Marielle Franco fue asesinada el 14 de marzo de 2018, tras poco más de un año como concejala de Río de Janeiro, por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Socióloga, feminista, activista por los derechos humanos, fue política y asesora parlamentaria entre 2006 y 2016, años en los que luchó férreamente por los derechos de las mujeres negras en Brasil, especialmente de aquellas que viven en las favelas. Pero, cuando se cumplen tres años de su muerte, y aunque dos antiguos policías militares se encuentran en prisión acusados de ser los autores materiales del delito, aún no han sido juzgados y sigue habiendo muchas incógnitas envolviendo el caso, sin que parezca, de momento, que las autoridades estén dispuestas a resolverlas.
La concejala fue asesinada después de que el día 10 de marzo hubiera denunciado a agentes del 41.º Batallón de Policía Militar por abusos de autoridad contra la población de la favela de Acari. Su último tuit, el 13 de marzo, parece vaticinar lo que estaba a punto de ocurrir, pues ella misma se preguntaba, a raíz de la muerte del joven Matheus Melo, cuántos más debían morir para que acabara la guerra.
Procedente de la favela de Maré, tras mucho esfuerzo, consiguió graduarse en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Río y hacer un magíster en Administración Pública por la Universidad Federal Fluminense. Su lucha activa por los derechos humanos fue impulsada por la muerte violenta de una amiga durante un tiroteo entre policías y traficantes de drogas en 2005. A partir de ahí asumió la coordinación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro y en 2016 fue elegida concejala por la coalición Cambiar es posible, formada por el PSOL y por el Partido Comunista Brasileiro (PCB), consiguiendo ser la quinta munícipe más votada durante aquellos comicios, con más de 40.000 votos.
La activista fue asesinada de cuatro disparos en la cabeza sobre las 21.30 del 14 de marzo de 2018, junto al conductor del vehículo en el que se encontraba. Aunque en principio se sospechó que podía tratarse de un robo, los tiradores no se llevaron nada del vehículo. Además, la hipótesis de un crimen premeditado se ha fortalecido por la probabilidad de que hubiera otro coche dando cobertura a los ejecutores.
Tras velarla en el consistorio municipal de la ciudad, hasta donde se acercaron miles de personas, el cuerpo de Franco fue enterrado el 15 de marzo, en el Cementerio San Francisco Xavier. Ese mismo día alrededor de 50.000 personas se manifestaron en Río de Janeiro y 30.000 en Sao Paulo, exigiendo justicia para Marielle.
Los datos que se manejan apuntan a que ese día la concejala llegó a la Casa de las Negras, en la calle de los Inválidos, para mediar un debate promovido por el PSOL con jóvenes racializadas, alrededor de las 19.00. Según imágenes obtenidas por la policía, un cobalt con placa de Nueva Iguaçu estaba detenido próximo al local. Alrededor de las 21 horas, Marielle abandonó el edificio junto a una asesora y un conductor. Alrededor de las 21.30, en la calle Joaquim Paralhes, en pleno centro de Río, un vehículo alcanza al coche de Marielle con trece disparos. La activista recibió tres impactos en la cabeza y uno en el cuello y el conductor, tres tiros en la espalda, causando la muerte de ambos. La asesora fue alcanzada por los disparos, pero salvó su vida y pudo recuperarse.
En agosto de 2018, el ministro extraordinario de Seguridad Pública, Raul Jungmann, reconoce la existencia de agentes del Estado implicados en el asesinato de la joven, pues, al parecer, las balas que le arrebataron la vida formarían parte de una munición robada de la sede de Correos en Paraíba algunos años antes.
Casi un año después de su asesinato, el 12 de marzo de 2019, se detiene, por fin, a dos hombres acusados de matar a la política, los expolicías militares, Ronnie Lessa y Elcio Vieira de Queiroz. Más adelante son capturados también la mujer del primero y Maxwell Simões Correa, sargento del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, por encubrir pruebas, como el arma del crimen.
Sobre el posible autor intelectual se han barajado diversas hipótesis. La anterior fiscal general, Raquel Dodge, solicitó en septiembre de 2019 que Domingos Brazão, un antiguo miembro de la Asamblea legislativa de Río y exlíder del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), fuera investigado por ello, pero la actual responsable del caso considera que “no hay pruebas concretas” de su participación en el crimen. Otras voces han apuntado hacia el concejal Marcelo Siciliano y el exconcejal Cristiano Girao como posibles implicados en el caso, pero ellos, como era previsible, negaron cualquier tipo de relación con la muerte de Marielle.
Asimismo, el 31 de octubre una investigación especial de TV Globo reveló que uno de los presuntos autores materiales estaba relacionado con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Según el testimonio, horas antes del asesinato, Elcio Vieira de Queiroz, llegó a la urbanización en la que vivía Lessa, donde también se sitúa la vivienda del actual presidente de Brasil, y en la portería dijo que iba a la casa número 58, que pertenece a Bolsonaro. El mandatario brasileño, en una retransmisión desde Arabia Saudí, donde se encontraba de viaje oficial, negó de manera categórica cualquier vinculación con los acusados, aunque en Facebook aparecía una imagen suya junto a Vieira de Queiroz, lo que algunos, como el ministro de Justicia, Sérgio Moro, han catalogado de mera coincidencia.
Bolsonaro se encuentra, además, en el punto de mira desde que se le relacionó con la Oficina del Crimen, un grupo criminal que presta servicio a grupos paramilitares y a la mafia. Uno de sus integrantes es el expolicía militar Adriano Nóbrega, actualmente prófugo de la justicia, fue homenajeado por el hijo del presidente, Flávio Bolsonaro, cuando estaba en prisión por homicidio en 2004 y para quien, además, trabajaban dos de sus familiares.
A pesar de que no hay nada claro sobre quién pudo mandar a ejecutar a Franco, lo que es evidente es el cariz turbio que ha tenido durante este tiempo la investigación. De hecho, el comisario que instruía el caso y señaló a Lessa y a Queiroz en un primer momento, más adelante, según diversas fuentes, propuso a un miliciano encarcelado que confesara que un concejal le había encargado matar a la concejala, pero este se negó.
La demora en el proceso de resolución del crimen manifiesta la situación de un país en el que la policía federal debe investigar por qué otro cuerpo de policía no investiga lo suficiente, en el que la mayoría de los crímenes no se resuelven jamás, pero el caso de Marielle Franco, una concejala electa, ha destapado esta impunidad y ha abierto la puerta para que se ponga el foco en la muerte de la población femenina, negra e indígena y del colectivo LGTBi del país lusófono. Marielle simbolizaba y sigue simbolizando el levantamiento popular que sueña y cree que otro Brasil es posible. Su muerte pretendió ser un recado para que la población a la que representaba diera marcha atrás en su lucha, pero no tuvo la respuesta esperada, porque la concejala es hoy un emblema de resistencia, de una lucha que atraviesa muchos cuerpos y afecta a muchos colectivos.
Sus sucesoras han crecido y suponen en la actualidad un 16% de la política fluminense, llegando en las pasadas elecciones del 15 de noviembre a superarse el porcentaje de candidaturas negras a las de personas blancas en la ciudad de Río. Y, aunque ellas han heredado también las amenazas por quienes no desean que avance su fuerza, nadie parece capaz de detener la mecha que Marielle ayudó a propagar.
Una de las nuevas concejalas elegida es, precisamente, la viuda de Marielle, la arquitecta Mónica Benicio, también originaria de la favela de Maré. “En Brasil se asesina desde el poder con total impunidad”, declaró la joven recientemente. Ella considera que este es uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos, que hoy se hace más necesaria que nunca. “Hacer oposición al bolsonarismo es oponerse a la política de odio, a esa política a la que no le importan las personas ni el pueblo, a esa política racista, extremadamente LGTB-fóbica y machista”, añadió.
Marielle Franco se convirtió en el centro de las miradas cuando puso el foco del debate en la lucha contra la violencia policial en las favelas, contra el robo de tierras públicas en las periferias y a favor de los derechos de las personas LGTBi. Su muerte es producto de la amenaza que suponía para el mantenimiento de hegemonías, incluso dentro de su propio partido. Pues “son las mujeres negras las que empujan la izquierda hacia la izquierda”, como asegura la socióloga Vilma Reis. A mediados de 2020, movimientos mayoritariamente blancos y de clase media publicaron una serie de proclamas en defensa de la democracia en los principales medios de comunicación del país, pero ninguno se hizo eco del racismo estructural que impera en Brasil. Por ello, la Coalición Negra por Derechos divulgó el manifiesto “Mientras haya racismo no habrá democracia”.
Tras su fallecimiento, la familia crea el Instituto Marielle Franco, que actualmente dirige su hermana, Anielle Franco, para buscar justicia por su muerte y defender su memoria y legado. El lema de la concejala era “Soy porque somos”, que evidencia su carácter combativo y su pensamiento colectivo. Su nombre sigue resonando en Río de Janeiro, pero también en ciudades como Buenos Aires, Nueva York, Florencia o Madrid, donde se ha convocado hoy una concentración para recordarla en la Puerta del Sol. En todas partes, la pregunta hoy sigue siendo la misma: ¿quién ordenó matar a Marielle?
Natalia Ruiz-González
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