La Fiscalía Provincial de Las Palmas analizará si existe delito de odio en la protesta contra la inmigración convocada para el próximo fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria. Esto surge a partir de la denuncia interpuesta por 40 abogados el pasado martes, en la que piden que se impida la celebración de la manifestación al percibir en sus consignas indicios de que puede incurrir en un delito de odio. La fiscal superior de Canarias, María Farnés, ha mandado una copia del escrito a la Delegación del Gobierno, que no ve racismo en la convocatoria.
La Fiscalía Superior de Canarias reconoció este miércoles que no tiene competencias a la hora de prohibir la celebración de una manifestación sino que es la Delegación del Gobierno la que establece los controles para permitir o prohibir este tipo de convocatorias. Desde el Ministerio Público recuerdan que la Fiscalía no actúa nunca para prevenir un delito sino cuando se ha cometido.
La Delegación del Gobierno en Canarias, una vez más, no aprecia racismo en la convocatoria. El delegado, Anselmo Pestana, explica que «las manifestaciones no se autorizan, se comunican y que, en este caso, se ha hecho correctamente y, en principio, no aparece ningún dato que alumbre un tema de racismo. Hablan de mafias y de lucha contra la inmigración ilegal, lo que entra dentro de los parámetros en los que uno se puede expresar y manifestar».
La denuncia que presentaron los 40 abogados advierte que el cartel de la convocatoria incluye consignas que, en un primer momento, parecen dirigidas a exigir el fin de las muertes en el mar y la desarticulación de las mafias de tráfico de personas. Sin embargo, en realidad, estas consignas encubren un propósito más siniestro: incitar a la hostilidad, el odio y la discriminación hacia los migrantes procedentes del continente africano, fomentando entre la población canaria sentimientos negativos e injustos hacia estas personas.
Los abogados recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), a través de diferentes resoluciones, establece que la libertad de expresión no puede amparar el discurso de odio. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) dispone que toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia debe estar prohibida por la ley.
En la denuncia también se destaca que los mensajes difundidos a través de las redes sociales y las imágenes del cartel de la manifestación pueden constituir un delito de manifestación ilícita y un delito de odio, al asociar los desplazamientos de personas con criminalidad, terrorismo y gasto social. “Es inhumano y profundamente racista criminalizar continuamente a los africanos que llegan a Canarias, acusándolos injustamente de ‘invadir’ nuestra tierra”, se lee en el escrito.
Se amplía la denuncia
Los abogados han reaccionado a las declaraciones de la Fiscalía, que niega tener competencias para desautorizar manifestaciones. En un nuevo escrito, los letrados citan el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que cuando el Ministerio Fiscal tenga noticias de un hecho aparentemente delictivo, debe practicar o ordenar a la policía judicial que practique las diligencias pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes.
Asimismo, plantean que la Fiscalía debe actuar y solicitar al juzgado competente que suspenda la celebración de las manifestaciones como medida cautelar, en protección del interés general y de los derechos humanos de las personas migrantes africanas.
Nuevas adhesiones a la denuncia
Este miércoles, un total de 55 agrupaciones han mostrado su apoyo a los 40 abogados que remitieron el escrito a la Fiscalía. Todas coinciden en que las imágenes y mensajes que han acompañado a la convocatoria incitan al pueblo canario a desarrollar sentimientos de hostilidad, odio y discriminación hacia las personas migrantes. AGENCIAS
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