Migrantes sin papeles o como los define el Estado “personas en situación administrativa irregular o con residencia legal pero excluidas de la sanidad pública”. Hablamos de un colectivo marginado, invisible, con miedos y con un gran desconocimiento sobre sus derechos. Cuatro meses más tarde de la puesta en marcha de la estrategia nacional para la inmunización del país este grupo se presenta desprotegido. Ahora nos planteamos: ¿Figuran estas personas en los planes de vacunación?; ¿Se les va a suministrar la vacuna?; ¿Qué soluciones se plantean desde el Sistema de Salud?
Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad las cifra de personas vacunadas en España alcanza casi los 4 millones, esto equivale al 7,9% del total de la población. Por su parte, el Gobierno se mantiene consistente en su plan de inmunizar al 70% de la población antes de verano. En varias ocasiones han recalcado que el acceso a la vacuna es universal y gratuita, no obstante esta afirmación tiene algunos matices. «La vacunación es para todos los que residen en el territorio y seguirán la misma priorización en función de su edad, condiciones de riesgo, etc. Se vacunarán cuando corresponda a su grupo según lo establecido en la estrategia de vacunación», aclaró Sanidad
El territorio español está compuesto aproximadamente por 47 millones de personas. Conforme al último informe realizado por la Fundación PorCausa en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, de esta proporción 470.000 son personas migrantes en situación administrativa irregular. Dichas cifras datan de 2019, por lo que se estima que a día de hoy los datos habrían aumentado hasta llegar a los 600.000. Actualmente, la campaña nacional está siguiendo un plan activo de vacunación, es decir, es el sistema el que se dirige al paciente y no al contrario. Esto supone el principal problema a la hora de suministrar la vacuna a los migrantes, muchos de los cuales ni siquiera constan en las bases de datos.
En el contexto de la pandemia las competencias en el ámbito sanitario quedaron en manos de las Comunidades Autónomas, lo cual se traduce en realidades muy diferentes a lo largo de todo el territorio español. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid exige como condición obligatoria el empadronamiento de al menos 90 días para la vacunación. Por su parte, en Asturias se han enviado instrucciones a todos los centros de salud para que registren la información de estas personas y la envíen al departamento de vacunación correspondiente donde solo se solicitará un documento identificativo. Así podemos observar hasta 17 modos diferentes de acceder a la vacuna en función de la consejería.
Ante esta situación de desprotección de un colectivo vulnerable son las propias Comunidad Autónomas, junto al Ministerio de Sanidad, quienes deben acercarse a las organizaciones y personas afectadas para informar y eliminar temores. Resulta imprescindible aclarar asuntos como la no deportación, contrastar la desinformación que puedan tener y trasmitir que el proceso es seguro. Especificar que sus datos no van a usarse para otros fines. Así mismo, deben desarrollarse nuevas estrategias de vacunación para garantizar su seguridad, no solo porque puedan contagiar a otros, sino porque su salud es igual de importante.
Mayores de 65 reagrupados excluidos del plan de vacunación
En las últimas semanas numerosas organizaciones han denunciado ciertas irregularidades y actitudes discriminatorias respecto a la campaña de vacunación en España. Médicos del Mundo ha manifestado su preocupación por los mayores de 65 años que, al tener hijos residentes, han llegado al país mediante la vía de reagrupación familiar. Al ser obligados por ley a contar con un seguro privado estas personas no aparecen en los listados de las diferentes comunidades autónomas, y por lo tanto, no existen para el sistema sanitario público. “Como no aparecen en el sistema público, no pueden llamarles. Lo que pedimos es que las CCAA establezcan mecanismos de registros para que, al menos de forma temporal, puedan contactarles”, declaró Pedro Campuzano, miembro de dicha asociación.
En 2019 el Tribunal Supremo dictaminó en otras palabras que la reagrupación y el derecho a una prestación sanitaria universal y gratuita no van de la mano. Por lo tanto, estas personas deben disponer de “recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante el periodo de residencia y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado”. La plataforma Grupo de Afectados y Afectadas por el INSS y Médicos del Mundo llevan mucho tiempo denunciando esta situación y ahora, con la campaña de vacunación en pleno auge, solicitan que las personas migrantes reagrupadas tengan derecho a la tarjeta sanitaria.
En los últimos días este colectivo -a través del Grupo de Afectados y Afectadas por el INSS– ha hecho llegar al Ministerio de Sanidad un carta donde solicitan que se les tenga en cuenta y que “se asegure su acceso a la vacunación frente a COVID-19, de acuerdo con la estrategia de vacunación que se establezca para cada grupo de edad”. Cabe tener en cuenta que muchas de estas personas, como población de riesgo debido a su edad, se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad.
En el mismo texto añaden: “muchos de nosotros no contamos con ningún tipo de asistencia sanitaria porque no podemos permitirnos el alto coste del “convenio especial” con la Seguridad Social”. El Ministerio de Sanidad establece que solo a las personas incluidas en el sistema sanitario público se les podrá suministrar la vacuna. Ante esta situación la única vía que tienen estas personas para vacunarse es realizar un convenio con el Servicio de Salud. Actualmente, el coste de esta suscripción en la Comunidad de Madrid a día de hoy tiene un coste de 157€ al mes.
Judit Martín
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