jueves, noviembre 7

Precariedad en la vejez racializada


Nuestros mayores luchan para cubrir sus gastos diarios, pero las personas racializadas tienen un mayor riesgo de inseguridad económica. En el curso de vida se sufren los efectos de las situaciones de las comunidades a que pertenecen. Esto produce disparidades entre diferentes grupos étnicos al experimentar situaciones financieras precarias. Los riesgos y desventajas basados ​​en la raza se acumulan con el tiempo. Tener en cuenta el costo de vida revela disparidades sustanciales en la seguridad económica por raza. 

Muchos mayores soportan circunstancias financieras terribles que afectan su vida cotidiana y a sus posibilidades de salud y bienestar. La mitad de las personas de 65 años o más que viven solas no tienen ingresos suficientes para pagar un presupuesto básico. El 70% de los jubilados en España vive solo con su pensión pública y el 38% presta ayuda a su familia y el 67% hace frente a gastos de 953 euros al mes con ingresos que se sitúan por debajo de los 1.250 euros mensuales.

Estas cifras sirven básicamente para las personas blancas. Si hablamos de mayores racializados, teniendo en cuenta la falta de estudios por origen étnico de este país, la situación es dramática. La inseguridad económica en la vejez surge de las experiencias a lo largo del curso de la vida, incluidas las características del trabajo y la carrera que afectan los ingresos de jubilación, el estado de salud que condiciona la capacidad de generar ingresos laborales en la vejez y los factores familiares relacionados con la historia marital y la transferencia intergeneracional de riqueza. Las personas con antecedentes personales de desventaja e incertidumbre corren un mayor riesgo de tener bajos ingresos en el futuro. Además, el racismo sistémico y las brechas en las políticas destinadas a promover la inclusión y la equidad amplifican el riesgo de inseguridad entre las personas mayores racializadas. Por ejemplo, las barreras del idioma para aprender sobre los servicios de apoyo pueden obstaculizar el acceso a los beneficios destinados a los mayores de bajos ingresos.

Normalmente los ancianos racializados que viven en el país están vinculados a la migración y al reagrupamiento familiar. Esto quiere decir que los mayores racializados no ocupan aquí la posición de red que tienen los mayores blancos gracias a las pensiones públicas. Más bien al contrario, se sostienen en base a los ingresos de los adultos de la familia, que normalmente se hacen cargo de una unidad familiar muy numerosa. Esto hace que cuando vivimos efectos de crisis económicas las consecuencias sean dramáticas para estas familias, y especialmente para los mayores.


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Otro tema fundamental es la vivienda. La inmensa mayoría de las personas mayores racializadas que viven en España lo hacen de alquiler. Esto se debe en gran parte a la precariedad y la imposibilidad de sus familias para acceder a la compra de una vivienda, debido a los trabajos precarios que soportan, sesgos racistas de las financieras y las crisis sucesivas que hemos sufrido. Sin una vivienda en propiedad, las mayoría de las personas mayores carecen de la seguridad y colchón financiero que esta les puede proporcionar.

Empezamos a ver, cada vez en más ocasiones, a personas mayores racializadas sin hogar y abandonadas a su suerte. Las situaciones que se desencadenan solo son suplidas por la solidaridad de las comunidades que se han formado en las ciudades y pueblos, en torno a nacionalidades o afinidades religiosas. Aún así, Esto es insuficiente.  Las personas mayores que viven en estas circunstancias deben tomar decisiones difíciles para llegar a fin de mes, a menudo enfrentando una gran incertidumbre con respecto a su capacidad para mantener una vivienda estable o asegurar la atención médica necesaria.

Estabilizar las circunstancias financieras en la vejez de las personas racializadas requiere abordar los sistemas inequitativos y las prácticas racistas que dan forma a la acumulación de recursos a lo largo del curso de la vida. Invertir en la igualdad de acceso y la calidad de la educación, garantizar oportunidades justas para asegurar un empleo estable y bien remunerado, y promover la educación financiera sobre cómo lograr una jubilación segura puede contribuir a experiencias más equitativas en la jubilación. 

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