Amnistía Internacional alertó este lunes sobre los daños a los derechos humanos que pueden derivarse del “generalizado y rápido despliegue” de tecnologías digitales en los sistemas de gestión del asilo y la migración en todo el mundo.
Lo hizo a través del informe ‘Defending the rigths of refugees and migrants in the digital age’ (‘Defendiendo los derechos de los refugiados y los migrantes en la era digital’, en su traducción al español) en el que se analizan algunas de las novedades en tecnología digital relacionadas con los sistemas de asilo y migración, especialmente aquellos que procesan grandes cantidades de datos, y los problemas de derechos humanos derivados de su uso.
En el trabajo se analizan las alternativas digitales a la detención, entre las que sobresalen las tecnologías de externalización de fronteras, el ‘software’ de datos o los sistemas de tomas de decisiones biométricos y algorítmicos.
En ese sentido, Matt Mahmoudi, asesor de Amnistía Internacional sobre Inteligencia Artificial y Tecnología de Derechos Humanos, advirtió de que “la proliferación de estas tecnologías amenaza con perpetuar y reforzar la discriminación, el racismo y la vigilancia desproporcionada e ilegal contra las personas racializadas”.
El informe documenta la manera en que gobiernos de todo el mundo han desplegado tecnologías específicas en sistemas de asilo y migración. Es el caso de EEUU, donde se ha utilizado el Programa de Supervisión Intensiva de la Apariencia (ISAP, por sus siglas en inglés) y el Programa de Vigilancia Electrónica de Dispositivos para vigilar a migrantes y solicitantes de asilo liberadas de la detención, con el pretexto de que la intención pasa por proporcionar opciones de liberación para estas personas.
También destaca el despliegue por parte de las autoridades estadounidenses de “infraestructura inteligente de vigilancia”, como las torres gestionadas por inteligencia artificial a lo largo de la frontera con México, que potencian “el riesgo de aplicar perfiles contra personas negras, latinoamericanas y otras comunidades racializadas”.
En el caso de Reino Unido, el trabajo observa que se ha utilizado el “etiquetado obligatorio de tobillo” con el objetivo de “vigilar a todas las personas extranjeras que se enfrentan a la deportación, mientras se ha propuesto el uso de un seguimiento mediante relojes inteligentes que permiten el reconocimiento facial”.
A su vez, Amnistía Internacional pone de manifiesto que la UE ha puesto en marcha “vigilancia aérea en tiempo real y drones sobre el Mediterráneo central para identificar embarcaciones con personas refugiadas en el mar y coordinarse con las autoridades libias para impedirles llegar a las costas europeas”.
En el caso de Hungría, Grecia y Letonia, se explica el uso de ‘iBorderCtrl’, un sistema de “detección de mentiras” basado en la inteligencia artificial para entrevistar a migrantes y solicitantes de asilo; mientras que en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Noruega y Reino Unido se están desarrollando leyes que permiten la confiscación de los teléfonos móviles para “corroborar sus testimonios al procesar sus expedientes de asilo”.
Ante esta situación, Charlotte Phillips, asesora de Amnistía Internacional sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes, apuntó que “las tecnologías digitales están reforzando regímenes fronterizos que afectan de forma desproporcionada a las personas racializadas” y aseveró que “el racismo inherente está profundamente arraigado en los sistemas de gestión de la migración y el asilo”.
Por último, el informe recomienda “proteger los derechos de las personas en movimiento absteniéndose de utilizar tecnologías que sean contrarias a los derechos humanos y garantizando que las tecnologías digitales abordan el racismo sistémico, la xenofobia y la discriminación” y “prohibir el uso de herramientas de reconocimiento de emociones basadas en la inteligencia artificial, especialmente en el contexto de la migración, el asilo y la gestión del control de fronteras”.
También sugiere “llevar a cabo evaluaciones de impacto en los derechos humanos y en la protección de datos antes de desplegar tecnologías digitales” y “prohibir la evaluación de riesgos automatizada y los sistemas de establecimiento de perfiles en cuestiones de migración, gestión del asilo y control fronterizo”.
SERVIMEDIA
