El gobierno de coalición español formado por PSOE y Sumar llegó a un polémico acuerdo con el partido independentista catalán de derechas Junts para conseguir su abstención en la aprobación de dos importantes decretos anticrisis.
A cambio de esta abstención, el ejecutivo central se ha comprometido a ceder de forma “integral” al gobierno catalán las competencias exclusivas del Estado central en materia de inmigración.
Esta controvertida cesión de competencias permitirá, según afirma Junts, que la Generalitat de Cataluña pueda atribuirse y controlar de forma autónoma los flujos migratorios hacia su territorio, gestionar permisos de residencia y trabajo de extranjeros, así como decidir de forma soberana sobre expulsiones de inmigrantes en situación irregular.
Según la Constitución española, la política migratoria es una competencia exclusiva irrenunciable del Estado central. No obstante, la Carta Magna también prevé la posibilidad de que el Gobierno central pueda transferir o delegar determinadas competencias estatales a las comunidades autónomas mediante la aprobación de una ley orgánica.
Esta vía legal es precisamente la que se empleará para articular el anunciado traspaso de facultades migratorias de Madrid a Barcelona. Pero una vez más, sin que el Ejecutivo haya especificado aún el contenido concreto de esa cesión de competencias en un ámbito tan delicado.
Ante las preguntas de los medios de comunicación, el ministro Bolaños se ha limitado a señalar ambiguamente que se delegarán todas las atribuciones que hoy tiene el Estado en materia de inmigración. Pero sin aclarar si eso incluirá asuntos tan relevantes como el control de fronteras, la expedición de visados, las expulsiones de irregularies o la tramitación de solicitudes de asilo.
“Si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, pues lógicamente lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite y así lo plantea expresamente nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma, como va a ser el caso en materia de inmigración”
Bolaños ha eludido una y otra vez dar más detalles concretos sobre el acuerdo migratorio con Junts. Y se ha escudado en que habrá que esperar a la futura aprobación de la anunciada ley orgánica para conocer su contenido exacto.
Esta falta de transparencia por parte del Ejecutivo resulta cuanto menos preocupante cuando se trata de una negociación política sobre un asunto de derechos humanos fundamentales como es la política migratoria. El Gobierno debería haber explicado con total claridad y sin dilaciones el alcance real de lo acordado en materia de inmigración. En lugar de escudarse en un futurible marco legal aún por desarrollar y aprobar.
Controversia por la posible cesión del control de fronteras a Cataluña
Uno de los aspectos más polémicos de este acuerdo PSOE-Junts es la posibilidad de que, una vez se materialice el traspaso de competencias, el gover catalán pueda llegar a controlar de forma autónoma las fronteras de Cataluña.
Una medida tan controvertida pondría claramente en jaque los acuerdos de libre circulación de personas en el espacio Schengen de la Unión Europea.
De hecho, la portavoz del partido independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, ya ha llegado a afirmar que, gracias a este pacto, Cataluña podrá decidir de forma soberana tras el acuerdo quién entra y quién no en su territorio.
Una peligrosa deriva soberanista expresada por la dirigente de Junts que chocaría frontalmente con los acuerdos europeos de libre circulación de personas entre países miembros de la UE.
Por todo ello, el Gobierno español debe aclarar urgentemente si el acuerdo alcanzado con Junts incluye efectivamente transferir competencias de control de fronteras del Estado central a la Generalitat de Cataluña.
De ser ese el caso, se estaría vulnerando claramente el marco constitucional español vigente y los propios tratados fundacionales de la Unión Europea.
Dudas sobre una hipotética expedición autonómica de documentos de residencia
Otro asunto que ha generado una enorme controversia es la posibilidad de que Cataluña pueda expedir de forma autónoma documentos de identificación para inmigrantes, como la tarjeta de identidad de extranjeros (TIE), en caso de asumir plenamente las competencias de inmigración.
En la actualidad, la TIE se expide bajo la autoridad del Estado español y tiene validez en todo el territorio nacional. Por ello, expertos juristas en materia de extranjería ya han expresado serias dudas sobre la viabilidad legal de que una comunidad autónoma pueda emitir este tipo de documentación oficial de forma unilateral.
Asimismo, también se cuestiona cómo participaría Cataluña en la comunicación obligatoria con los consulados extranjeros de los países de origen para la tramitación por parte de la Generalitat de permisos de residencia y trabajo o la certificación de antecedentes penales de los solicitantes de estas autorizaciones.
Unas funciones que actualmente ejerce el Gobierno central y cuya delegación a una autonomía podría entrar en conflicto con el marco legal vigente.
Gestión autonómica de los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)
Otra de las competencias estatales en materia de inmigración cuya hipotética cesión se está debatiendo intensemente es la gestión por parte de la Generalitat de los controvertidos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Se trata de recintos gestionados actualmente por el Ministerio del Interior donde se retiene temporalmente de forma preventiva a inmigrantes irregulares a la espera de su expulsión de España.
Estas instalaciones han sido objeto de duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos por las condiciones de reclusión y los casos de abusos denunciados.
De hecho, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ya ha expresado públicamente el rechazo de su formación a los CIE, al considerar que tratan a los inmigrantes “como ganado”. Una posición que, sin embargo, contrasta con el reciente endurecimiento del discurso migratorio de Junts.
Por todo ello, la futura participación de la Generalitat en la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros en Cataluña añade una nueva cuota de controversia al ya de por sí ambiguo acuerdo PSOE-Junts sobre el traspaso de competencias.
La xenofobia como moneda de cambio: Junts endurece peligrosamente su discurso antiinmigración
Este acuerdo ha levantado una enorme polvareda. La utilización de los derechos fundamentales de las personas migrantes como moneda de cambio en la negociación política resulta éticamente reprochable.
Además, el hecho de que el gobierno ceda ante las presiones de un partido que está endureciendo peligrosamente su discurso xenófobo y antiinmigración resulta doblemente preocupante.
Recientemente, el alcalde de Calella por Junts llegó a vincular directamente inmigración y delincuencia, siendo avalado por la dirección del partido. Este tipo de bulos y discursos racistas alimentan el odio y la intolerancia.
Partidos como ERC ya han mostrado públicamente su preocupación por el giro xenófobo de Junts. Pero el ejecutivo de Sánchez, en lugar de plantar cara a esta deriva, ha optado por validarla cediendo irresponsablemente en materia de derechos humanos
Cesión de competencias migratorias: muchas dudas y poca transparencia
En conclusión, este acuerdo entre el PSOE y el partido independentista Junts per Catalunya para transferir las competencias estatales exclusivas sobre inmigración al gobierno autonómico utiliza los derechos humanos de las personas migrantes como discutible moneda de cambio política.
Además de blanquear y dar alas a un peligroso discurso xenófobo contra la inmigración que alimenta aún más la intolerancia y la fractura social en España.
Habrá que esperar para ver si finalmente se concreta el anunciado traspaso de facultades migratorias y cuál será su alcance real una vez se apruebe la anunciada pero todavía indefinida ley orgánica.
Mientras tanto, este acuerdo envuelto en sombras entre PSOE y Junts persevera en la éticamente reprochable e irresponsable dinámica de utilizar derechos humanos fundamentales como moneda de cambio en el mercadillo de compraventa de apoyos parlamentarios.
Un peligroso precedente que mina la credibilidad de un Gobierno que debería ser garante de los derechos de todos por igual, sean o no ciudadanos con pleno derecho a voto.
Poder Migrante
*Este artículo ha sido publicado originalmente en Poder Migrante y reproducido en Afroféminas con su permiso.
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