Países de Latinoamérica y el Caribe reconocen que la violencia simbólica obstaculiza y afecta el pleno goce y ejercicio de los derechos de mujeres y niñas en todos los ámbitos de sus vidas y acuerdan trabajar para erradicar los estereotipos de género que naturalizan su subordinación y son una fuente de reproducción de la violencia de género.
Lo han hecho por medio de una declaración regional sin precedentes liderada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que ponen el foco sobre este tipo de violencia invisibilizada, que, dicen, «es una manifestación de la discriminación histórica contra las mujeres y las niñas en toda su diversidad que ha estado presente en nuestras sociedades» y que, por ende, contribuye a perpetuar las desigualdades y a excluir a las mujeres del espacio público.
«La violencia simbólica es el conjunto de mensajes, valores, símbolos, iconos, signos, imposiciones familiares, educativas, ideológicas, sociales, económicas, políticas, culturales, estéticas y religiosas que generan, transmiten, reproducen e institucionalizan, de manera directa o indirecta, desigualdad, dominación y discriminación estructural hacia las mujeres en toda su diversidad, naturalizando su subordinación. Lo anterior, hace difícil percibir esa violencia pese a su impacto a través de los estereotipos de género que refuerzan las relaciones desiguales de poder», señalan los 32 países que han ratificado la Convención de Belém do Pará, entre los que están Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá.
Además, violencia simbólica y los estereotipos de género relacionan a las mujeres al ámbito de lo doméstico y del cuidado; se manifiesta tanto en el espacio público como en el privado, y, entre otros, se facilita a través de las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y los medios de comunicación.
«La violencia simbólica afecta a todas las mujeres»
Los estados enfatizan en que por su interseccionalidad, la violencia simbólica afecta a todas, pero especialmente aquellas mujeres con voz pública que se desarrollan en el ámbito de la vida política y pública, defensoras de derechos humanos y derechos de las mujeres y feministas, «configurando así situaciones de violencia política por razones de género».
En el ámbito de la política, los ataques contra las mujeres contienen un mensaje aleccionador que va más allá de sus destinatarias concretas y afecta al conjunto de las mujeres, creando un efecto dominó que perjudica su participación en la vida pública.
Además, estas agresiones alimentan otros tipos de violencia contra las mujeres por razones de género, como la física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y feminicida, en las modalidades institucional, familiar, comunitaria, laboral, educativa, obstétrica, mediática y la digital.
Ejemplo del aumento y recrudecimiento de esta violencia en la región han sido los asesinatos de importantes mujeres que buscaban mejorar la vida de las mujeres y de sus comunidades por medio de la política o defensa de los territorios como Berta Cáceres en Honduras, Juana Quispe en Bolivia, y Marielle Franco en Brasil.
«Por eso es necesario avanzar en la incorporación y prohibición de la violencia simbólica, de los estereotipos de género y de los mecanismos que se utilizan para reproducirlos, en la legislación de los Estados Parte como un tipo de violencia por motivos de género que reproduce y refuerza la discriminación en su contra», señalan los países en la declaración regional.
El compromiso de los Estados para erradicar esta violencia
Con base en esos reconocimientos, los Estados han detectado que existe una falta de marcos jurídicos integrales que definan y atiendan todas las dimensiones de la violencia simbólica, «lo que la invisibiliza, la reproduce y no permite identificarla, prevenirla, atenderla, investigarla, reparar su impacto y erradicarla».
Consideran también que hace falta robustecer las políticas públicas, programas y proyectos que se están impulsando en la región para hacer frente a la violencia, pues así los pasos que se den en conjunto permitirían garantizar los derechos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
En ese sentido acuerdan empezar a trabajar por la modificación de políticas y legislaciones, en los países en los que esta violencia no se ha reconocido, y financiar proyectos y planes en las naciones en donde la prevención y la sanción no ha trascendido del papel.
Entre esos planes están trabajar en campañas para transformar la representación social y cultural de mujeres, y niñas y fomentar la participación de niños y hombres en la transformación de los roles y estereotipos de género, además de promover la sensibilización y capacitación de todas y todos los funcionarios públicos sobre las causas y consecuencias de la violencia simbólica, con el objetivo de que puedan identificarla y sancionarla.
Y, un punto muy importante: impulsar la creación de mecanismos de recolección y diseminación de datos estadísticos desagregados que incorporen la perspectiva de género, un compromiso que está presente en las legislaciones contra la violencia de muchos países pero no se ha puesto en práctica o no se ha unificado con los conceptos con los regionales, lo que ha impedido realizar una comparación a nivel latinoamericano. EFE
