viernes, diciembre 5

El negocio español con el apartheid israelí

Dos años después del inicio de la guerra en Gaza, las declaraciones del gobierno español suenan huecas. Mientras Pedro Sánchez pronuncia discursos críticos con Israel en foros internacionales, las empresas españolas continúan participando activamente en la infraestructura colonial que sostiene la ocupación de Palestina. Los datos no engañan. El comercio entre España e Israel apenas ha cambiado desde octubre de 2023, cuando comenzó el actual genocidio.

Soldados ocupantes del Estado de Israel en Jerusalén. Detrás pueden verse vagones de los trnes fabricados pro la española CAF.

Esta contradicción entre palabras y hechos revela algo más profundo que la hipocresía política habitual. Demuestra cómo funciona el capitalismo global cuando se trata de violaciones masivas de derechos humanos: el dinero fluye, los contratos se mantienen y la economía continúa su curso mientras las bombas caen sobre población civil. La misma Europa que impuso rápidamente sanciones económicas a Rusia tras la invasión de Ucrania, mira hacia otro lado cuando se trata de Israel.

Las cifras del Ministerio de Economía muestran que entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2025, las exportaciones españolas a Israel cayeron un 24% y las importaciones un 12,5%. Aparentemente, podría parecer una disminución significativa. Pero cuando analizamos los datos mes a mes, la realidad es otra: los niveles de comercio se mantienen prácticamente estables desde octubre de 2023. La pequeña caída general corresponde a fluctuaciones normales, comparables con periodos anteriores al inicio del genocidio.

¿Qué comercia España con Israel? Principalmente productos químicos, plásticos, medicamentos, materiales de construcción, maquinaria industrial y equipos eléctricos. Desde Israel llegan productos químicos orgánicos e inorgánicos, plásticos, equipos de telecomunicaciones y tecnología. Son las arterias económicas de dos países industrializados, protegidas por el Mercado Único Europeo y el Acuerdo de Asociación UE-Israel, que blindan estas relaciones comerciales de cualquier presión política real.

El comercio de armamento merece un capítulo aparte. A pesar de los anuncios gubernamentales de suspensión de exportaciones de armas, una investigación de elDiario.es documentó más de 60.000 piezas de armamento trasladadas en vuelos desde España hacia Israel durante 2024 y 2025. En septiembre de 2025, presionado por las movilizaciones sociales, el gobierno aprobó un real decreto que supuestamente refuerza el embargo de armas a Israel.

Pero el texto legal contiene la trampa de incluir «excepciones por razones de interés nacional» que permiten mantener contratos, licencias ya autorizadas y operaciones de tránsito de material militar. La interpretación de qué constituye ese «interés nacional» queda en manos del Ejecutivo, sin control parlamentario ni mecanismos transparentes de rendición de cuentas. El embargo se convierte así en un gesto más publicitario que efectivo.

Empresas españolas construyendo el apartheid

Más allá del comercio, empresas españolas participan directamente en la colonización de territorios palestinos. Ineco, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Salvat Logística, Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI) y GMV Innovating Solutions tienen contratos e inversiones vinculados al proyecto expansionista israelí. Algunas de estas empresas cuentan con participación pública del Estado español.

CAF, en consorcio con la empresa israelí Saphir, participa en la construcción de un tren ligero que conecta Jerusalén con asentamientos en territorios reconocidos internacionalmente como palestinos. Estas infraestructuras de transporte son piezas clave de la estrategia colonial ya que facilitan el desplazamiento de colonos, normalizan la ocupación y crean hechos consumados sobre el terreno que luego se presentan como irreversibles.

Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU sobre derechos humanos en territorios palestinos ocupados, advirtió que Israel se sostiene sobre una «economía de genocidio» y reclamó un embargo total de armas, además de la suspensión de contratos y relaciones comerciales que alimenten la ocupación. Sus palabras describen con precisión lo que está ocurriendo: un sistema económico internacional que hace rentable la limpieza étnica.

Los flujos de inversión extranjera directa entre España e Israel completan el cuadro. Durante los últimos años, la inversión israelí en España se ha concentrado en construcción de edificios, actividades inmobiliarias y deportivas. En dirección contraria, las inversiones españolas en Israel se dirigen principalmente a la industria química y, desde el inicio del conflicto, al sector de programación, consultoría y fabricación de productos minerales como vidrio, cerámica y cemento.

Estos materiales de construcción alimentan la expansión de asentamientos ilegales y la infraestructura del apartheid. Cada inversión española en estos sectores refuerza materialmente la arquitectura de la ocupación.

La comparación con Rusia resulta demoledora. Tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea impuso sanciones económicas que redujeron el comercio entre España y Rusia en un 70% en exportaciones y un 50% en importaciones. En menos de tres años, la presión económica fue real y contundente.

Pero la realidad es que no se ha hecho nada, salvo gestos diplomáticos vacíos mientras se mantiene intacta la relación económica. Ese doble rasero deja claro que las decisiones sobre derechos humanos en la arena internacional no se miden con la misma vara. Se deciden según intereses geopolíticos y económicos, y en esa balanza la vida palestina pesa menos que la ucraniana a los ojos de las instituciones europeas.

Las movilizaciones sociales de las últimas semanas han demostrado su eficacia al condicionar la opinión pública y presionar a organismos y gobiernos. Pero la presión debe mantenerse. Mientras empresas españolas, algunas con capital público, sigan construyendo trenes para colonos y vendiendo tecnología militar, el discurso oficial seguirá siendo exactamente eso: discurso. El boicot económico, la desinversión y las sanciones son las herramientas que pueden detener la maquinaria del genocidio. La pregunta es si existe voluntad política real para utilizarlas.

Redacción Afroféminas



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