El pasado 27 de abril, la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) acusó a Israel de estar practicando políticas de apartheid y persecución sobre los ciudadanos palestinos tipificadas como crímenes contra la humanidad, convirtiéndose en el primer organismo internacional de Derechos Humanos en aseverar tales acusaciones. Sostiene la organización que Israel mantiene “un draconiano régimen militar mientras los colonos de los asentamientos israelíes gozan de plenos derechos conforme a la legislación civil” y es responsable de “negarles a millones de personas, por el solo hecho de ser palestinos y no judíos, sus derechos humanos sin que exista una justificación legítima de seguridad”.
Una de las acciones más violentas ha sucedido en el barrio árabe Sheikh Jarrah, construido fuera de las murallas otomanas. Allí viven refugiados palestinos que fueron expulsados por milicias sionistas en 1948 y hoy se encuentran 28 familias amenazadas por un posible desahucio, lo que ha incrementado la tensión en el conflicto israelí-palestino. El desalojo daría potestad para entregar esas viviendas a colonos hebreos, lo cual ha incrementado desde 2001 de forma vertiginosa en un intento de Israel por judaizar la zona.
La demolición de viviendas árabes, la expulsión de familias palestinas de sus casas o la expropiación de tierras, a menudo mediante la presentación de documentación falsificada que acreditaría su compra por los judíos, según aseguran los vecinos del barrio. Todos estos sucesos, que han venido repitiéndose en los últimos años, tienen como único objetivo mermar la población palestina a favor de la judía, para cambiar la demografía en una proporción 70-30 a favor de los primeros y en detrimento de la población palestina. Es por eso por lo que numerosas organizaciones han denunciado estos actos como una estrategia de limpieza étnica, motivada por la ultraderecha israelí, representada en grupos como Elad, acrónimo hebreo de “A la ciudad de David”.
Jerusalén sería, precisamente, el principal foco de esta limpieza étnica, pues desde el año 2000 se han derribado una media de 80 viviendas cada año en la parte este de la ciudad. De hecho, hace unos días veíamos como se impedía el acceso, cerrando la puerta de Damasco, a la Explanada de las Mezquitas en Al Quds a los palestinos por parte de las milicias israelíes, alegando limitaciones de reunión por la situación de la pandemia en pleno Ramadán, lo que desencadenaba una ola de protestas y ataques militares, que se cobraba decenas de vidas y centenares de heridos. Esta violencia ha llegado hasta la Franja de Gaza, donde en estos días se han sucedido los bombardeos entre una y otra parte, con la muerte de centenares de personas.
La estrategia colonialista israelí viola los derechos de los palestinos reconocidos por la Naciones Unidas sobre parte de Jerusalén, que se considera territorio de administración internacional. Los colonos judíos, además, se encuentran armados y protegidos por soldados de las fuerzas de ocupación, con represión hacia la población árabe local. Esta política ha sido criticada incluso por los propios judíos, que ven en ello una violación a su propia religión.
La pretensión de Israel sería resucitar el Gran Israel siguiendo el Genesis 15:18, donde dice que “hace 4.000 años, el título de propiedad de toda la tierra existente entre el Río Nilo de Egipto y el Río Eúfrates fue legado al patriarca hebreo Abraham y trasferida posteriormente a sus descendientes”.
Se habla de apartheid basándose en una situación en la que se controla el tráfico de población en Cisjordania con un sistema de identificación, de establecimiento de asentamientos y carreteras diferentes para israelíes y palestinos, la ley de casamientos excluyente o las desigualdades en servicios básicos, así como las diferencias legales entre un grupo y otro. Todo ello nos hace recordar la situación que se vivió en Sudáfrica entre 1948 y 1992. Por eso ahora se traslada el término hasta Palestina.
Es verdad que algunos críticos sostienen que la diferencia con Sudáfrica radica en que esta sostuvo sus políticas de segregación racial recogidas en la ley, mientras que la ley israelí es igual para todos, en teoría, y la población tiene la misma ciudadanía, pero esto, en realidad, no aplica a la Palestina ocupada, pues la población de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este no tienen ciudadanía israelí ni derecho al voto. Y, aunque la ley no cree distinciones, sí que privilegia a los judíos frente a quienes no lo son.
Uno de los ejemplos más claros de limpieza étnica lo encontramos en el Cementerio de Mamilla. Allí entre noviembre de 2008 y abril de 2009 desaparecieron cientos de restos humanos. “Lo han llamado excavación arqueológica pero en realidad es una limpieza, una forma de borrar el pasado musulmán. Se trata de judíos contra árabes”, comentaba al respecto el arqueólogo Guideon Sulimani. El fin de Israel no sería otro que eliminar los lugares históricos y de culto palestino, como forma de hacer desaparecer la memoria de este pueblo.
A ello habría que sumar el Muro de Cisjordania que incluiría aproximadamente el 10% del territorio de Cisjordania, incluida Jerusalén Este y donde, aproximadamente, unas 60.000 casas palestinas podrían ser demolidas al carecer de permisos oficiales.
Otras formas de atacar y minar a los palestinos se producen a través de la escasez servicios básicos como el agua, pues, según un informe del Banco Mundial, en los asentamientos israelíes en Cisjordania se queda el 80% de agua dulce disponible, a pesar de que en proporción estos solo suponen un 15% de la población de ese territorio. También en materias educativas, por ejemplo, hay desigualdades, como ocurría en Sudáfrica, ya que las escuelas con alumnos judíos representan un 30% más que las de alumnos con origen palestino y en ninguna de las universidades de Israel se enseña en árabe, pero sí en hebreo e inglés.
En ese marco, la idea de los dos Estados es simplemente una farsa. La colonización de Al Quds expresa así una política de limpieza étnica. Y es por ello que diversas personalidades, entre ellas el expresidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D’Escoto Brockmann, la periodista Naomi Klein y el parlamentario británico Gerald Kaufman, que pedían públicamente sanciones contra Israel por las políticas de apartheid. Mientras que Israel responde a estas acusaciones con la censura, ya que cientos de mensajes críticos con la violencia ejercida por la policía de Israel desaparecieron de distintas redes sociales. Y esto no solo sobre los mensajes de usuarios palestinos, sino que también afectan de activistas de todo el mundo que utilizan las redes sociales para crear conciencia sobre la grave situación en Sheikh Jarrah. Lo cual demuestra una inequívoca complicidad entre Israel y las empresas de redes sociales.
En 1973 la ONU adoptaba la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (ICSPCA), definido como “actos inhumanos cometidos con el propósito de establecer y mantener la dominación por un grupo racial (…) sobre otro grupo racial (…) y oprimiéndolos sistemáticamente”. Casi treinta años más tarde, en 2002, el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incluía en el crimen de apartheid la tortura, el asesinato, la transferencia forzosa, la prisión o la persecución de un grupo identificable de discriminación política, racial, nacional, étnica, cultural, religiosa o de otra índole “cometida en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y dominación por un grupo racial sobre cualquier grupo o grupos raciales y cometida con la intención de mantener ese régimen”.
Esto es, precisamente, lo que denuncian asociaciones como Amnistía internacional, que sostiene que en Cisjordania se están produciendo asesinatos contra palestinos que no están siendo juzgados y que los palestinos detenidos sufren largos periodos de tortura y malos tratos que nadie investiga. Ya abordamos hace unas semanas el caso de Juana Ruiz, la cooperante española en Palestina encarcelada por el estado israelí el 13 de abril y acusada de “pertenencia a organización ilegal”, que pasó varias semanas en prisión sin juicio y sin conocer siquiera sus cargos.
Por ello es vital que la comunidad internacional reconozca esas políticas y las condene, además de que no contribuya a la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad. Según HRW los países deberían condicionar la venta de armas y la asistencia militar y de seguridad a Israel para poner fin a la comisión de estos crímenes, como hacía Portugal hace unos días, cerrando su espacio aéreo a aviones que portaban armas hacia Israel y que posiblemente hubieran sido usadas contra civiles inocentes. También deberían examinar los acuerdos, los planes de cooperación y todas las demás formas de comercio y diplomacia con Israel para detectar aquellas que contribuyan directamente a la comisión de los crímenes, mitigar los impactos sobre los derechos humanos y, cuando ello no sea posible, poner fin a las actividades y a la financiación que facilita la comisión de estos graves crímenes.
Natalia Ruiz-González
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
[…] https://afrofeminas.c.wetopi.com/2021/05/20/por-que-es-apartheid-lo-que-esta-sucediendo-palestina/ […]