El 28 de abril, hace ya casi tres meses, se inició el Paro Nacional en Colombia. Un paro para visibilizar, inicialmente, el rechazo a la reforma tributaria, a la reforma a la salud, laboral y pensional. Pero que ha ido más allá. Además, en este paro también se proponía una renta básica para paliar la crisis provocada por el coronavirus, matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, y que no se judicializara la protesta social.
El resultado de esta convocatoria fue que, de manera espontánea, el país, las regiones y los municipios asumieron como suya esta movilización y sus propias reivindicaciones y empezaron a exigir el cumplimiento de derechos.
En el Norte del Cauca, de donde yo soy, las comunidades han venido exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados con las comunidades afrodescendientes e indígenas desde hace años. Derechos tan básicos como el derecho al acceso al agua potable, salud, educación, pavimentación de vías, subsidios para los agricultores, la dignificación del empleo y políticas en materia ambiental.
Por eso, entre Villa Rica y el municipio de Miranda se organizaron 14 puntos de resistencia liderados por líderes y lideresas sociales, cada uno con su propia agenda. Entre ellas, las reivindicaciones propias del movimiento social de mujeres, como son el fortalecimiento de las rutas de atención en casos de violencias contra las mujeres, la titulación de la tierra, créditos blandos para microempresarias y la reglamentación de la Ley 70, entre otras. Unas reivindicaciones que llevamos años trabajando.
Y es que las mujeres afrodescendientes del Norte del Cauca históricamente se han visto expuestas a todo tipo de violencias. No solo por razón de su género y etnia, sino también por estar ubicadas en un corredor estratégico de movilidad de armas y droga que comunican a los departamentos del Cauca, Tolima y Valle del Cauca. Lo que los problemas sean tan diversos como los actores que las generan, a saber, narcotráfico, grupos armados legales e ilegales y multinacionales, etc.
En general, las diferentes dinámicas que se viven en los territorios se traducen en múltiples violencias contra las mujeres. La violencia sexual, la prostitución forzada, la violencia física, económica, obstétrica o los trabajos domésticos forzados son solo algunas de las violencias a las que muchas mujeres afrodescendientes nos vemos expuestas. En el caso de las mujeres lideresas, que plantan cara, este panorama ha significado, además, ser víctimas de amenazas, desplazamientos y atentados.
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Este panorama, que de por si es complejo, se ha agudizado en los últimos meses por la respuesta del Gobierno de Iván Duque al estallido social con represión y violencia. Un movimiento social, en el que las mujeres somos claves. Somos nosotras las que estamos contribuyendo de manera contundente a visibilizar las problemáticas sociopolíticas, económicas y sociales que atraviesa Colombia y que cada vez pone en mayor riesgo el ejercicio de la democracia y de las ganancias de derechos para la mayoría de la población colombiana.
La represión directa ha sido especialmente dura en sectores como Miranda, Villa Rica, Guachené y Puerto Tejada, cuyos puntos de resistencia sufrieron ataques por parte del Escuadrón Móvil Antidistrubios (ESMAD) y de civiles armados. Una represión, que, no lo dudemos, tiene como objetivo poner obstáculos para el libre ejercicio del derecho a la protesta.
La violencia sexual, la prostitución forzada, la violencia física, económica, obstétrica o los trabajos domésticos forzados son solo algunas de las violencias a las que muchas mujeres afrodescendientes nos vemos expuestas.
Desde la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), de la cual soy parte, junto a otros líderes y lideresas, realizamos un llamado a potenciar las asambleas comunitarias como respuesta pacífica y acción de autocuidado y protección ante la gravedad de la violencia reacción del gobierno. Una violencia que ha significado la pérdida de vidas de cientos de manifestantes, especialmente de jóvenes.
Pero si de algo está sirviendo el papel de las mujeres en este paro, es para. posicionar las violencias contra las mujeres en el marco de la movilización, garantizar una representatividad de las mujeres particularmente afrocolombianas en la asamblea Nacional Popular, y asegurar la participación de la población afrocolombiana en la movilización y la estrategia humanitaria como una alternativa comunitaria para autocuidado y protección del pueblo negro.
Han pasado ya casi tres meses, y hay nuevas movilizaciones convocadas, pero la situación de vulneración a los derechos humanos de las mujeres cada vez se agudiza más. Esto se produce en medio de un sentimiento de orfandad, ya que tenemos la percepción es que estamos solas ante la realidad que se vive en los territorios, ya que las instituciones responsables de garantizar los derechos son inoperantes.
Quienes trabajamos en la construcción de la paz y en la defensa de derechos seguimos enfrentando estigmatización, restricciones para poder ser, poder hacer y para poder estar en el territorio. Seguimos siendo víctimas de la falta de oportunidades y de omisiones que continúan poniendo en riesgo nuestras vidas. Ojalá que cuando las autoridades decidan responder a nuestras demandas en el Norte del Cauca, aun haya lideresas vivas que proteger.
Clemencia Carabali
Lideresa afrocolombiana.
Presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM)
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