El execrable asesinato que acabó con la vida de un joven de 19 años en la localidad granadina de Íllora, vuelve a traernos los mismos hechos, casi calcados, sucedidos en julio pasado en Peal de Becerro (Jaén).
Los progromos antigitanos son una constante en toda Europa. El castigo colectivo, una herramienta racista que se ha utilizado desde siempre, ha vuelto a aparecer, no solo como un elemento de ejemplarizar y vengar, sino como excusa para realizar una limpieza étnica en los lugares donde han sucedido los hechos.
Los progromos antigitanos siempre han sido un elemento de control de la población gitana en Europa. El racismo que impregna nuestra sociedad no tolera a los gitanos y la vinculación que se hace de gitano y delincuencia tiene su origen en este racismo secular.
Varias casas de familias gitanas han sido destruidas en Íllora, al igual que lo fueron en Peal de Becerro, como castigo colectivo a una comunidad. Se culpabiliza y amedrenta con la destrucción de sus hogares a toda una etnia, no en busca de una supuesta justicia, sino con el objetivo de»limpiar» las poblaciones de elementos ajenos a la blanquitud.
Los linchamientos en el Sur de Estados Unidos tenían el mismo objetivo. Limpiar étnicamente las poblaciones y mantener a los negros que quisieran quedarse, controlados y atemorizados. Así lo mismo sucedía con los judíos en la Rusia zarista, convertidos en chivos expiatorios periódicamente. Solo hacía falta una chispa que encendiera la llama. Es curioso que hoy el Estado de Israel utiliza el castigo colectivo como arma contra el pueblo palestino, no solo manteniendo a la población en enormes guetos gigantescos, sino castigando destruyendo sus hogares a los familiares de los detenidos por atentados o acciones militares. Así de nuevo el castigo colectivo se convierte en herramienta de limpieza étnica.
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La inacción de las autoridades para evitar lo que está sucediendo en Íllora nos hace pensar que comprende y apoya el vandalismo astigitano que se ha desatado. Preocupa el silencio del Ministerio de Igualdad, del CEDRE y de Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial.
Quién sí ha actuado ha sido la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali que en un comunicado ha condenado los hechos de Íllora, manifestando su apoyo a la familia de la víctima pero rechazando los destrozos acometidos en viviendas de familiares de los sospechosos de la agresión y en vehículos próximos a las mismas.
La asociación ha denunciado por escrito a la Fiscalía Provincial de Delitos de Odio de Granada para que inicie las investigaciones pertinentes para dirimir posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse «del accionar de un grupo minoritario de vecinos que, aprovechando la concentración pacífica convocada en repulsa por la muerte violenta del joven de 19 años, procedió presuntamente a atacar las propiedades de familias gitanas del pueblo». «Estos hechos nos recuerdan acciones violentas del pasado que merecen nuestro más absoluto y contundente rechazo», indica la entidad.
Y mientras el alcalde de la localidad ha explicado que el Ayuntamiento recoge firmas para que no vuelvan a suceder hechos como los que acabaron con la vida del citado joven de 19 años, Fakali dice que la «intención» de la recogida de firmas es «expulsar a toda la familia de los supuestos asesinos!.
La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas recuerda en dicho escrito ante la Fiscalía, que, con la reciente modificación del Código Penal, se incluye el concepto de antigitanismo como agravante en la comisión de ilícitos penales y también como elemento motivador de los delitos de odio, por lo que entiende que ello «justifica una investigación de los graves sucesos ocurridos en la noche de este pasado lunes desde esta perspectiva».
Del mismo modo, se solicita a la propia Fiscalía de Delitos de Odio de Granada que revise de manera concienzuda los comentarios que han aflorado en redes sociales sobre estos lamentables hechos, unos comentarios «llenos de insultos, vejaciones y amenazas dirigidos a los gitanos y a las gitanas que, de ninguna manera, pueden ni deben estar protegidos por el derecho a la libertad de expresión».
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