El Gobierno de Canarias adjudicó un contrato de 4.000 euros en 2024 a Rudy Ruymán, el ultraderechista, actualmente denunciado por incitación al odio, para impartir charlas en institutos sobre el «buen uso de las redes sociales».
Este contrato, identificado con el expediente SV-JUV-52 2024, fue otorgado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias mediante un procedimiento de contrato menor, evitando así un concurso público que permitiera evaluar otras ofertas. La adjudicación se publicó el 17 de junio de 2024 en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y establece que las charlas se realizaron en varios centros educativos entre el 16 y el 30 de abril de 2024 en Tenerife.
El respaldo institucional a un discurso de odio
La decisión del Ejecutivo canario de contratar los servicios de Rudy RuyMan resulta alarmante. Este personaje, cuando se hizo el contrato, ya era muy conocido por su vinculación con la extrema derecha y por la difusión de mensajes racistas y negacionistas de la violencia de género, precisamente, en redes sociales. A pesar de estos antecedentes, el Gobierno de Canarias decidió asignarle fondos públicos para intervenir ante jóvenes en entornos educativos.
Hay una enorme desvergüenza y contradicción en financiar a una persona con un historial de incitación al odio para abordar el uso responsable de las redes sociales. La falta de filtros en la adjudicación de contratos como este pone en evidencia una preocupante permisividad ante discursos que alimentan la intolerancia y la discriminación.
Sin control ni justificación
El procedimiento de contrato menor, utilizado en esta adjudicación, permite que la administración otorgue contratos sin necesidad de una licitación abierta ni evaluación de otras propuestas. Esta práctica, aunque legal, ha sido criticada por su falta de transparencia y por facilitar decisiones arbitrarias que pueden derivar en el uso de recursos públicos para financiar actividades de individuos cuestionables.
El hecho de que solo se recibiera una oferta y que la misma se asignara sin competencia plantea serias dudas sobre los criterios empleados para la selección de los ponentes. ¿Cómo justifica el Gobierno de Canarias la contratación de alguien con estos antecedentes? ¿Existió un proceso de evaluación sobre la idoneidad del adjudicatario?
Organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales hemos exigido respuestas al Gobierno de Canarias y la inmediata revisión de los criterios de adjudicación en este tipo de contratos. Además, solicitan que se establezcan mecanismos que impidan que individuos denunciados por incitación al odio sean financiados con dinero público para actividades dirigidas a la juventud.
El respaldo institucional a discursos de extrema derecha es un problema grave. Exigimos transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, especialmente cuando estos se destinan a actividades que pueden influir en las generaciones más jóvenes.
Redacción Afroféminas
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