El Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida, ha renovado el contrato con el despacho de abogados LaBE, dirigido por Pedro Muñoz Lorite, un activista de extrema derecha recientemente condenado por comentarios racistas e islamófobos hacia una de sus empleadas. Se da la situación surrealista de que LaBE asesora a personas migrantes en casos de racismo y xenofobia para el Ayuntamiento capitalino y continuará prestando este servicio pese a las críticas que surgen tras la condena.
Muñoz Lorite fue condenado por un Juzgado de lo Social en abril de 2024 tras vulnerar los derechos fundamentales de Rabea MM, una abogada musulmana de origen marroquí que trabajaba para su despacho. En la sentencia, el juez declara nulo su despido y ordena a LaBE compensarla con 20.000 euros por los daños morales causados, destacando los insultos racistas y despectivos que le dirigió su jefe. Entre estos, Muñoz Lorite escribió: “A mi me da igual que trabajes conmigo o para alguna ayatolá del paseo de La Castellana, siempre y cuando que cumplas en tu trabajo cuando llegues a tu casa, puedes rezarle a Satanás o a buda, sinceramente, a mi me importa una puta mierda a quien respete (sic) pleitesía en un foro interno, tan solo lo considero una pequeña enfermedad mental que acabará el día de tu muerte (…)”, continúa. (eldiario.es)
A pesar de esta condena, el Ayuntamiento ha enovado el contrato con LaBE, valorado en 179.615 euros anuales, para seguir ofreciendo asesoría jurídica a colectivos vulnerables en materias de racismo y discriminación. El consistorio defendió la adjudicación argumentando que la decisión se basó en criterios técnicos y objetivos, omitiendo las circunstancias personales del adjudicatario, lo que ha generado una fuerte reacción desde la oposición. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha denunciado que un servicio clave para los derechos de los migrantes esté en manos de «un ultra que no respeta los derechos humanos».
Este contrato, vigente desde 2021, ha estado envuelto en controversias desde su inicio. LaBE fue la única empresa aceptada en la licitación inicial después de que el Colegio de Abogados quedara excluido por una cuestión técnica. Mientras tanto, más voces se suman a la crítica hacia la gestión de Almeida, exigiendo la cancelación del acuerdo con el despacho condenado.
Redacción Afroféminas
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