En 2018 Argentina puso en marcha el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), un programa pionero y considerado un modelo en América Latina por aunar salud sexual y reproductiva y educación sexual integral y por reducir, en apenas cinco años, un 49% la tasa de embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años.
Un hito que fue posible gracias al trabajo de personal especializado, según Amnistía Internacional, pero que ahora está en peligro.
El pasado abril, el Gobierno del ultraderechista Javier Milei anunció un «rediseño» del Plan ENIA y advirtió de que sólo mantendría el reparto de anticonceptivos, lo que dio lugar a la finalización de los contratos laborales de 619 personas. Esto pone en riesgo la efectividad del programa y los derechos de salud sexual de miles de niñas y adolescentes.
Plan pionero contra los embarazos en la adolescencia
«Prevenir embarazos no deseados en adolescentes en todo el territorio del país no se logra sólo con métodos anticonceptivos. Se necesitan agentes capacitados que garanticen la implementación del plan en el terreno, para asesorar y apoyar a los y las adolescentes con información precisa y basada en evidencia científica cuando se acerquen a los centros de salud», asevera en una entrevista con Efeminista la directora de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belski.
«El embarazo adolescente es muy frecuente en Argentina y constituye uno de los mayores desafíos para el desarrollo del país y para garantizar los derechos de infancias y adolescencias», agrega Belski, quien expresa así sus críticas a la decisión del gobierno.
Para comprender los resultados del Plan ENIA durante los últimos seis años y conocer las consecuencias que puede tener la modificación de este programa, Efeminista ha hablado además de con Belski; con la directora del centro de salud especializado en salud sexual y reproductiva Casa FUSA, Sandra Vázquez; y la directora de la Fundación Kaleidos, que acompaña a madres y padres adolescentes en el país, Alejandra Scialabba.
Buscar a adolescentes fuera del sistema educativo
Alejandra Scialabba, de la Fundación Kaleidos, explica que el éxito del Plan ENIA reside en que «buscó dar solución al problema bajo una mirada intersectorial».
Detalla que el plan se diseñó en 2017 desde el área de educación, salud y de desarrollo social. «Esta aproximación integral buscaba alcanzar a los y las adolescentes en el sistema educativo, pero también buscar a quienes ya estaban fuera para poder ofrecer distintos dispositivos con el fin de prevenir el embarazo no intencional».
El hecho de que sean embarazos no deseados, sostiene, «esconde vulneraciones de derechos, como el acceso a la salud, a métodos anticonceptivos, violencia o falta de información».
Tras la implementación del plan, el personal capacitador acudía a las escuelas y otros espacios socioeducativos para asesorar a las y los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva. Durante las charlas ofrecían información precisa sobre las opciones que les ofrece el sistema de salud y se tejían redes para generar espacios seguros y que el alumnado pudiera exponer sus dudas.
Con el objetivo de llegar a las niñas y adolescentes fuera de la educación formal, el personal del Plan ENIA también asistía a las zonas barriales con mayores índices de embarazos no deseados.
La directora de Casa FUSA, Sandra Vázquez, incide en el factor relacional entre las niñas y adolescentes y el personal capacitador del programa.
«Las únicas personas que pueden hacer más prevención de embarazos son las que están en contacto con las y los adolescentes. Lo importante es llegar antes del embarazo, hacer diagnóstico, por ejemplo, de abuso sexual infanto-juvenil y prevenir la continuidad de esos abusos».
«Cuando las personas adolescentes llegan al sistema de salud es porque ya es tarde, es raro que lleguen para prevenir embarazos», matiza.
Otra de las razones por las que ha destacado el Plan ENIA, continúa Vázquez, es porque si bien fue implementado en 2018, durante la presidencia del conservador Mauricio Macri (2015-2019), siguió vigente durante mandato del peronista Alberto Fernández (2019-2023).
Niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad
Quienes se verán especialmente afectadas por el cese de financiación del programa serán las menores de quince años, pues -según Scialabba- es la etapa de vida en la que se producen más abusos. La directora de Kaleidos añade que la franja de edad en la que se registra el mayor número de embarazos no intencionales está entre los 15 y 19 años.
Pero más allá de estos indicadores, las niñas y adolescentes más afectadas serán las que se encuentran «en situación de vulnerabilidad socioeconómica con muy poca red de contención».
En 2018, el Plan ENIA se activó en las provincias con tasas más altas de embarazos no intencionales. Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Formosa y Tucumán fueron las doce provincias prioritarias desde el inicio.
Dada la eficacia del programa, en noviembre del pasado año se firmaron acuerdos con todas las provincias, con el fin de implementar el plan en todos los rincones del país. Pero esta iniciativa nunca se ejecutó: un mes después, el 10 de diciembre de 2023, Milei asumió la Presidencia de Argentina.
Ahora que el Gobierno ha anunciado que sólo mantendrá la distribución de los distintos métodos anticonceptivos, representantes de organizaciones entrevistadas por Efeminista aseguran que prescindir de los recursos humanos y de la visión intersectorial es acabar con el programa.
Derechos de salud sexual y reproductiva en peligro
La directora ejecutiva de Casa FUSA, Sandra Vázquez, recuerda que ya durante la campaña electoral de 2023 el partido de Milei se posicionó en contra de la salud sexual integral en las escuelas, «a pesar de estar comprobado mundialmente desde hace décadas que la educación sexual integral lleva al conocimiento, a buenos usos y a cuidados en la salud».
Además, el Gobierno exige ahora que sean las provincias quienes financien los métodos anticonceptivos, pese a que hasta ahora se había gestionado desde la Administración central.
Esto puede desembocar en que, según Vázquez, sólo las provincias más ricas se comprometan a invertir en este programa.
A Alejandra Scialabba, de Fundación Kaleidos, lo que más le preocupa no es que vayan a derogar la ley del aborto o la Ley de Educación Sexual Integral, sino que «se dé vía libre a aquellas provincias que nunca han querido trabajar ni adherirse a la ley del aborto para que hagan lo que quieran».
«El riesgo de derogación existe, pero me preocupa más esta libertad que hoy empiezan a sentir algunos gobiernos locales de que si no ofrecen abortos o no dan garantías no pasa nada. Eso se va a ir profundizando y va a terminar, si no es en una derogación formal, tal vez de hecho», lamenta.
Sandra Vázquez, de Casa FUSA, reconoce que Argentina ha pasado de ser un país «faro» para América Latina y para el mundo en lo relativo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo a ser «un faro para todo lo contrario».
«Unirnos en la defensa de los logros conquistados»
Ante este recorte anunciado por el Gobierno, las entrevistadas coinciden en que reducir los embarazos no deseados es beneficioso para las niñas y adolescentes, pero también para los Estados.
El impacto socioeconómico del embarazo adolescente es de 864 millones de dólares anuales, mientras que el Plan ENIA supone una inversión de 17,5 millones. «Esto da cuenta de un costo-beneficio muy alto», matiza la directora ejecutiva de AI, Mariela Belski.
Asimismo, explica que «quienes tienen hijos/as en la adolescencia, dedican más tiempo a los cuidados y trabajos no remunerados y tienen menos tiempo para invertir en su formación y desarrollo profesional».
«Esto impacta directamente en sus derechos humanos y profundiza la brecha de género», asegura.
Belski denuncia que el Gobierno «promueve narrativas de demonización y división para ganar apoyo popular, basando sus estrategias en culpabilizar a las mujeres y personas LGBTI+ por problemas económicos, sociales o de seguridad y erigir un enemigo a quien confrontar».
Ante esta deriva, su determinación es no dar un paso atrás en la defensa de estos derechos: «Todas debemos unirnos en la defensa de los logros conquistados», concluye. EFE
