Hablamos con Antumi Toasijé que desde octubre de 2020 es el presidente del Consejo para la Discriminación Racial o Étnica de España (CEDRE). Este organismo está adscrito a la Dirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial del Ministerio de Igualdad. Recientemente ha mostrado su disconformidad con la ley de Igualdad que se está tramitando en el Congreso ya que no recoge algunas de la reivindicaciones históricas de los movimientos afro y antirracistas.
Antumi Toasijé es historiador y activista panafricanista, especializado en temáticas relacionadas con la cultura africana de la resistencia, la filosofía política panafricana, el racismo y la exclusión social. Ha sido director de la revista africana Nsibidi y de la Revista de Migraciones de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes en Baleares. Además, es autor de diversos trabajos académicos y divulgativos, incorporados en universidades de todo el mundo.
El CEDRE fue creado en 2007. Con anterioridad a esa fecha, ¿no había hecho falta en España contar con un Consejo de estas características o no existía la concienciación suficiente sobre el tema?
No había concienciación de ninguna clase y España tampoco lo hubiera creado: lo hizo porque lo obligó la Unión Europea. La directiva de la UE le impuso implementar este Consejo y otras disposiciones recogidas en la Ley 62/2003 sobre, por ejemplo, acción positiva y otras cuestiones que no se han implementado por falta de regulación. España hizo todo esto a regañadientes, porque ya sabemos que aquí la cuestión del racismo no interesa. Y más siendo 2007, donde se consideraba que ni siquiera existía el racismo.
¿Considera que actualmente se le da a este órgano la relevancia adecuada dentro del panorama político?
Hasta mi llegada, podría decir que quizás no. Soy la primera persona afrodescendiente con esta responsabilidad, lo que da una nueva perspectiva al organismo. Antes era la misma situación que si un consejo contra el machismo lo llevasen hombres. Además, el organismo también ha estado muy parado porque dependiendo del lado político importa este tema más o menos, aún con el desinterés general que hay. Mientras ha estado gobernando el Partido Popular, no se avanzó. Pese a esto, se trata de un Consejo con grandes atribuciones: coordina ministerios, ONG, sindicatos… En definitiva, tiene cierto peso. Que se le haya reconocido este peso o no, ya es otra cuestión.
Fue nombrado presidente en a finales del pasado año. ¿Con qué expectativas encaró el cargo?
Viniendo de los movimientos sociales y el activismo, aparte de mi profesión como historiador, tenía unas expectativas muy amplias sobre lo que se podía hacer, pero me he dado cuenta de que hay que mantener equilibrios y tener cuidado con ciertas cuestiones. Se debe coordinar a muchas personas con diferente signo político e intereses, por lo que al final, de treinta propuestas que se proponen igual solo salen adelante dos. Este cargo no se puede comparar con el activismo, ya quisiera yo que fuera así, pero aun así se avanza.
Tras varios meses como dirigente, ¿cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo?
El órgano en sí mismo tiene unos procedimientos que quiero que se aceleren. Entre ellos está el de hacer recomendaciones al gobierno y las instituciones. Quiero que haya una mayor intensidad, pero estas gestiones requieren informes e investigaciones previas para tener cierto rigor. Me gustaría aligerar este proceso para, al menos, emitir una recomendación cada tres meses, de forma que el gobierno y las instituciones las tengan. Luego otra cosa es que sigan esas recomendaciones, pero que al menos las tengan.
En segundo lugar, me interesaría hacer incidencia en la educación, sobre todo, en la educación secundaria y en la universidad para atajar el racismo en esos ámbitos, a través de protocolos de actuación frente al acoso racista, contenidos y que haya una mayor diversidad en el profesorado. No es posible que en muchos sitios de España se perciba el islam como algo antagónico, la presencia afro como un hecho reciente o que se invisibilicen las aportaciones del pueblo gitano.
Hay muchas cosas por hacer. El racismo es una cuestión estructural y, por lo tanto, institucional. Hasta ahora se ha venido tratando como un tema perteneciente a grupos desorganizados o ideologías extremas, sin entender que realmente permea a todos los ámbitos de la sociedad, generando problemas en el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, violencia policial… Quiero que el Consejo tenga una base social más amplia y más vinculada a los movimientos antirracistas, a los grupos poblacionales que somos los que realmente sufrimos esta problemática.
“La ley de Extranjería actual permite expulsar a una persona inmigrante que denuncia un hecho delictivo”
Según un estudio presentado por el CEDRE a principios de año, el 81,8% de personas encuestadas no denuncian los tratos discriminatorios por cuestiones de raza. El principal de los motivos, tal y como se recoge en los datos, es por desconfianza en la utilidad de dichas denuncias. ¿Cómo trabaja su Consejo para paliar este hecho?
La ley de Extranjería actual permite incoar un expediente de expulsión a una persona que denuncia un hecho delictivo, lo que es un problema muy grande. Hay que entender que con esto no solamente hablamos de racismo: estamos diciendo que una persona que esté en situación irregular no puede denunciar un delito porque se arriesga a ser expulsado de España. Hoy en día no hay esclavización legal, lo que hay son personas casi sin derechos que no pueden quejarse porque se arriesgan a la deportación. A mí me encantaría invitar a todo el mundo a denunciar, pero hay que ser realista con esta situación y con el hecho de que existen muchísimas resistencias en sectores políticos para cambiarla.
Lo que sí es cierto es que la gran mayoría de personas que han sido acompañadas por el Servicio de Atención u Orientación a Víctimas de la Discriminación Racial o Étnica, comentan que, aunque sus denuncias no hayan prosperado, volverían a hacerlo si se encontrasen en una situación similar. Con lo cual, la experiencia de denunciar no es totalmente negativa.
Lo que estamos haciendo para combatir este hecho son campañas de concienciación, ya que hay grupos de personas que manifiestan no saber que determinadas conductas que han sufrido son denunciables. En estas campañas, se muestran ejemplos concretos. De hecho, el CEDRE ha sido el primer organismo público que se ha posicionado contra las redadas policiales por discriminación racial. Estamos abriendo puertas y cambiando paradigmas en este sentido.
¿Qué implicaciones ha tenido la covid-19 respecto a las tendencias racistas en España?
Hay que dejar claro que el racismo lleva ahí mucho tiempo y no es la pandemia la que lo trae, pero sí que ha supuesto un ascenso en las tendencias racistas. Hay actores políticos muy irresponsables, particularmente entre la ultraderecha, que generan mensajes apocalípticos que hacen que sectores de la población, predispuestos a aceptar y difundir estos mensajes, actúen de manera agresiva. Esto ha generado acoso y ataques en medios de comunicación que han hecho que, por ejemplo, un colectivo como la comunidad asiática que no había sufrido esa intensidad de ataques, ahora los padezcan en mayor medida.
Todo ello se une al crecimiento de la ultraderecha que ha enaltecido el fenómeno, haciendo que ahora muchas personas se declaren abiertamente como racistas. Ya había antes gente con estos pensamientos, pero que los expresaran en público era raro. Ahora bien, que haya partidos que normalicen esos discursos genera que la población se desboque y aumenten las agresiones contra migrantes, menores no acompañados y personas no blancas, sean españolas o extranjeras.
“El racismo forma parte de la estructura del sistema capitalista”
Aprovechando que nombra el tema migratorio, en una entrevista para Público comentó que no cree que estas salidas sean la solución para África, ya que la problemática reside en la coyuntura local, siendo necesario un cambio desde ahí. ¿Cómo podría contribuir España en este cambio?
España y Europa tienen que dejar de explotar al continente africano como lo están haciendo. Se están firmando acuerdos de extracción de materias primas que no revierten en la población, sino que retiran los recursos de África y no devuelven nada más que divisas, que son consumidas por las élites del continente y no llegan a la población. Europa no tiene ningún interés en que esto cambie, porque si la situación económica en África evolucionara y las naciones africanas reclamasen un pago justo por sus materias primas, se generarían problemas en el estado de bienestar europeo.
Las migraciones son una consecuencia de este proceso y se asumen como un mal derivado de todo ello. Por otra parte, falta información en África sobre como es la vida aquí, porque hay una visión errónea. Muchas personas invierten gran cantidad de dinero en el proceso migratorio irregular, mucho más que en un viaje regular. Si pudieran divisar lo que les va a ocurrir en Europa, destinarían esos ahorros a intentar crear negocios locales y seguramente les iría mejor. Pero no se puede culpar a nadie por tomar estas decisiones porque hay un factor en todo esto del que no se habla y es quizá el más importante: el diferencial económico. El euro en África tiene un alto valor. Entonces, aunque vengan aquí y obtengan un sueldo bajo, si pueden emitir remesas a los países de origen eso supondrá grandes ingresos allí. El sistema financiero internacional forma parte de la tragedia que está sucediendo y también lo forman los empresarios que buscan mano de obra migrante sin derechos, vulnerable y explotable para maximizar sus beneficios.
¿Pueden tener fin las actitudes racistas en España?
Siempre habrá grupos de personas con actitudes equis o zeta. Pero si se diesen las condiciones culturales y políticas para que la sociedad se concienciase de que hay que atajar este problema, junto a medidas legislativas fuertes y acción educativa, avanzaríamos muchísimo. Por ejemplo, como ha ocurrido en materia de machismo. Obviamente, respecto a este tema también hay aún mucho que hacer, pero basta ver una película o anuncio de hace treinta años y compararlos con los de ahora para ver lo que ha cambiado la situación.
También hay que decir que el racismo forma parte de la estructura del sistema capitalista en el que vivimos. Por lo que también tendrán que cambiar muchas cosas a nivel internacional. Es por eso por lo que soy panafricanista: hay que hacer la lucha contra el racismo en un nivel local, porque les debemos a las generaciones futuras haber hecho algo por dar lugar a un mundo mejor, pero considero que el gran trabajo a hacer está en el continente africano, para que se empodere y demande los derechos de la población afrodescendiente en cualquier país. Lo que se está haciendo en la actualidad con la población africana no se puede hacer con la francesa o la estadounidense, ya que son naciones fuertes. África, unida políticamente, también debe serlo.
“Los partidos políticos no pueden pretender hacer ver que la ley de Igualdad la han inventado ellos”
El pasado 16 de febrero se realizó en el Congreso la votación de la proposición de ley para la Igualdad de Trato y no Discriminación, conocida como ley Zerolo e impulsada por el PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, la formación liderada por Pablo Iglesias decidió abstenerse por discrepancias con los socialistas. Según han declarado desde Podemos, el pacto con el PSOE incluía medidas sobre los colectivos LGTBI y trans que no han sido recogidas finalmente. La formación violeta ha calificado este hecho de “desleal”.
Respecto a lo acaecido la semana pasada en el Congreso sobre la ley Zerolo, a través de Twitter manifestó que una de las razones por las que no acudió a la votación fue porque “es deficitaria y no incluye las demandas afro”. ¿Cuáles son estas demandas?
Desde el año 2005, hay un proceso que se inició con un congreso panafricano donde se recogieron las demandas de la comunidad afro, es decir, lo que se exigía a las instituciones. De aquí salió un paquete de medidas que fue llevado al Parlamento y acabó en una proposición no de ley en 2010, donde se reseñaban algunas de ellas. La ley de Igualdad se venía gestando por parte de los partidos políticos como una normativa general para todas las comunidades sociales. En el caso de la afro, había demandas de reparación: queríamos que la ley de Memoria Histórica incluyese el colonialismo y la esclavización, añadir las luchas esclavistas en la educación, renombrar calles, reformar la ley de Extranjería… También buscábamos que se equiparase a las víctimas del racismo con las del terrorismo, ya que hasta hace poco no se quería reconocer que los crímenes racistas tienen un componente político, como es el caso del supremacismo blanco. El supremacismo blanco también es una forma de terrorismo. En general, demandábamos que hubiese un reconocimiento público de todo esto ya que, por ejemplo, la monarquía española durante siglos se nutrió de la esclavización. Hay que saber que gran parte de la riqueza de la corona española viene de ahí, y aún no ha habido ningún acto oficial de petición de perdón.
Además de esto se ha diseñado una autoridad de lucha contra el racismo designada por el Gobierno, lo que es problemático porque cuando haya un grupo en el poder con ideología de derecha o que no de mucha importancia a estos temas, no hará nada. Estamos reclamando que esta autoridad sea elegida por el Parlamento.
En definitiva, la ley es deficitaria en muchos aspectos. Ha habido un movimiento político poco grato por parte del PSOE hacia su socio de gobierno porque, aunque este tampoco recogía todo lo que solicitamos, sí que ampliaba considerablemente la propuesta. Hay aquí un problema de querer atribuirse el mérito de una ley que viene de la sociedad civil, las ONG, los colectivos activistas y muchos otros actores. Los partidos políticos son una figura más, no pueden pretender hacer ver que la han inventado ellos.
¿Por qué considera que estas medidas finalmente no se han tenido en cuenta?
Hay que ser conscientes de que los partidos de izquierda saben que parte de su electorado, aunque sea de izquierdas, es racista también, como gran parte del electorado de derechas. Y no quieren molestar a esta parte racista con medidas igualitarias. Esto genera resistencia frente a cuestiones que en el fondo son de beneficio para todo el mundo, ya que si se persiguiera adecuadamente la violencia policial en general no pasaría, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Linares. En otras palabras, si hubiera por un lado más criba y más procedimientos para detectar a las personas violentas dentro de los cuerpos de seguridad y expulsarlas, y por otro se incluyeran en su formación obligatoria materias de antirracismo y otros aspectos de los Derechos Humanos, se beneficiaría a toda la sociedad.
Pero como no se tiene la conciencia sobre esto y existe la fantasía, por parte de algunas personas, de que algún día se podrá expulsar a todas las poblaciones migrantes de golpe de Europa, se generan resistencias en la sociedad. Resistencias que vienen dadas por mitos como que el migrante es un competidor contra trabajadores locales o que toda persona afro tiene que ser necesariamente migrante. Y todas estas repulsas culturales y políticas repercuten en los partidos de izquierda.
Entonces, ¿lo que hace falta es incidir en la educación para acabar con estos mitos?
No lo reduciría solo a educación. También tiene que haber una concienciación política sobre que los derechos, aunque los reclame un colectivo concreto, son para toda la humanidad. En cuanto se abran las mentes respecto a que no hay un ellos y nosotros, se podrá avanzar.
¿Tiene esperanza en que, tras las próximas conversaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se pueda llegar a un consenso justo para todos los colectivos, incluida la comunidad afro?
Si quieren entrar a considerar lo que yo les pueda transmitir, como representante del CEDRE, ahí se incluirán. La tramitación de esta ley va a ser más larga de lo que se piensa, van a ser años. En este proceso sería bueno que los borradores se socialicen, de forma que las comunidades afro, el pueblo gitano, las personas de origen asiático, las personas con origen en Abya Yala (el continente eurocéntricamente conocido como América), los grupos no blancos españoles y no españoles, puedan conocer lo que se debate y hacer presión social para que sus demandas se tengan en cuenta. Por tanto, debe haber un empuje social para que los partidos políticos se tomen este proceso en serio.
Nerea de Ara
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