El pasado 15 de marzo, se aprobó en el Consejo de Ministros la declaración con el motivo del Día Internacional contra la Violencia Racial, que se celebra el 21 de marzo. Entre las necesidades que aparecen en la declaración se incluye la necesidad de una ley contra el racismo que “reconozca el racismo estructural presente en la sociedad española y aborde la posibilidad de activar medidas especiales o de acción positiva de carácter temporal para combatirlo” entre otras medidas.
A propósito de esta necesidad reflejada en la declaración, este 21 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional contra la Discriminación Racial, el Gobierno saca a consulta pública la “ley contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia” que ha impulsado el Ministerio de Igualdad. La idea que tiene el Gobierno es aprobar una ley que reconozca el racismo estructural que existe en la sociedad. La idea es sacar esta ley a consulta para que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones puedan opinar al respecto.
Esta noticia es aún más significativa estos días, a las puertas de este evento, sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos de esta última semana en lo que se refieren a la cuestión de los refugiados, teniendo en cuenta que el Gobierno se muestra muy a favor del caso ucraniano y en la que grupos parlamentarios y grupos de extrema derecha han centrado sus jaleos hacia la población refugiada proveniente de otras guerras, como Siria o Afganistán en las que quizá las personas no se parecían físicamente a ellos.
Este pasado fin de semana varias ciudades se han manifestado en varias ciudades bajo el paraguas de plataformas antirracistas para denunciar la situación de irregularidad que siguen teniendo muchas personas migrantes para acceder a Europa, determinando sus vidas por la violencia que se ejerce no solo en las fronteras, sino en el camino para acceder a los países europeos.
Junto a estas denuncias se encuentran también las reivindicaciones como las que propone la plataforma ciudadana Regularización Ya, que quieren conseguir 500.000 firmas para la implementación de un decreto extraordinario, aplicado numerosas veces en países de la UE para poder regularizar la situación de migrantes que se encuentran con leyes muy rígidas, como la española de Extranjería con la que poder acceder a la ciudadanía en España.
Que la consulta pública de la propuesta de Ley contra el Racismo se realice este 21 de marzo es significativa y anima a pensar en políticas garantistas en el futuro que tengan una asistencia de la violencia racista, un problema que pesa en España, considerando que gran parte de las agresiones racistas siguen sin denunciarse, tal como reflejó el último estudio de Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), que hablaba de que tan solo un 18,2% de las víctimas denunciaron.
Sin embargo, cabe preguntarse cuál es ese futuro, considerando el gran auge de la xenofobia que vive Europa desde hace una década y que en España también se refleja de forma especial. ¿Cómo celebrar una futura ley contra el racismo si no hay una garantía a corto plazo de que las agresiones que suceden en este momento vayan a poder ser juzgadas? ¿Cómo celebrar políticas antirracistas mientras el Gobierno apoya políticas que comprometen a la vida digna de las personas migrantes?
Parece que las decisiones importantes se están empezando a llevar ahora, en un momento político que no invita al optimismo y casi al final de la legislatura, en un clima que no acompaña a las políticas de lucha contra el racismo. Por eso, mantenerse alerta parece ser la única opción posible. Seguir aprendiendo y reivindicando este día como un día de recordatorio sobre la violencia estructural que todos los días sufren silenciosamente miles de personas en España. Aportar a esta ley políticas que
garanticen vivir una vida digna fuera de la violencia, dentro del derecho a vivirlas como cada uno quiera.
Ines Villodre
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