Israel, desde su creación en 1948, ha buscado consolidarse como un estado judío en Medio Oriente, un objetivo que ha definido tanto su estructura política como su marco legal. Esta aspiración ha creado un entorno profundamente segregado, en el que los derechos y libertades dependen de la etnicidad o religión de las personas. Las leyes que favorecen a los ciudadanos judíos, junto con la exclusión sistemática de los palestinos y otras minorías, reflejan la estructura de un etnoestado que promueve la supremacía de un grupo sobre el resto. Este sistema de segregación impacta en varios grupos dentro de Israel y los territorios ocupados, desde los palestinos con ciudadanía israelí hasta los judíos de origen etíope, a través de unas las leyes, que se dicen democráticas, pero que refuerzan y perpetuan este desequilibrio de poder.
La ciudadanía de segunda clase de los palestinos con pasaporte israelí
Los palestinos con ciudadanía israelí constituyen aproximadamente el 20% de la población del país, una minoría que enfrenta barreras sistemáticas en términos de derechos políticos, económicos y sociales. Aunque tienen derecho a votar y ocupar cargos políticos, en la práctica se encuentran excluidos de la toma de decisiones clave y su representación en las instituciones gubernamentales es mínima. Además, enfrentan una serie de leyes discriminatorias que limitan su acceso a recursos esenciales.
La Ley del Estado-Nación de 2018 es quizás la pieza legislativa más emblemática de esta discriminación. Esta ley establece que solo el pueblo judío tiene derecho a la autodeterminación en Israel, relegando a los ciudadanos no judíos, incluidos los palestinos, a un estatus subordinado. Como consecuencia, los ciudadanos palestinos se ven privados de una participación significativa en los asuntos estatales. Además, la ley también despoja al árabe de su estatus de idioma oficial, lo que es un claro ataque a la identidad cultural y lingüística de la población palestina.
La discriminación en el acceso a la tierra y la vivienda es otro factor clave que perpetúa la segregación de los ciudadanos palestinos. Según la organización Adalah, el 93% de la tierra en Israel está reservada para el uso exclusivo de los judíos. A través de los llamados «comités de admisión», las comunidades judías pueden rechazar a los ciudadanos palestinos que intenten comprar o alquilar viviendas en sus áreas, un acto que legaliza la segregación residencial. Además, los palestinos en Israel reciben menos financiación estatal para servicios públicos como la educación y la infraestructura, lo que resulta en peores condiciones de vida en sus comunidades.
En términos de educación, la segregación es también evidente. Las escuelas en las comunidades árabes están infrafinanciadas en comparación con las escuelas judías, lo que genera disparidades en el acceso a la calidad educativa y las oportunidades económicas futuras. Esta situación crea un ciclo de pobreza y exclusión, que afecta gravemente a la capacidad de los palestinos para ascender social y económicamente. Basicamente los ciudadanos árabes del etnoestado judío son la mano de obra barata para empresas y negocios judíos, que properan ayudados por este factor. Un simil sería la situación de las comunidades negras en el Sur de Estado Unidos antes de las marchas y luchas por los derechos civiles de los años 50.
A nivel político, aunque los palestinos tienen derecho a votar, su influencia en el gobierno es limitada debido a la exclusión sistemática de los partidos árabes de las coaliciones de gobierno. Esto deja a la minoría palestina con poca o ninguna representación en las decisiones políticas clave que afectan su vida diaria. Además, la participación en el servicio militar, que es un factor clave para acceder a ciertos beneficios sociales, está reservado principalmente para los ciudadanos judíos, dejando a los palestinos fuera de estas oportunidades.
El régimen de apartheid de los territorios ocupados
La situación en los territorios ocupados, como Cisjordania y Gaza (antes de ser arrasada por las FDI), es aún más drástica que en el propio Israel. Desde 1967, Israel ha mantenido el control militar sobre estos territorios, y los palestinos que residen allí viven bajo un sistema de leyes que los discrimina sistemáticamente. A diferencia de los ciudadanos judíos, que están sujetos a la ley civil israelí, los palestinos en los territorios ocupados son gobernados por un conjunto de leyes militares que restringen gravemente sus derechos y libertades.
El sistema de ocupación militar en Cisjordania y Gaza ha sido descrito por varios organismos internacionales, incluido Human Rights Watch, como una forma de apartheid. Los colonos judíos que viven en asentamientos ilegales disfrutan de los derechos y beneficios que otorga la ciudadanía israelí, mientras que los palestinos se enfrentan a restricciones de movimiento, demoliciones de viviendas y la confiscación de tierras. Un ejemplo claro de esta segregación legal es la existencia de carreteras separadas para judíos y palestinos en Cisjordania, una práctica que recuerda a las políticas de segregación racial en Sudáfrica durante el apartheid.
La expropiación de tierras palestinas para la expansión de los asentamientos israelíes continúa siendo una fuente de tensión constante. Israel ha construido más de 130 asentamientos en Cisjordania, donde viven aproximadamente 600,000 colonos judíos. Estas comunidades disfrutan de los servicios proporcionados por el estado israelí, mientras que las aldeas palestinas vecinas a menudo carecen de acceso a servicios básicos como el agua y la electricidad. Además, los asentamientos violan el derecho internacional, ya que las convenciones de Ginebra prohíben la transferencia de la población civil de la potencia ocupante a los territorios ocupados.
La vida diaria de los palestinos en los territorios ocupados está marcada por la violencia y la represión. En Gaza, el bloqueo impuesto por Israel desde 2007 ha causado una crisis humanitaria devastadora. El desempleo y la pobreza han alcanzado niveles alarmantes, y la falta de acceso a atención médica y suministros básicos ha generado una crisis de salud pública. Según informes de la ONU, más del 80% de la población de Gaza depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir.
Los ciudadanos israelíes de origen etíope y otras minorías
La discriminación en Israel no solo afecta a los palestinos, sino también a otras minorías dentro del estado. Los judíos de origen etíope, conocidos como Falashas, enfrentan su propio conjunto de desafíos. Aunque emigraron a Israel bajo la Ley de Retorno, que garantiza la ciudadanía a cualquier judío en el mundo, han sido objeto de racismo institucional y violencia policial. Los etíopes israelíes son una comunidad marginada dentro del estado judío, y su experiencia refleja las tensiones raciales que persisten incluso entre diferentes grupos judíos.
Los judíos etíopes enfrentan tasas más altas de desempleo y pobreza en comparación con otros judíos israelíes. Según datos del gobierno, el ingreso promedio de las familias etíopes es significativamente inferior al promedio nacional, y las tasas de abandono escolar entre los jóvenes etíopes son mucho más altas. Esta exclusión socioeconómica se ve agravada por la segregación escolar y los estigmas sociales que enfrentan los etíopes.
Además de las dificultades económicas, los judíos etíopes también son objeto de brutalidad policial. Numerosos casos de abuso por parte de la policía, incluidas agresiones físicas y muertes a manos de las fuerzas de seguridad, han provocado protestas masivas en los últimos años. Estas protestas reflejan la creciente frustración de la comunidad etíope, que ha denunciado el racismo sistémico dentro de las instituciones israelíes.
Este racismo no se limita a los etíopes. Otros grupos minoritarios, como los judíos de origen sefardí y mizrají (del norte de África y el Medio Oriente), también han sido marginados históricamente en Israel. Aunque estos grupos han logrado una mayor integración en la sociedad israelí con el tiempo, todavía enfrentan barreras raciales en ciertos sectores, lo que demuestra que el racismo en Israel es una cuestión más amplia y sistémica que el conflicto israelí-palestino.
La supremacía legal judía y las leyes que determinan el destino de Israel
El marco legal que define a Israel como un estado judío otorga privilegios significativos a los ciudadanos judíos sobre los no judíos. La Ley de Retorno de 1950 es uno de los pilares de esta estructura, ya que permite que cualquier judío en el mundo emigre a Israel y obtenga la ciudadanía de manera inmediata. Al mismo tiempo, se niega este derecho a los palestinos que fueron expulsados de sus hogares durante la Nakba en 1948. Esta ley refleja la esencia del etnoestado israelí: un estado donde la etnicidad define el acceso a los derechos y los recursos.
A lo largo de los años, Israel ha promulgado una serie de leyes que refuerzan esta supremacía legal judía. La Ley de Nacionalidad de 1952, por ejemplo, restringe la concesión de la ciudadanía a los no judíos, y la Ley de Prevención de Infiltración de 1954 clasifica a los refugiados palestinos como «infiltradores», negándoles cualquier posibilidad de retorno a sus hogares. Este conjunto de leyes crea un sistema de ciudadanía jerárquica, donde los judíos tienen un estatus legal privilegiado en comparación con los ciudadanos no judíos.
La Ley del Estado-Nación es la culminación de décadas de legislación discriminatoria. Al declarar que solo los judíos tienen derecho a Israel ha creado un marco legal que privilegia los derechos de los ciudadanos judíos por encima de otros grupos étnicos y religiosos, lo que ha llevado a la consolidación de un estado que discrimina sistemáticamente a los palestinos y otras minorías.
Redacción Afroféminas
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