Sabor agridulce en la sentencia del caso de Silvia, la mujer migrante golpeada por ertzainas


El pasado 30 de noviembre, después de 5 años de calvario judicial, se hizo pública la sentencia por la que se condenaba a seis meses de prisión a un ertzaina por propinar varios puñetazos a Silvia, una mujer migrada y racializada mientras estaba detenida ilegalmente en los calabozos de la comisaría de Getxo. 

Además de la pena de prisión, la Sección Primera de la Audiencia de Bizkaia  le impone al agente el pago de una multa de tres meses a razón de diez euros por día (900 euros) y el deber de indemnizar a Silvia con 12.400 euros por el daño moral causado. Seguro esta sentencia no logra recuperar el daño, la impunidad, el abuso de poder, la desigualdad que ha sufrido, pero es un pequeño paso. 

Al mismo tiempo, la sentencia aplica el Protocolo de Estambul, formulario que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes condenando al ertzaina por un delito contra la integridad moral de la víctima, o lo que es lo mismo, por maltrato.  



Desde SOS Racismo Bizkaia creen que se ha dado un paso en el reconocimiento de la violencia policial -de carácter racista  y machista-. Aunque conocen que la sentencia no es firme, y que las fuerzas de seguridad públicas vulneran constantemente los derechos fundamentales de las personas que “deberían” proteger, como atestiguan las denuncias que llegan a ellos. Según la organización el caso de Silvia es un claro ejemplo de las desigualdades  que enfrentan las personas migradas y racializadas en este sistema racista y machista.

Por otro lado, la Audiencia de Bizkaia ha impuesto a Silvia una multa de tres meses a razón de seis euros por día –unos 540 euros– como autora de un delito de desobediencia a agentes de la autoridad. ¿Delito de desobediencia? ¿Dentro de los calabozos? ¿Por intentar tomar su bolso? 

SOS Racismo Bizkaia recuerda que Silvia no merece ninguna condena, especialmente después de haber enfrentado las dificultades derivadas de su detención ilegal en las afueras de un supermercado, un incidente denunciado pero no investigado, y haber soportado la impunidad de los agentes policiales, el encubrimiento, los testimonios falsos y la revictimización. Se hace hincapié en su sometimiento a una solicitud de condena de 7 años y multas considerables por parte del Gobierno Vasco. Más de 5 años de espera por justicia han implicado un desgaste emocional considerable, llevando el peso de haber sido maltratada debido a su condición de mujer, migrante y racializada. ¿Podrá esta sentencia reparar algo?

Silvia tomó la decisión de luchar por la justicia, asumiendo el riesgo de enfrentar acusaciones desproporcionadas y sin fundamento que, sin las pruebas de las cámaras, nadie habría creído. A pesar de contar con esta evidencia, se vio obligada a defenderse de graves imputaciones de resistencia y atentado en el tribunal. Ella representa la valentía, pero también refleja la dura realidad que explica por qué muchas personas optan por no denunciar el racismo policial: el desgaste emocional, el tiempo, la exposición y la criminalización, sobre todo luchar contra la institución, no son fáciles.

Silvia ha demostrado valentía, coraje y una determinación inquebrantable durante este difícil proceso de enfrentamiento a una poderosa opresión, apoyada por diversas personas y organizaciones a lo largo de este tiempo.


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