La medida recientemente aprobada por el Gobierno sobre el Ingreso Mínimo Vital deja, por lo menos, a 600.000 personas sin derecho a solicitar esta ayuda el objetivo de la cual es, supuestamente, proteger a los/as más vulnerables.
El colectivo #RegularizacionYa, que pide la regularización de la situación de las personas migradas que se encuentran sin papeles en España y que ya cuenta con más de 1.000 entidades adheridas, presentó al gobierno una propuesta para que esta medida no excluyera a los/as migrantes en situación administrativa irregular. Sin embargo, el gobierno ha hecho caso omiso al llamamiento del colectivo antirracista.
El informe presentado pone de manifiesto la necesidad de incluir a todas las personas, también a los y las migrantes, a pesar de su estatus migratorio, en las políticas ideadas para garantizar la protección de los colectivos más vulnerables de este país.
Y es que es supuestamente bajo el emblema “no dejar a nadie atrás” que el gobierno aprueba esta medida. Sin embargo, hay muchas personas que se van a quedar atrás, concretamente 600.000.
El ingreso mínimo vital es una medida propuesta por los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) y aprobada por el gobierno el pasado 1 de junio. Este supone una prestación económica para aquellas familias que se encuentren en situación de pobreza extrema.
Los datos cifran en una tasa de pobreza del 6,9 % en España y 1,1 millones de hogares con todos sus miembros en paro, sin embargo, estas cifras no incluyen a todas aquellas personas que no tienen residencia española, pero que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.
Dentro de este (gran) grupo de personas que no va a poder optar a estas ayudas, se incluyen los y las solicitantes de asilo y de refugio, así como las personas que se encuentran en situación administrativa irregular.
Tal y como explica Paula Cáceres, directora de SOS Racismo en Madrid, “No tener papeles es estar al margen del margen de la sociedad y eso se debió tomar en cuenta al momento de diseñar una medida como esta”. Y añade que, precisamente, “si el IMV es una medida de política pública cuyo objetivo es luchar contra la pobreza, el gobierno debió tomar en cuenta a uno de los colectivos más vulnerabilizados de la sociedad, como es el de los y las sin papeles”.
Entre las personas que van a quedar excluídas y discriminadas por esta medida, se incluyen también un gran porcentaje de mujeres que son víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución.
Asimismo, expone Paula, también las mujeres migrantes que se dedican al trabajo doméstico o los manteros, quienes no han podido salir a trabajar a causa de la pandemia, se van a encontrar en una situación aún más precaria.
¿Es, por tanto, el Ingreso Mínimo Vital una medida insuficiente e injusta? Según Edith Espinola, portavoz de #RegularizacionYa en Madrid y portavoz del Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), el hecho de no incluir a estas personas en esta medida es totalmente intencionado, pues dentro de España ya hay autonomías que lo han hecho, como las Islas Canarias o las Islas Baleares, las cuales sí incluyen a las personas migradas sin papeles y solicitantes de asilo y refugio como beneficiarios/as del Ingreso Mínimo Vital.
Esto, según Edith, a la larga acarreará una precariedad mucho mayor: “Las consecuencias que esto puede traer es que va a seguir existiendo una desigualdad, una vulneración de los derechos humanos, ya que no solamente te vulneran el derecho a una documentación, sino que te vulneran el derecho a tener una vivienda, a tener acceso a la sanidad, a unas condiciones de vida dignas, a la reagrupación familiar, a vivir en comunidad y a ser parte integradora de un país.”
El racismo institucional sigue presente en España y, no sólo eso, sino que se retroalimenta. Las políticas aprobadas por el gobierno de España cada vez dejan más en evidencia la poca pretensión de ayudar a las personas migradas a formar parte de un país que presume de “avanzado”.
“Hablan de una reconstrucción de una nueva España, pero lo que están sosteniendo son estos regímenes de explotación y esclavitud de ciertos cuerpos, que siempre son los más vulnerables, en este caso, la población indocumentada”, explica Edith.
Y es que hay que recordar que el gobierno se comprometió en el año 2018 a implementar el “Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible”, tal y como recoge la propuesta presentada por #RegularizacionYa al gobierno de Sánchez e Iglesias.
El mismo vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, afirmó, en relación a la aprobación del IMV, que “no hay libertad si una persona tiene que dedicar toda su energía en sobrevivir”. Sin embargo, tanto Paula como Edith lamentan que esto termine reduciéndose a un simple eslogan.
Según Paula “hay que recordar que algunos hermanos y hermanas viven aquí desde hace muchísimo tiempo, algunos 10 o 15 años, pero por culpa de la Ley de Extranjería racista que impone mil trabas burocráticas para obtener y renovar papeles, no han podido regularizar su situación”.
“Desde el movimiento antirracista mostramos nuestra más profunda decepción ante la decisión de no incluir en el IMN a las personas sin papeles. Una vez más, las demandas de nuestras comunidades no han sido escuchadas”, añade Paula.
Clara E. Mengual
Periodista especializada en Estudios Migratorios y Género. Lucho por un periodismo antirracista, interseccional y feminista. Instagram: @claraemengual / Blog https://claraemengual.com/
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