Organizaciones sociales de defensa de los derechos de las personas migrantes denuncian el aumento del «racismo» en las administraciones públicas y advierten de que «se ha instalado el miedo en vez de la solidaridad». Así se desprende del último informe sobre ‘Discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en València’, elaborado por CEAR PV, CEPAIM, Rumiñahui, València Acull, MPDL, RIS y CIE No en el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes y que se ha presentado este miércoles a los medios.
La principal conclusión que se extrae del documento es que la administración pública es «el principal agente discriminador» en la ciudad de València y en su área metropolitana, pues, según ha relatado el representante del reporte y miembro de Valencia Acull, Paco Simón, «las políticas y prácticas de la administración y de su funcionariado son las principales causantes de discriminación a la población migrante y, sobre todo, de la población migrante en situación irregular».
En este sentido, los diferentes colectivos han coincidido en apuntar que las instituciones públicas han vuelto a ser quienes más han discriminado a esta población según los casos recogidos a lo largo del año. Asimismo, han incidido en el hecho de no disponer de datos estadísticos sobre estos casos ya que denuncian que «entre el 80 y el 90% de los casos de discriminación o de incidentes relacionados con delitos de odio no se denuncian».
Entre las causas de infradenuncia señalan «el miedo a represalias del agresor o de la propia policía» por la posibilidad de que se les incoe un procedimiento de expulsión; la desconfianza hacia las autoridades o el desconocimiento de los recursos para denunciar, entre otras.
De esta manera, el informe expone una radiografía de los ocho ámbitos donde más casos de racismo se han detectado en 2023: el padrón; las citas en extranjería y asilo; prácticas policiales; identificaciones por perfil étnico y racial; sanidad pública; entidades bancarias; vivienda y CIE de Zapadores.
Problemas para empadronarse
Respecto al padrón, la asociación Rumiñahui ha expuesto la «grave deficiencia» del sistema de citas para acceder al padrón municipal, tanto por internet como por vía telefónica, que hace «muy difícil» conseguir un turno para poder empadronarse.
En este sentido, han destacado que en los casos de urgencia, en los que el padrón es «indispensable» para efectuar algún otro trámite, las personas que acuden sin cita pueden llegar a esperar «hasta cuatro horas» para ser atendidos.
Por su parte, la organización MPDL ha censurado el «colapso» en las citas de extranjería y asilo que desde la pandemia dejaron de ser presenciales y solo pueden solicitarse vía e-mail o telefónica pero que «nunca» funcionan correctamente.
Sobre las citas para la expedición del documento de identificación, desde la entidad han afirmado que «cuando la gente accede a la página web siempre les aparece un letrero que indica que no hay citas disponibles» y que esto ocurre debido a la existencia de bots informáticos «diseñados para acaparar las citas que la policía pone a disposición de la gente para después proceder a venderlas».
Asimismo, desde MPDL denuncian el trato «discriminatorio y humillante» de muchos funcionarios que «obligan a personas negras a blanquear sus caras en las fotos de carnet para realizarles la Tarjeta de Identificación Extranjera».
En cuanto al acceso a la vivienda, la fundación CEPAIM ha apuntado el racismo en el acceso a la vivienda que dificulta en muchas ocasiones que se alquilen casas a las personas migrantes o se les exige una serie de requisitos distintos que a la población nativa. Además, una vez consiguen una residencia, se enfrentan al racismo de sus vecinos que «no quieren convivir con inmigrantes en el mismo bloque».
Identificaciones por perfil étnico y racial
En cuanto a las prácticas policiales abusivas, la asociación RIS ha identificado un aumento en las identificaciones por perfil étnico y racial. El perfil «más parado e identificado» responde al de «un hombre de entre 16 y 40 años» percibidos como «magrebíes, negros, latinos y gitanos» y han denunciado la inseguridad jurídica que sufren las personas migrantes cuando acuden a la policía a denunciar el extravío de sus pasaportes ya que considera que se les sanciona en su proceso de regularización.
Finalmente, CIE NO ha criticado el funcionamiento arbitral del centro que priva de derechos a los internos que sufren «agresiones, malos tratos y vejaciones».
Europa Press
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