Las entidades Amigos de Ritsona, Convivir sin racismo, PAREM y MurciaAcoge han registrado una denuncia contra José Ángel Ántelo, presidente provincial de Vox y vicepresidente de la Región de Murcia, y Ruben Martínez Alpañez, diputado de Vox, ante la sección de Delitos de Odio de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma.
Antelo relacionó la llegada de pateras con la «infiltración de yihadistas» y el riesgo de atentados. Alpañez asoció los motivos por los que los migrantes llegan a España de manera ilegal con delincuencia.
Consideran que estas personas han cometido hechos constitutivos de un delito contra la dignidad de colectivos vulnerables y/o delito de incitación al odio. Las asociaciones que han interpuesto la denuncia señalan que estos delitos «son una de las formas más graves de discriminación contra migrantes, minorías étnicas, personas refugiadas y solicitantes de protección internacional, pues incitan a la discriminación, la hostilidad y atenta contra la dignidad de un colectivo altamente marginalizado y vulnerable».
Asimismo, manifiestan que «las conductas denunciadas entrañan claramente descrédito, humillación y menosprecio de un colectivo vulnerable caracterizado por su origen nacional -extranjero y particularmente, proveniente del norte de África-, así como por su etnia y por su situación administrativa como migrantes en situación de irregularidad».
En el escrito presentado ante la fiscalía han documentado con detalle, el alcance y la notoriedad pública de las afirmaciones difundidas por parte de los denunciados, que por su contendido y, sobre todo, por el contexto socio-político en el que se vertieron, son aptas eidóneas para provocar una respuesta de odio y de hostilidad hacia un colectivo ya muy vulnerable y marginalizado socialmente, toda vez que «incluyen calificativos y expresiones de odio transmitidas de forma genérica contra un colectivo específico consistente en las personas migrantes en situación administrativa irregular llegadas a Murcia».
Además, exponen que «los mensajes transcritos no estimulan el debate público, sino que más bien lo empozoñan, desencadenando un entorno hostil innecesario que atenta contra la dignidad de un colectivo altamente marginalizado y vulnerable, promoviendo estigmas y estereotipos negativos y representando, en suma, una manifestación clara de una intoleracia incompatible con el sistema de valores de la democracia».
«No nos hallamos ante unos comentarios aislados o que se producen en el marco de una riña y en el fragor de una discusión, sino que han sido unos actos y expresiones deliberadas -en un tweet que sigue disponible y no se ha borrado; y en unas declaraciones a medios que el autor ha compartido y visibilizado y reafirmado posteriormente- realizadascontra un grupo de personas identificadas por su condición de migrantes irregulares», añaden.
Por todo ello, solicitan a la Fiscalía que promueva «la apertura de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las responsabilidades penales que de ellos se puedan derivar, así como ejerza la acción penal ante el órgano judicialcompetente».
EUROPA PRESS
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