Las mujeres en Marruecos se enfrentan a múltiples violencias, a la exclusión de la sociedad, a llevar a términos sus embarazos no deseados e incluso a la muerte como consecuencia de la prohibición casi absoluta del aborto en el país.
Así lo ha detectado Amnistía Internacional (AI) en su reciente estudio titulado My life is ruined: The need to decriminalize abortion in Morocco, en el que documenta que, ante la amenaza de cárcel, muchas mujeres recurren a métodos clandestinos y peligrosos para interrumpir el embarazo. El informe contiene los testimonios de 33 mujeres que intentaron abortar.
«Las que no lo consiguen son coaccionadas para llevar el embarazo a término y corren el riesgo adicional de ser procesadas en aplicación de las leyes que penalizan las relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que agrava la exclusión social y la pobreza, todo ello mientras soportan las dolorosas secuelas de sus intentos fallidos de aborto», señala la organización en el informe publicado este 14 de mayo.
«Las leyes, políticas y prácticas discriminatorias de Marruecos niegan a las mujeres su derecho a una toma de decisiones autónoma y perpetúan un clima social que obliga a mujeres y niñas a llevar a término su embarazo a pesar de las consecuencias y fomenta la violencia, la pobreza y la discriminación sistémica de género», ha afirmado Amjad Yamin, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
El directivo señala que organizaciones marroquíes llevan años pidiendo a las autoridades del país que se despenalice el aborto y que garanticen que ninguna embarazada sufre malos tratos, humillación, degradación o riesgo de sanción penal o exclusión social por acceder o intentar acceder a servicios de aborto. Sin embargo, no han tenido ninguna respuesta favorable.
La penalización del aborto en Marruecos
El Código Penal de Marruecos prohíbe el aborto si no se considera imprescindible para proteger la vida o la salud de la embarazada. Tampoco lo puede realizar ningún médico que no esté autorizado. Quienes intentan o consiguen abortar pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas.
«El personal médico que practica abortos al margen de la ley se expone a perder su licencia. Los proveedores, cuando tienen que comparecer como testigos, deben declarar y revelar información sobre las operaciones de aborto en su conocimiento, sin respetar la confidencialidad de la paciente. Estas restricciones, que se suman a la ausencia de directrices o protocolos médicos sobre la provisión del aborto legal, dejan a muchas mujeres sin una vía segura y legal para abortar», revela la organización.
«¿Qué podemos hacer como profesionales de la medicina? Nada. No podemos ayudar a las mujeres. Tenemos las manos atadas. Es frustrante no poder dar a las mujeres la ayuda que necesitan», dijo un profesional de la salud marroquí a Amnistía.
Las víctimas de violación tampoco pueden acceder a una interrupción del embarazo, lo que las obliga a mantener una maternidad que no desean y, además de ello, corren el riesgo de ser criminalizadas por haber mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio o por adulterio. Diez mujeres contaron a Amnistía Internacional que se habían quedado embarazadas tras ser violadas por un desconocido, un vecino o su novio.
Las mujeres que van a la cárcel por estos delitos y tienen antecedentes penales también se enfrentan a barreras y estigmas adicionales a la hora de buscar empleo y suelen ser objeto de aislamiento social. Además, los hijos e hijas de mujeres no casadas carecen de identidad legal ya que la legislación sólo reconoce la filiación paterna dentro del matrimonio.
El Código de Familia niega a estos niños y niñas el derecho a llevar el apellido de su padre biológico y a recibir apoyo económico o herencia, abocándolos a la pobreza y la discriminación.
Las alternativas que buscan las mujeres para abortar
Un compañero de Farah la violó mientras estaba inconsciente debido a un coma diabético y cuando se dio cuenta de que estaba embarazada acudió a un ginecólogo en busca de ayuda. Sin embargo, el médico se negó a practicarle un aborto. Su jefe la apartó de su puesto para evitar posibles daños a la reputación de su negocio si es que a ella la llegaba a procesar por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, relata AI en su informe.
Su caso es solo uno ejemplo palpable del cruel impacto que la penalización del aborto tiene en las mujeres de Marruecos, quienes acuden a un sinnúmero de hierbas, medicamentos y otras prácticas inseguras para interrumpir el embarazo.
«Tomé toda clase de hierbas y bebedizos para abortar. Compré hierbas a un herborista, bebí las infusiones, tuve dolores insoportables y vomité. Sentí que se me desgarraban los intestinos, pero no aborté. Una vez fui a mi habitación, me desnudé, me metí un palo largo por la vagina y lo giré en todas direcciones, pero sólo conseguí hacerme una herida terrible y un dolor insoportable […] Durante más de cinco meses lo intenté todo, sin resultado. Hasta pensé en suicidarme», relata la mujer.
Varias entrevistadas contaron que habían sufrido insultos, agresiones y hasta abusos sexuales durante su experiencia de abortar.
Amnistía Internacional y organizaciones aliadas llaman a Marruecos a adoptar «con urgencia» leyes que protejan la autonomía y los derechos reproductivos, despenalicen el aborto y garanticen igualdad de acceso a una asistencia médica integral, «que incluya servicios de aborto sin riesgos para todas las mujeres y niñas», conclute Stephanie Willman Bordat, socia fundadora de Mobilising for Rights Associate. EFE
