El caso de Mohamed Said Badaoui, la islamofobia de estado y esa parte del Gobierno

Mohamed Said Badaoui lleva desde el día 21 de octubre detenido en el CIE de Zona Franca, pendiente de su expulsión por una orden firmada el pasado 14 de septiembre por el Secretario de Estado de Seguridad, que en base a unos «informes policiales» que le acusaban de haberse «radicalizado» y suponer un peligro para la seguridad nacional.

El lunes día 31 de octubre, la Audiencia Nacional denegó el recurso de reposición interpuesto por su abogado contra la primera denegación de suspensión cautelar de la expulsión y ahora permanece pendiente de un nuevo recuerdo, esta vez ante el Tribunal Supremo, para intentar frenar su envío a Marruecos, de donde es originario.

Badaoui lleva 30 años residiendo en Catalunya, y es vecino de Reus, donde articula como activista a la comunidad musulmana, siendo un importante agente de la relación entre comunidades. Todo el proceso se desencadenó cuando inició los trámites para solicitar la nacionalidad española, a la que tiene derecho.

Este es uno de los casos más escandalosos de islamofobia de estado y racismo estructural de los últimos años. La orden de expulsión impide que Badaoui pueda defenderse de las graves acusaciones que se le imputan ante un tribunal, aplicándola una deportación exprés que se salta todos los fundamentos mínimos de derecho y de decencia. El derecho a la defensa es una de los principios básicos de las llamadas democracias liberales, pero no existe si eres exranjero.

Se supone que este estado, el español, es social y de derecho, pero en base a unos presuntos informes policiales, y aplicando una suerte de paralegalidad que propicia la ley de extranjería, se salta todas las normas efectivas de las que se presume tanto en la Unión Europea.

SUSCRÍBETE A PREMIUM AFROFÉMINAS

No se entienden muchas cosas que suceden en torno a este caso. No se entiende la celeridad con que pretenden expulsar a un ciudadano que lleva viviendo 30 años en el estado. No se entiende el desinterés de algunas organizaciones de derechos humanos, que parece provocado por la islamofobia. No se entiende que un ciudadano con residencia permanente otorgada por el estado se le mantenga en un CIE. No se entiende que partidos que forman parte de este gobierno, que colabora con la expulsión, luego acudan a visitarlo al CIE.

El mensaje que se está mandando desde las instituciones a la ciudadanía de origen extranjero, en particular a los musulmanes, es siniestro y peligroso. Apelamos a esa parte del Gobierno más sensible ante el racismo, que por razones inexplicables, no está haciendo más retuitear algún mensaje o poner alguna historia en Instagram.

Hay instituciones, del propio Gobierno, que deben estar YA trabajando para que esto se paralice de una vez. Pusimos muchas esperanzas en esos organismos oficiales cuando cayeron en manos de personas cercanas al antirracismo. Hoy es la hora de demostrar que tienen alguna utilidad.

Mientra los grandes medios van perdiendo interés y las posibilidades que se tiene desde las pequeñas organizaciones de frenar la expulsión se alejan.

Afroféminas