Un total de 5.900 personas han solicitado el cambio de sexo desde la entrada en vigor de la Ley Trans, de las cuales el Registro Civil ha denegado 85 solicitudes (1,44 % del total), unas cifras que, según la ministra de Igualdad, Ana Redondo, rompen el relato y evidencian que la Ley Trans se está aplicando con «normalidad» y está contribuyendo a facilitar la vida y aliviar el sufrimiento de personas con historias cargadas de frustración y dificultades.
Además, se han producido 8 desistimientos y 5 expedientes han caducado sin culminarse la modificación registral, ha explicado Redondo este 5 de septiembre.
Si nos ceñimos a los porcentajes y el impacto, los solicitantes del cambio de sexo son solo el 0.0123% de la población total de personas en España, lo que muestra que el impacto numérico es casi imperceptible. Además, de estas solicitudes, solo 85 han sido denegadas, que podríamos intuir sería las que incurren en fraude de ley, lo que constituye un ínfimo 0.000178% de la población total. Estos datos evidencian que las cifras y afirmaciones manejadas en relación con esta ley por su detractores, son exageraciones, cuando no directamente mentiras. Se cae el relato de miles de hombres cambiando de sexo para supuestamente beneficiarse de la ley trans.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Redondo ha asegurado que los encargados del Registro Civil «hacen bien su trabajo» y cuando sospechan de fraude de ley rechazan la solicitud de cambio de sexo.
Ha denunciado que existen «organizaciones que con la clara estrategia de poner en cuestión la ley, tratan de promover el fraude».
«El problema no es la ley, que en la inmensa mayoría de supuestos se aplica correctamente, el problema lo tiene quienes abusan de ella», ha dicho.
En este sentido, ha sostenido que quienes cometen fraude de ley se van a encontrar con dos problemas: van a tener que afrontar las consecuencias de los delitos derivados de actitudes violentas y enfrentarse al fraude de ley, prohibido por el Código Civil.
«El problema no es la ley, son los defraudadores»
Es en la persecución del defraudador y de quienes le alientan, ha exigido la ministra, donde hay que poner el acento. «Si hay fraude, se detecta, se denuncia y se interviene, como se hace con cualquier otra ley», ha afirmado, para añadir que existen «instrumentos suficientes» para garantizar que la norma se aplique correctamente.
Esos instrumentos son, según ha detallado, la propia ley que establece que un maltratador tendrá que responder a sus delitos de violencia de género aunque cambie de sexo, la actuación del Registro Civil y la intervención de la Fiscalía, que ha de velar por la correcta ordenación del ordenamiento jurídico.
Asimismo, ha apuntado, si el abuso llega a los tribunales, los jueces depurarán las responsabilidades.
«El problema no es la ley, son los delincuentes, los machistas, los violentos y los defraudadores. Nuestra prioridad es proteger a las víctimas de violencia y avanzar en los derechos de las personas del colectivo LGTBI», ha concluido. EFE
