Amber Nicole Thurman, una joven madre soltera de Georgia, tenía toda una vida por delante. Amaba a su hijo, disfrutaba llevarlo al zoológico y a museos, y soñaba con inscribirse en la escuela de enfermería para asegurar un futuro mejor para ambos. Sin embargo, su historia tuvo un final trágico que ejemplifica de manera brutal lo que ocurre cuando las leyes deciden controlar los cuerpos de las mujeres. En el verano de 2022, tras enterarse de que estaba embarazada de gemelos, Amber decidió que no podía continuar con ese embarazo. Pero vivía en Georgia, un estado donde la ley había cambiado drásticamente.
El 20 de julio de 2022, apenas unos días después de que su embarazo superara las seis semanas, entró en vigor la prohibición del aborto en su estado. Amber ya no podía acceder a un procedimiento seguro cerca de su hogar. Los defensores luchaban en los tribunales para suspender la ley, pero ella no podía esperar. Se vio obligada a programar un aborto en Carolina del Norte, a cientos de kilómetros de distancia. El viaje, como para muchas mujeres en situaciones similares, fue largo y lleno de obstáculos. Pero lo peor estaba por venir. Tras recibir un régimen de pastillas abortivas, Amber experimentó complicaciones graves que terminaron costándole la vida.
Su historia es desgarradora, pero no única. Refleja el peligroso camino que la prohibición y las restricciones del aborto han trazado en muchos países, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, donde la extrema derecha y los sectores ultraconservadores han promovido la criminalización de los derechos reproductivos de las mujeres. La muerte de Amber es un recordatorio escalofriante de las consecuencias que trae la interferencia del Estado en la salud reproductiva, y un símbolo de los peligros que enfrentan las mujeres en todo el mundo cuando se les niega el acceso a abortos seguros y legales.
El impacto global de las prohibiciones del aborto
Lo que le sucedió a Amber Nicole Thurman es parte de un problema global mucho más grande. A nivel mundial, más de 25 millones de abortos inseguros ocurren cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En los países donde las leyes restrictivas impiden o dificultan el acceso a un aborto seguro, las mujeres se ven obligadas a recurrir a procedimientos clandestinos, poniendo en riesgo su vida. Los abortos inseguros representan casi el 45% de todos los abortos en el mundo, y en regiones como África y América Latina, donde las leyes son más severas, el resultado es una tasa alarmante de muertes maternas.
En países como El Salvador, las mujeres pueden ser encarceladas incluso por complicaciones médicas que son interpretadas como intentos de aborto. Las mujeres pobres, jóvenes y marginadas son las más vulnerables a estas consecuencias. La prohibición del aborto no disuade a las mujeres de interrumpir un embarazo, sino que las empuja hacia el peligro. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Amber: una serie de barreras legales y políticas la llevaron a una situación en la que su vida corrió un riesgo innecesario y, finalmente, se perdió.
Las restricciones en Estados Unidos y el auge de la extrema derecha
En el caso de Amber, la tragedia comenzó con la prohibición del aborto en Georgia. El estado, gobernado por Brian Kemp, es uno de los que más restricciones ha impuesto desde la anulación de Roe v. Wade en 2022. En lugar de garantizar excepciones claras que permitieran a los médicos actuar en casos de emergencia, la ley de Georgia obligó a los proveedores de salud a esperar hasta que las mujeres estuvieran en un peligro inminente, como sucedió con Amber, quien, a pesar de haber llegado al hospital en estado grave, no recibió el tratamiento necesario hasta que fue demasiado tarde.
Esta situación no es exclusiva de Georgia. En los últimos dos años, 22 estados en Estados Unidos han impuesto restricciones severas al aborto, lo que ha dejado a millones de mujeres en situaciones similares. Las mujeres en grave peligro han sido rechazadas en las salas de emergencia, obligadas a esperar hasta que sus vidas estén en riesgo, y en muchos casos, han sido forzadas a continuar con embarazos de alto riesgo. El derecho a la salud y la vida de las mujeres ha sido completamente subordinado a la agenda política de la derecha y la extrema derecha, que en Estados Unidos ha encontrado en el aborto una herramienta eficaz para movilizar a sus bases más conservadoras.
España y Europa: La agenda de la derecha y la extrema derecha
Lo que está ocurriendo en Estados Unidos tiene un claro paralelo en Europa, donde partidos de derecha y extrema derecha están promoviendo políticas igualmente restrictivas. En España, partidos como el Partido Popular (PP) y VOX han defendido posiciones abiertamente en contra del aborto, buscando revertir los avances que se han logrado en los últimos años. VOX, en particular, ha impulsado propuestas para criminalizar aún más el aborto, alineándose con otros movimientos ultraconservadores en Europa y América Latina.
Desde la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en 2010, que permitió el aborto libre hasta la semana 14, España había logrado importantes avances en la protección de los derechos reproductivos. Sin embargo, en los últimos años, la radicalización de la derecha política ha dado lugar a intentos de desandar estos progresos.
En España, diversos ayuntamientos y comunidades autónomas han implementado iniciativas destinadas a disuadir a las mujeres de abortar, en un contexto de creciente derrechización sobre los derechos reproductivos. Estas políticas, que se presentan como programas de asesoramiento, ofrecen información sobre alternativas como la maternidad y la adopción. Sin embargo, carecen de una perspectiva imparcial y son claramente coercitivas.
Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se han lanzado campañas para reforzar la «información sobre la vida» en centros de salud, promoviendo la maternidad sin ofrecer un acceso adecuado a información sobre el aborto. En Andalucía, la Junta ha desarrollado talleres que glorifican la maternidad, mientras que críticos sostienen que estas iniciativas trivializan decisiones complejas que enfrentan las mujeres.
El Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el PP en coalición con Vox, ha firmado un convenio de colaboración de 30.000 euros con la entidad antiabortista Red Madre. Este acuerdo se presenta como un proyecto de acompañamiento y asesoría para madres y mujeres embarazadas. Sin embargo, Red Madre define la interrupción voluntaria del embarazo como un «drama» y un «trauma» que solo causa «dolor». Este convenio se enmarca dentro de una tendencia más amplia del PP, que ha hecho concesiones al movimiento antiaborto, como la cesión gratuita de un local en Málaga y la concesión de casi 400.000 euros en ayudas a Red Madre entre 2021 y 2023 para la atención a mujeres embarazadas y madres recientes.
Las propuestas que vienen exclusivamente de VOX han sido aún más radicales, abogando por la eliminación de la ley de 2010 y sugiriendo que el aborto debería ser un delito, incluso en casos de violación, un retroceso que haría eco de las políticas en países como Polonia. La extrema derecha en Polonia ha implementado una de las leyes antiaborto más estrictas del continente; las mujeres solo pueden acceder a un aborto en casos de violación, incesto o si su vida corre peligro. Este contexto ha llevado a protestas masivas en el país, donde millones de polacas han salido a las calles para reclamar sus derechos reproductivos.
Además, el discurso de la extrema derecha en España y otros países europeos a menudo se entrelaza con el nacionalismo y la ideología tradicionalista, donde la maternidad se glorifica como un deber cívico y social. Este enfoque no solo busca controlar los cuerpos de las mujeres, sino también reconfigurar la narrativa social en torno a la familia, el papel de la mujer en la sociedad y el lugar del Estado en la vida privada de los ciudadanos. Las políticas restrictivas sobre el aborto son vistas como parte de un esfuerzo mayor para establecer un orden moral que se opone a la diversidad de experiencias y elecciones de las mujeres contemporáneas.
Las implicaciones de este resurgimiento conservador son profundas. En 2023, un informe de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) alertó que 47 millones de mujeres en Europa podrían perder el acceso a servicios de salud reproductiva debido a estas políticas restrictivas. En España, si se implementaran cambios significativos en la legislación, muchas mujeres se verían obligadas a buscar alternativas inseguras o ilegales para interrumpir un embarazo no deseado, poniendo en riesgo su salud y bienestar.
La historia de Amber Nicole Thurman nos recuerda las consecuencias reales y devastadoras de lo que sucede cuando las leyes anteponen los ideales conservadores a la salud y el bienestar de las mujeres. En lugar de ser tratada de inmediato, Amber fue víctima de un sistema que priorizó la política por encima de su vida. Su muerte no es un accidente, sino el resultado directo de leyes que criminalizan el aborto y de un movimiento político que pretende controlar los cuerpos y las decisiones de las mujeres en todo el mundo.
Redacción Afroféminas
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
