*Texto publicado Originalmente en The Marshall Project y traducido por Afroféminas
Tras el rápido ascenso de la vicepresidenta Kamala Harris a la cima de la lista demócrata de 2024, se ha producido un torrente de noticias, análisis y comentarios sobre su carrera como fiscal. El fin de semana pasado, mi colega Lakeidra Chavis y yo compartimos algunos de los elementos clave del historial de Harris en cuestiones de justicia penal. Esta semana, voy a profundizar un poco más en algunos casos y programas que definieron su etapa como fiscal de distrito de San Francisco y fiscal general de California. Muchos de estos temas ya han vuelto a entrar en el discurso político en estados Unidos, o es probable que lo hagan en las próximas semanas.
En un artículo para Politico publicado esta semana, Ankush Khardori, ex fiscal federal, argumentó que no se puede juzgar eficazmente la carrera de ningún fiscal basándose en relatos simplificados de unos pocos casos de alto perfil. “El trabajo real de los fiscales es mucho más complicado de lo que los comentaristas políticos —e incluso los propios fiscales— suelen presentar en el ámbito político”, escribió Khardori.
Es difícil comunicar la complejidad en los mensajes políticos, o incluso durante los debates. Para los lectores que probablemente se encuentren con menciones de programas y casos en los que Harris ha estado involucrada, esperamos que la edición de esta semana sea una introducción práctica a los aspectos más matizados de su trayectoria.
Pena de muerte
Una de las primeras pruebas de la carrera de Harris como fiscal de distrito se produjo después de que un hombre de San Francisco disparara y matara al agente de policía Isaac Espinoza en 2004. Harris había hecho campaña contra la pena capital y rechazó los llamamientos de los grupos policiales, la familia del agente y destacados funcionarios demócratas del estado para pedir la pena de muerte. La decisión fracturó permanentemente la relación de Harris con la policía de la ciudad, según personas cercanas a Harris y funcionarios de policía. La campaña de Trump ya está citando este caso para criticar a Harris.
Ese malestar entre Harris y los grupos policiales persistió durante su primera candidatura para Fiscal General de California en 2010. Pero trabajó para reparar esas relaciones en su primer mandato, según un artículo de 2016 de la revista New York Times, y ganó el apoyo de numerosos grupos policiales durante su campaña de reelección.
Como fiscal general del estado, Harris apeló un fallo de un tribunal federal que habría puesto fin de manera efectiva a la pena de muerte en el estado, frustrando a los defensores de la pena de muerte . Harris argumentó que, a pesar de sus convicciones personales sobre el castigo, el fallo tenía fallos legales, una posición con la que finalmente estuvo de acuerdo el Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito de Estados Unidos .
Personas transgénero encarceladas
En relación con una serie de cuestiones que surgieron durante su mandato como fiscal general, Harris ha dicho que, como abogada, estaba obligada a defender a su cliente (el estado de California) de maneras que podrían no coincidir con sus creencias personales. Esta fue su explicación para argumentar a favor de liberar a menos prisioneros de los que habían ordenado los tribunales después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara que el hacinamiento en las cárceles de California estaba generando castigos crueles e inusuales.
Harris le dijo al medio LGBTQ+ The Advocate que su papel de defensora del estado es la misma razón por la que su oficina redactó un escrito en el que buscaba negar la cirugía de afirmación de género a las personas transgénero en prisión. “Tenía clientes, y uno de ellos era el Departamento de Correcciones de California. Era su política. Cuando me enteré de lo que estaban haciendo, tras bastidores, logré que cambiaran la política”, dijo Harris.
Si bien el papel de Harris no se conoce públicamente, el departamento acordó un acuerdo en 2015 que le exige considerar la cirugía de afirmación de género para las personas encarceladas caso por caso.
Programas de desvío
Uno de los esfuerzos distintivos de Harris como fiscal de distrito de San Francisco fue el programa de desvío Back on Track, que era bastante inusual para mediados de la década de 2000, según un entonces miembro del personal de Harris, Michael Troncoso.
El programa se puso a disposición de algunas personas de entre 18 y 30 años que se declararon culpables por primera vez de cargos no violentos relacionados con drogas. Los participantes recibieron apoyo individualizado y capacitación laboral, realizaron servicio comunitario y se les exigió que buscaran trabajo o se matricularan en la escuela. A los graduados que lo aprobaron se les anuló la declaración de culpabilidad y se les borró de sus antecedentes.
El programa, del cual según documentos internos se graduaban entre 30 y 100 personas cada año, presentaba una tasa de reincidencia de alrededor del 10%, en comparación con el 50% de poblaciones similares en el estado.
Harris, que se especializó en economía cuando era estudiante, concibió el programa como una serie de incentivos y desincentivos: zanahorias y palos. “Nuestro trabajo implica trabajar incansablemente para hacer y mantener seguras nuestras comunidades utilizando todas las herramientas a nuestra disposición”, explicó en su libro de 2009 “Smart on Crime”. Ese enfoque desafiaba la lógica predominante de la época: que el único papel de los fiscales era lograr condenas.
Harris ha hablado del programa en términos muy prácticos: “No estamos haciendo un trabajo social. Es un programa de aplicación de la ley”, escribió. “No desarrollamos Back on Track por lástima o compasión”.
Casos de inocencia
En 2008, Jamal Trulove fue arrestado en San Francisco y procesado por la oficina de Harris por el asesinato de su amigo Seu Kuka. Un tribunal de apelaciones determinó más tarde que los agentes de policía habían incriminado a Trulove, y fue puesto en libertad tras seis años en prisión. La ciudad aceptó pagarle un acuerdo de 13 millones de dólares .
Un ex miembro del personal del fiscal de distrito dijo a que “los procesos como el de Trulove habrían tenido que ser aprobados por Harris. Pero el proceso de aprobación era un trámite automático y era muy poco probable que ella estuviera familiarizada con los detalles”. Harris no ha hecho comentarios públicos sobre el caso de Trulove.
Como fiscal general en 2010, la oficina de Harris también se opuso a las pruebas de ADN solicitadas por los abogados de Kevin Cooper, quien había estado en el corredor de la muerte del estado desde 1985 por un cuádruple asesinato que dijo no haber cometido. En 2018, después de que un artículo del New York Times destacara la mala conducta de los investigadores policiales en el caso de Cooper, Harris abogó por que el estado permitiera las pruebas.
Una investigación exhaustiva encargada por el estado finalmente realizó pruebas de ADN y el año pasado concluyó que la evidencia de la culpabilidad de Cooper era “extensa y concluyente”.
Grandes bancos
En 2011, como Fiscal General de California, Harris se alejó de un acuerdo de 4 mil millones de dólares con varios de los prestamistas hipotecarios más grandes del país por el comportamiento fraudulento y sin escrúpulos que condujo a la crisis financiera de 2009, específicamente sus prácticas de ejecución hipotecaria.
El acuerdo estaba siendo negociado por fiscales generales de varios estados a instancias de la administración Obama, y muchos abogaban por que los estados resolvieran los casos rápidamente por un monto menor, según informes del Los Angeles Times .
Harris descartó el acuerdo como “migajas sobre la mesa” y finalmente obtuvo un acuerdo de 25 mil millones de dólares para California. Harris ha citado con frecuencia el acuerdo como prueba de su buena fe al exigir responsabilidades a actores poderosos.
Los críticos del acuerdo afirman que incluso la cifra máxima “exagera enormemente la sanción para los bancos y el beneficio para los propietarios de viviendas”, y que Harris eximió de responsabilidad a otros bancos responsables de “mala conducta generalizada”.
El periodista David Dayen, que informó sobre ambas críticas, aclaró que el análisis de las decisiones no era específico de Harris, sino que se aplicaba a todos los funcionarios encargados de responsabilizar a los bancos por la crisis hipotecaria.
Harris respondió a las críticas al banco al que no persiguió, OneWest Bank, argumentando que la ley estaba del lado del banco .
Absentismo escolar
La adopción por parte de Harris de leyes contra el ausentismo escolar fue una de las políticas más controvertidas de su carrera como fiscal. Como fiscal de distrito, ordenó a su oficina que presentara cargos contra un puñado de padres de San Francisco cuyos hijos faltaban sistemáticamente a la escuela primaria.
En su libro Smart on Crime, Harris explica el fundamento: “Le debemos a cada niño una educación y nos debemos a nosotros mismos la inoculación adicional contra la violencia y el crimen que puede brindar la lucha contra el ausentismo escolar”.
Gracias al esfuerzo local, ningún padre estuvo nunca en prisión y las multas impuestas fueron escasas y pequeñas.
Un asistente de campaña de Harris promocionó la eficacia del programa en comentarios a NBC News a principios de esta semana. “El ausentismo escolar se redujo en un 33% debido a la política, y también ayudó a la gente de la comunidad: no se trató de uno o dos días; se trató de niños que faltaban entre 60 y 80 días de un año escolar de 180 días”.
Pero como fiscal general, Harris impulsó y logró la aprobación de una ley estatal contra el ausentismo escolar que exportó parte de esa idea a California en su conjunto. En virtud de esa ley, algunos padres fueron arrestados por la policía local y se enfrentaron a penas más severas, incluida Cheree Peoples, a quien «se le prohibió caminar» públicamente durante un arresto en 2013 en el condado de Orange, en el sur de California. Peoples dijo que las ausencias escolares de su hija se debían a hospitalizaciones por una enfermedad crónica.
Harris ha defendido ampliamente su enfoque sobre el absentismo escolar, pero expresó su pesar por cómo se manejaron algunos casos después de la aprobación de la ley estatal.
Jamiles Lartey
Redactor de The Marshall Project y vive en Nueva Orleans. Anteriormente trabajó como reportero para The Guardian, cubriendo temas de justicia penal, raza y policía. Jamiles fue miembro del equipo detrás de la galardonada base de datos en línea “The Counted”, que hizo un seguimiento de la violencia policial en 2015 y 2016. En 2016, fue nombrado “Periodista emergente del año Michael J. Feeney” por la Asociación Nacional de Periodistas Negros. En su tiempo libre, Jamiles es un ávido baterista, que toca y graba con artistas del área de Nueva Orleans.
