* Este artículo está basado en un texto realizado por el investigador Nwachukwu Egbunike y publicado en Global Voices bajo el título ‘Freedom of expression in a downward spiral in Southern Africa, says new study’
La Coalición de la Declaración Africana sobre Derechos y Libertades en Internet (AfDec) ha publicado un estudio donde se analiza la legislación existente y el impacto que tiene en el derecho a la libertad de expresión en siete países del sur de África: Malaui, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y Zimbabue. Dicho informe, señala un claro descenso en materia de libertad de expresión en estas regiones que no hace más que perpetuarse, tal y como recoge el investigador Nwanchukwu Egbunike en su artículo para Gobal Voices.
Malaui
La Constitución de Malaui de 1994 y sus posteriores enmiendas garantiza la libertad de expresión. Según el informe, “establece la libertad de expresión en su sección 34, la libertad de prensa en la 36, el acceso a la información en la 37, y la libertad de reunión en la 38”. Sin embargo, según la Coalición, paralelamente a esto existen leyes que están yendo en contra de estos derechos.
Un ejemplo de ello es la Ley sobre las Transacciones Electrónicas y Seguridad Digital número 33, conocida más comúnmente como Ley de Ciberseguridad. Esta normativa contiene cláusulas explícitas que amordazan la libertad de expresión en línea y limitan la libertad de prensa, según la investigación.
Namibia
Según la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2020, elaborada por Reporteros Sin Fronteras, Namibia cuenta con el entorno mediático más libre de África. Es por ello por lo que el país presenta mejores términos en comparativa con los otros países: “La represión de derechos humanos, incluida la libertad de expresión, no es un hecho normal ni habitual [en Namibia]”, expone el estudio.
Pese a esto, existen señales de alarma. Según advierte la investigación, en el país existen algunas leyes que permiten o posibilitan esta represión si las personas que llegan al gobierno (ya sea de manera democrática o no) tienen tendencias o intenciones autocráticas.
Sudáfrica
La libertad de expresión está firmemente recogida en la Constitución de la República de Sudáfrica de 1966. Más concretamente, este derecho está reglado por la sección 16(1), donde también se protegen otras licencias como la de prensa, la difusión y recepción de información, creatividad artística, académica y de investigación científica.
Pero estos derechos no son absolutos. Existen otras dos secciones que entran directamente en conflicto con ellos. En primer lugar, la sección 16(2), que criminaliza el discurso que incita a la propaganda de guerra, violencia y al odio por raza, etnicidad, género o religión. A priori, esta limitación puede ser correcta y necesaria. El problema viene dado porque no están claramente definidas qué acciones deben enmarcarse bajo esta legislación, generando que cada cual lo interprete de una manera distinta, en base a sus ideales y creencias.
La segunda es la sección 36, que limita el derecho de libertad de expresión siempre que la limitación sea “razonable y justificable en una sociedad abierta y democrática basada en la dignidad, la igualdad y la libertad de las personas”, tal y como menciona la Constitución. Al igual que en el caso anterior, esta legislación es demasiado ambigua.
Tanzania
Desde 2015, la situación sociopolítica en Tanzania ha ido derivando hacia el autoritarismo, caracterizado por haber instaurado un clima de temor generalizado. Por esto la censura de la comunicación, el desmembramiento de la oposición y el aumento de la represión hacia periodistas y activistas son hechos que se han convertido en habituales en la región.
Aunque el derecho a la libre expresión está amparado por el artículo 18 de la Constitución de Tanzania, algunas leyes como la Ley de Delitos Informáticos, la Ley de Servicios de Medios y las Regulaciones de Comunicaciones Electrónicas y Postales para contenido online “contienen disposiciones propensas a ser utilizadas para reprimir a las voces disidentes”, explica el informe.
La Ley de Delitos Informáticos otorga al Gobierno la potestad para prohibir, censurar y sancionar bajo su criterio a los medios impresos y redes sociales. La condena en virtud de esta legislación oscila entre una pena de cárcel de tres años, una multa de al menos, cinco millones de chelines tanzanos (aproximadamente 1700 euros) o ambas.
Por su parte, la Ley de Servicios de Medios impone la acreditación obligatoria de los periodistas, que puede ser retirada a voluntad del Gobierno. Esta también ofrece al ministro el poder absoluto para prohibir publicaciones o contenido multimedia, como indica la AfDec. Del mismo modo, las Regulaciones de Comunicaciones Electrónicas y Postales (contenido en línea) hacen obligatorio para los blogs y foros en línea el pago de una cuota de registro de 760€ aproximadamente. El incumplimiento de esta norma es castigado con una multa no menor de cinco millones de chelines tanzanos (1700€ aproximadamente), una pena de prisión de al menos, 12 meses, o ambas sentencias.
Zambia
El artículo 20 de la Constitución de Zambia protege la libertad de expresión. Pese a ello, la combinación de leyes como la de Tecnologías de la Información y la Comunicación y la de Transacciones y Comunicaciones Electrónicas penalizan algunas actividades que obstaculizan este derecho. Esto, sumado al incremento de la vigilancia estatal, supone un problema para el país zambiano.
Zimbabue
A pesar de los claros arreglos constitucionales (la sección 61 y la declaración de derechos expresada en la Constitución de Zimbabue) que protegen la libertad de expresión, Zimbabue sigue obteniendo malas puntuaciones en comparativa con otros países.
La aplicación de restricciones ante la covid-19 ha ofrecido la excusa perfecta para reprimir la libertad de expresión en línea, tal y como demuestra la Orden de Salud Pública de 2020, que “penaliza la información falsa”. Esto coloca a Zimbabue en la misma situación que Sudáfrica: la incapacidad para definir qué delitos se enmarcan bajo este reglamento.
El estudio también afirma que el Gobierno de Zimbabue “ha sido sospechoso de patrocinar torturas, secuestros y, a veces, desapariciones” de personas críticas con el régimen. Un ejemplo de esto es Itai Dzamara, quien tras sus abiertas críticas al Gobierno fue secuestrado el 9 de marzo de 2015, continuando en paradero desconocido desde entonces.
Tal y como se ha podido ver, las legislaciones y los pagos impuestos en algunos países por licencia y acreditación de periodistas y blogueros paralizan el derecho a la información, hecho que repercute directamente en la libertad de expresión. El resultado de ello es la eliminación de la disidencia y “un efecto paralizante en el libre flujo de ideas y de discursos”, concluye la AfDec.
Nerea de Ara
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