¿Y si una directora de colegio público, responsable de niños racializados, se convierte en la cara visible de un partido xenófobo? ¿No es esto el colmo de la incoherencia en un sistema educativo que debería combatir el racismo?
Cristina Falcón, directora del CEIP Miguel Artazos de Utebo (Zaragoza), encabeza la lista por Zaragoza de SALF («Se Acabó la Fiesta»), el partido del ultraderechista xenófobo Alvise Pérez para las elecciones autonómicas del 8F en Aragón. Este colegio atiende a alumnado vulnerable, muchos con TEA y procedentes de familias migrantes, en un entorno donde el racismo estructural ya es una batalla diaria. ¿Cómo puede alguien en esa posición representar a un partido que promete «deportaciones masivas» de migrantes y ha esparcido bulos peligrosos, como culpar a un joven migrante de un crimen sin pruebas, avivando el odio?
SALF presentó en octubre de 2025 su programa nacional en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Alvise Pérez anunció lo que denominó «el mayor plan de deportación masiva de inmigrantes ilegales de la historia reciente de España». Prometió eliminar la financiación a países como Marruecos, a los que acusó de «invasiones migratorias». Propuso la construcción de una macrocárcel inspirada en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, «sin gimnasio ni piscina, con disciplina». El eurodiputado acumula varias causas judiciales abiertas en el Tribunal Supremo, incluida una por presunta financiación irregular tras admitir haber recibido cien mil euros en efectivo.
En agosto de 2024, tras el asesinato de un niño de once años en Mocejón (Toledo), Alvise Pérez difundió en su canal de Telegram informaciones que señalaban a personas migrantes como responsables del crimen. Publicó una fotografía del supuesto autor, relacionó el suceso con la llegada de menores africanos a un hotel cercano y compartió la ubicación de una mezquita próxima al lugar de los hechos. La Guardia Civil detuvo posteriormente a un hombre español de veinte años. La familia de la víctima pidió públicamente que no se criminalizara a nadie «por su raza o por su color de piel». Hubo una oleada imparable de desinformación. La Fiscalía examinó el posible carácter delictivo de los mensajes por incitación al odio.
El Colegio Profesional de Periodistas de Aragón denunció el 26 de enero de 2026 las dificultades, insultos y situaciones de hostigamiento sufridas por profesionales de la información durante un acto de SALF en Zaragoza, con presencia de Alvise Pérez y la propia Cristina Falcón. Según el comunicado, periodistas de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión recibieron insultos como «mierdas», «vendidos» o «hijos de puta», en un ambiente que obligó a realizar las declaraciones en apenas cuarenta segundos.
En el mitin de arranque de campaña celebrado en el World Trade Center de Zaragoza el 18 de enero, Falcón se presentó como una candidata «cansada de los privilegios de siempre» y defendió su incorporación a SALF como una forma de combatir la corrupción «caiga quien caiga». Según medios aragoneses, afirmó que si algún día dejaran de quererla en el partido, se iría, porque a diferencia de los políticos ella es «libre». También defendió prohibir el empadronamiento de «la inmigración masiva» y rechazó la ocupación ilegal de viviendas. Alvise Pérez, en el mismo acto, declaró que no quiere «media África aquí» y prometió el «mayor plan de deportación de España».
La contradicción es palmaria. Una directora de centro educativo público, responsable de alumnado que incluye menores con necesidades especiales y familias de origen migrante, representa a una formación cuyo líder ha difundido bulos racistas documentados, ha prometido deportaciones masivas. En Afroféminas hemos publicado extensamente sobre el racismo en las escuelas. Sabemos que la escuela puede ser un espacio de resistencia silenciosa para la infancia racializada. Sabemos también que las actitudes del profesorado y los equipos directivos determinan si ese espacio protege o expone.
La presencia de figuras vinculadas a la educación pública en partidos que criminalizan la inmigración y difunden desinformación es un síntoma de cómo el discurso de la extrema derecha ha penetrado en instituciones que deberían garantizar la equidad. Cuando una directora de colegio público posa junto a un líder político que ha asociado migración con criminalidad sin pruebas, que ha prometido expulsiones masivas y que ha sido condenado por difundir fotografías privadas de periodistas, el mensaje hacia las familias migrantes y racializadas que confían en esa escuela es inequívoco.
SALF necesita superar el umbral del 3% de los votos en la provincia de Zaragoza para obtener representación en las Cortes de Aragón. En las elecciones europeas de 2024 obtuvo 19.961 votos en Zaragoza, un 5,2% del total. Las encuestas no le otorgan escaño, pero el daño del discurso ya está hecho. Cada mensaje que vincula inmigración con inseguridad, cada bulo que señala a personas por su origen, cada acto donde se insulta a periodistas, contribuye a normalizar un clima de hostilidad que afecta directamente a las comunidades racializadas.
¿Puede una persona que encabeza la candidatura de un partido xenófobo ejercer simultáneamente como directora de un centro educativo público que atiende a alumnado diverso? La respuesta compete a la comunidad educativa, a las familias y a las instituciones. Desde aquí, documentamos y visibilizamos. Porque el silencio ante estas contradicciones es complicidad. Y porque las niñas y niños racializados que cada mañana cruzan las puertas de los colegios públicos españoles merecen adultos que los protejan, no que representen a quienes los señalan.
Redacción Afroféminas
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