El Gobierno del ultraderechista Milei propuso al Congreso la clausura del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) mediante un artículo que impulsa la derogación de la ley que lo creó en julio de 1995. Este sería un paso más en la eliminación de todos los instrumentos de protección a las clases populares y colectivos vulnerables del Estado argentino, en una política de reposición de privilegios e impunidad del racismo.
A través del artículo número 348 del apartado de Justicia de la denominada «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», el Poder Ejecutivo expone la derogación de la Ley 24.515 que tenía por objeto la creación Inadi como entidad descentralizada y que durante la gestión pasada se ubicó en el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El Instituto fue creado para llevar a cabo «la elaboración de políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones para tal fin», según el artículo 2 de la Ley que le dio origen sancionada el 5 de julio de 1995.
Entre sus atribuciones y funciones se cuentan el diseño e impulso de campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural; la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas así como la recepción y centralización de denuncias sobre conductas discriminatorias, entre otras.
Actualmente, la entidad tiene como interventora designada a Greta Pena, abogada, periodista y especialista en políticas públicas de derechos humanos, igualdad y no discriminación.
El ultra Milei envió a la Cámara de Diputados el proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», en la que pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025 y que en realidad es un plan para desmantelar el el Estado y una eliminación de las barreras legales que impiden el abuso de poder, la discriminación y el racismo en todos los ámbitos de la sociedad argentina.
El texto fija que el plazo para la emergencia podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.
La iniciativa está firmada por Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse, y los ministros del Poder Ejecutivo consta de 183 páginas y 664 artículos.
Fuente Telam
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