sábado, diciembre 21

La responsabilidad de la Corona española en la trata de esclavos


En la larga crónica de la historia de la humanidad, pocos capítulos resultan tan ignominiosos y repugnantes como la época de la esclavitud. Si bien es verdad que el comercio de esclavos tiene raíces ancestrales en la historia de la humanidad, perdurando hasta tiempos modernos en diversas formas de servidumbre, el negocio esclavista alcanzó su apogeo en los siglos XVI al XIX.

En el contexto del África subsahariana, la trata de esclavos se erigió como la calamidad más devastadora de la era moderna. A lo largo de la costa africana, se establecieron factorías de esclavistas, siendo los portugueses los pioneros, aunque pronto los holandeses, franceses e ingleses se unieron a esta brutal explotación del ser humano por su semejante. Incluso los españoles, ya sean como contrabandistas o en respuesta a solicitudes puntuales de las autoridades coloniales, participaron en esta nefasta empresa, con la condición de que los esclavos fueran receptivos a la fe cristiana, excluyendo a musulmanes y judíos, pero aceptando a negros de Guinea y otros territorios africanos.

A partir de 1517, se autorizó el tráfico de personas esclavizadas negras mediante Reales Cédulas que permitieron su introducción en La Española, Cuba, Puerto Rico y Jamaica, extendiéndose luego a México, Centroamérica y Perú, bajo un sistema supuestamente «controlado». La península, en teoría, mantuvo cierta distancia de esta infamia, amparándose en autorizaciones legales que encubrían numerosas actividades ilegales. Lo cierto es que la metrópoli nunca dejó de participar en esta explotación, ya fuera de manera legal o clandestina, aunque tolerada.



La esclavitud se introdujo en la Corona en tiempos de los Reyes Católicos mediante el Tratado de Alcaçovas, que autorizó la venta de personas esclavizadas en el Reino, incluyendo a guanches y, posteriormente, moriscos de las Alpujarras granadinas. Esto tenía un mercado para jóvenes guanches y moriscos de piel blanca, quienes eran empleados en trabajos domésticos y otras actividades. A pesar del Tratado de Tordesillas de 1494, que prohibió el comercio directo de esclavos en las colonias desde las costas africanas, las personas esclavizadas comenzaron a llegar a las islas del Caribe para reemplazar a la población indígena que había sido diezmada por las epidemias y la violencia. Esto fue a pesar de que la esclavitud seguía siendo ilegal según el tratado.

Cuando los Borbones llegaron al poder, los esclavistas abandonaron cualquier pretensión de moralidad y España se sumió profundamente en este comercio inhumano, aunque bajo un monopolio real. Felipe V fue el primer Borbón en participar en este negocio inmoral. Estableció un contrato lucrativo con la Real Compañía de Guinea, convirtiéndose en socio del rey de Francia, Luis XV, quien compartía el 25% de los beneficios de la empresa esclavista. A pesar de estas transacciones, los barcos que transportaban a las personas esclavizadas debían ser católicos, al igual que la tripulación, para asegurar que los cautivos, si no llegaban a América, al menos podían morir dentro de la Iglesia Católica.

La sociedad con Luis XV terminó con el Tratado de Utrecht, pero esto no disuadió al Rey hispano ni a sus sucesores de continuar con este negocio criminal. Crearon la Compañía de Comercio en colaboración con Inglaterra, lo que llevó al secuestro de aproximadamente 150.000 personas, muchas de las cuales fueron asesinadas durante la caza. Estas personas fueron vendidas esclavizadas en subastas públicas en las colonias españolas, en una operación que compartía beneficios con Ana Estuardo, la reina de Inglaterra. Las leyes establecidas con respecto a la compañía mencionada anteriormente no aplicaban a los ingleses, ya que no eran católicos, lo que llevó a cambiar las cláusulas. Los ingleses implementaron un proceso de selección minucioso, marcando a los esclavos con hierros candentes con los sellos del rey de España y la compañía inglesa, una compañía en la que Ana Estuardo y varios lores ingleses eran socios mayoritarios, independientemente de su afiliación religiosa.

Los grandes colonos españoles, representantes de las empresas de la época, presionaron para obtener vía libre en el tráfico de esclavos, a pesar de que el Tratado de Tordesillas lo prohibía. Con la Revolución Francesa, comenzó a surgir una conciencia global sobre el crimen que representaba la esclavitud. La Asamblea Francesa votó en 1794 a favor de la abolición de la esclavitud en las Antillas Francesas, y Dinamarca siguió su ejemplo. Inglaterra, por su parte, prohibió el comercio de esclavos en 1807, aunque no fue hasta 1832 que se abolió la esclavitud en sus colonias.

A pesar de las presiones y tratados internacionales, los Borbones continuaron persiguiendo sus intereses en la trata de esclavos. La abolición de la esclavitud en Puerto Rico tuvo lugar durante la Primera República Española, pero en Cuba no se abolió hasta 1886. Vale mencionar que la mayoría de los grandes bancos españoles se fundaron con el dinero recibido como indemnización a los esclavistas de Cuba y Puerto Rico. En última instancia, España fue el último país en abolir la esclavitud.

La Corona basa su legitimidad en una herencia histórica. La vinculación histórica, en este caso, debe hacerse con TODO el pasado y asumir una responsabilidad con los crímenes cometidos.

Hoy sería un gran día para pedir perdón por la esclavitud.



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