones pasadas. La actual alcaldesa, Silvia Orriols, prometió durante la campaña electoral no empadronar a extranjeros, y aunque legalmente esto resulta imposible, según las denuncias de las ONG consultadas, se está haciendo todo lo posible por ralentizar el proceso.
Como resultado, muchas familias de migrantes se encuentran en un limbo sin acceso a la asistencia sanitaria pública ni a la educación para sus hijos. No obstante, el Ayuntamiento de Ripoll ha optado por no hacer declaraciones.
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