Quién no recuerda la exitosa serie danesa Borgen, donde la primera ministra Birgitte Nyborg (Sidse Babett), nos mostraba una democracia danesa idealizada, donde siempre ganaban las ideas progresistas, y el racismo, representado por el ultraderechista Partido de la Libertad, con un líder de avanzada edad y de maneras zafias, era minoritario, casi una broma. Siempre sus intentos de imponer medidas racistas, perdían ante la moderna, liberal y tolerante primera ministra. La realidad es bastante menos idílica.
Hace cuatro años que en la próspera sociedad danesa funciona una ley que ha hecho saltar por los aires cualquier imagen de un pretendido humanismo nordico. Se trata de una norma que no se puede calificar más que como racista y que acaba de volver a la palestra porque el Tribunal Superior del Este de Dinamarca ha decidido elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión de si los criterios previstos en la legislación de la conocida como ley antigueto danesa discriminan a los habitantes del barrio de Mjolnerparken, de la capital Copenhague, por su origen étnico.
En Mjølnerparken, un grupo de residentes fue obligado a abandonar sus hogares, en cumplimiento de esta ley. Estos decidieron querellarse contra el Ministerio del Interior y Vivienda de Dinamarca. Piden que el TJUE falle a su favor apelando a la Directiva de Igualdad Racial de la Unión Europea.
La llamada ley antiguetos fue puesta en marcha por el gobierno conservador de Lars Løkke Rasmussen en 2018. Su objetivo era que en 2030 ninguna área residencial de Dinamarca superara el 30% de vecinos “no occidentales”. Se aprobó con el apoyo del Partido Socialdemócrata, entonces en la oposición, y que hoy gobierna el país de la mano de la primera ministra Mette Frederiksen.
Los socialdemócratas, que sabían que esta ley tiene poco encaje en un pretendido discurso progresista, le cambiaron el nombre de guetos por el de “sociedades paralelas”, para hacerlo más digerible a sus estómagos liberales, y que no chirriara tanto evocando aquellos en que vivían los judíos del este esperando el próximo progromo.
Los barrios se clasifican anualmente según su proporción de ciudadanos de origen “no occidental”. Estos son los ciudadanos definidos como personas de fuera de la UE, ocho países europeos asociados, EE. UU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Las personas nacidas en Dinamarca pero que tienen un solo padre «no occidental» también están incluidas en la categoría de personas sujetas a las restricciones.
Una política de identificar ciertas categorías de personas tiene precedentes inquietantes en el mundo. Recordemos el Apartheid. Aunque la supuesta intención de la ley es la integración y no la segregación, la realidad es que interviene de una manera fundamental en la libertad y los derechos fundamentales de las personas, diciéndoles dónde pueden o no pueden vivir en base a su procedencia y etnia. Más claro agua.
Para qué los barrios sean considerados guetos y pueda ser intervenido tiene que cumplir al menos dos condiciones más de la siguientes: más de un 40% de población sin estudiar ni trabajar, más del 60% de residentes sin más estudios que la formación primaria, una tasa de condenados por criminalidad tres veces superior a la media nacional y unos ingresos brutos por debajo del 55% del promedio de la región.
Las medidas de este plan racista incluyen separar forzosamente a los niños de 1 a 6 años de sus padres durante 25 horas semanales para que reciban educación en “valores daneses”, doblar las penas por los crímenes cometidos por sus residentes con respecto de los ciudadanos del resto de zonas e invertir millones de euros en la demolición progresiva de estos barrios.
Curiosamente, tras la decisión del gobierno danés de acoger a 100.000 refugiados que huían de la guerra en Ucrania , la mayoría del parlamento danés votó a favor de modificar la ley para eximir a los ucranianos de tales restricciones. Los planes para demoler viviendas sociales en las áreas seleccionadas también se suspendieron para liberar alojamiento para los ucranianos.
Parece claro que esto viene a demostrar que la ley antiguetos es racialmente discriminatoria, y que su principal objetivo, más allá de la palabrería bienintencionada, tiene más que ver con “aclarar la piel” de los residentes de esos barrios, que con sus condiciones materiales de vida.
Solo cabe un fallo posible del TJUE sobre la ley danesa. Cualquier cosa que no sea una derogación inmediatamente, certifica la deriva racista en Dinamarca y la UE. Porque en esta ocasión, la dinámica, moderna y feminista Birgitte Nyborg no va a venir a salvarnos.
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