1948. Sudáfrica. El Partido Nacionalista Unificado acaba de alzarse como ganador de las elecciones. Entre sus medidas, presenta la adopción de una política de segregación racial, donde blancos y negros deben estar separados. Con esto, se consigue que la raza blanca, minoría en el país, consolide aún más su dominio. Entre las normas concretas de este nuevo orden sudafricano, se encuentra la ley de pases (Law Pass): un documento que limita el acceso de los negros a ciertas zonas, ya que estas quedan reservadas para blancos.
1960. La mayoría negra del país, alentada por el Congreso Panafricano (PAC), comienza a protestar contra esta limitación de los movimientos. Están hartos de estar lejos de sus familiares, ya que, por ejemplo, los hombres negros no pueden ver a sus esposas si estas trabajan como criadas en una zona blanca, ya que solo ellas gozan de un pase.
21 de marzo de 1960. Localidad de Sharpeville. Provincia de Transvaal. En una protesta contra el régimen, la policía abre fuego hacia los manifestantes, dejando 69 muertos y 180 heridos. Todos ellos, de raza negra. Todos ellos, por luchar por una sociedad que no los discrimine.
Este es el origen del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, declarado por la Organización de las Naciones Unidas en 1966. Tras esto, en 1979, la Asamblea General de la ONU decidió que, en todos los años venideros, a partir del 21 de marzo, se organizase una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo.
Iniciativas de la ONU
El apartheid sudafricano fue finalmente desmantelado treinta y dos años después de la Matanza de Sharpeville, en 1992. Además, en 1966, junto a la proclamación del Día Internacional la ONU creó un marco para luchar contra el racismo: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Dentro de los preceptos de este estatuto regulatorio, uno de los más destacados es su artículo 2, donde recoge que “los Estados parte condenan la discriminación racial” comprometiéndose así a promover “el entendimiento de todas las razas”. Dicho punto se complementa con el apartado cinco, en el que se expone que los países miembros deben “garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico”.
Tras estas declaraciones, se han producido diversas ampliaciones y mejoras en este reglamento. Una de las más destacadas fue el Programa de Acción de Durban, realizado en 2001 y revisado en 2009. El mayor logro de esta acción ha sido la “renovación del compromiso internacional en la lucha contra el racismo”, como expone la propia organización. Posteriormente, la Asamblea proclamó en 2013 el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que tuvo comienzo el 1 de enero de 2015 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024.
Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo. Este es el lema del Decenio, cuyo fin principal es la protección de los derechos de los aproximadamente 200 millones de personas que se declaran afrodescendientes, incluyéndose en este grupo los descendientes de esclavos (Gullah Geechee) que viven en zonas de Carolina del Sur y Georgia. Para lograr este significativo fin, la iniciativa tiene los objetivos concretos de promover el respeto y conocimiento de la herencia, cultura y contribución africana en el desarrollo de las sociedades del resto del mundo y el fortalecimiento de los marcos jurídicos que estén de conformación con la Convención Internacional y el Programa Durban.
Una travesía de largo recorrido
Pero a tres años de acabar el decenio, la realidad actual no muestra resultados favorecedores para estos planes. Más allá de la rebelión mundial que desencadenó el caso de George Floyd −la ONU ha declarado que, dentro del Decenio, el lema de 2021 será “La juventud se alza contra el racismo” por su alta implicación en las marchas del Black Lives Matter−, las situaciones de discriminación en el mundo son una tónica que no para de repetirse.
Según el Centro de Investigación Pew, a día de hoy, una persona negra tiene el doble de posibilidades que una blanca de ser pobre en Estados Unidos. Asimismo, en un estudio reseñado el 2018, se expone que el porcentaje de población encarcelada negra corresponde a un 33%, frente a la blanca, de 30%. El problema de este dato viene al comprender que, de la población total estadounidense, el 60% es blanca, frente a un 12% que es negra. Del mismo modo, la ONG Mapping Police Violence destacó que el 24% de los muertos a manos de fuerzas del orden público son de raza negra.
En Europa, las cifras no son más optimistas. En base a un estudio presentado en 2018 por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, un 30% de los encuestados declaraba haber sufrido racismo entre 2013 y 2018.
A todo esto, hay que sumar los efectos colaterales de la pandemia, que han repercutido en las tendencias racistas. En datos del propio Equipo del Decenio Afrodescendiente en España junto al Rights International Spain se reseña que, en el país ibérico, durante la primera etapa del estado de alarma, se dieron más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias. De esa cifra, más del 70% de los afectados denunciaron haber sido objeto de brutalidad policial tras identificarse como inmigrante de raza negra.
Todos estos datos muestran que la batalla contra el racismo no solo sigue estando de actualidad, sino que necesita un trabajo más arduo. Elena Díaz, profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Rey Juan Carlos, considera que “Naciones Unidas debe reforzar los mecanismos de lucha contra la discriminación racial”, adoptando un mayor protagonismo en esta materia. “Sobre todo en tiempos de pandemia resulta precisa la implementación de medidas singulares que aseguren la efectividad de las normas internacionales”, declara la docente.
Estos mecanismos de refuerzo, como explica Díaz, deben incluir “un convenio específico universal sobre los derechos de los afrodescendientes y el establecimiento de órganos que los garanticen”. Además de esto, estima que la ONU debe incluir en el marco jurídico acciones que comprometan a los Estados a adoptar reglas efectivas para cumplir con los derechos afrodescendientes. “La labor de las Organizaciones regionales, en particular americanas, sería fundamental en esto”, puntualiza.
Por su parte, el objetivo de promocionar el conocimiento sobre la presencia de raíces africanas en la historia de otras sociedades tampoco se ha conseguido del todo desde que empezó el Decenio. Según Ainhoa Marín, doctora en Economía e investigadora del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, en el caso español, la formación ofrecida a los estudiantes sobre el continente es “muy escasa”, pese a los innegables lazos que unen ambas sociedades, haciendo imposible con esto la “ruptura de estereotipos negativos de la sociedad española sobre África”.
Enrique Martino, doctor en Estudios de Asia y África, suscribe estas declaraciones afirmando que “el gran fondo histórico de relaciones e influencias africanas en España sigue en el inconsciente o en el olvido profundo”. Sin embargo, comenta que “la educación hay que buscarla con voluntad y encontrarla” siendo los estudiantes los que deben “investigar y escribir sobre lo que les interese”. En base a esto, se muestra optimista al reseñar que “está aumentando la demanda” por conocer la historia africana.
Como ocurrió en Shaperville, millones de personas afrodescendientes siguen luchando día a día por hacer valer sus derechos humanos. Ojalá antes del fin del Decenio promovido por la ONU se pueda poner fin a esta exclusión. O, en caso contrario, que se establezcan las medidas correctas para poder conmemorar de verdad un Día que hoy cumple 55 años… Más otros muchos de lucha anterior.
Nerea de Ara
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