Los seis Mossos d’Esquadra condenados y que admitieron haber cometido delito de tortura y agresión racista a un joven negro en Bages en 2019, siguen en el ejercicio de sus funciones como agentes policiales a cuatro meses del juicio.
Cabe recordar que a pocas horas de conocerse la sentencia y ante la reacción y presión social, tanto el Departamento de Interior como el mismo Conseller de Interior, Joan Ignasi Elena Garcia, anunciaron en sus redes sociales que los seis agentes serían expulsados del cuerpo y perderían su condición de funcionarios públicos.
Esta decisión, que se difundió y justificó como una medida ejemplarizante orientada a proteger los derechos humanos, es en realidad una obligación según el decreto de Función Pública que estipula que la inhabilitación de manera absoluta o especial lleva aparejada la expulsión del cuerpo.
Aun así, a cuatro meses de la sentencia firme, la expulsión de los seis agentes condenados por la tortura y agresión racista no se ha llevado a cabo. Y aunque tenemos constancia de que la Comisión de Mossos d’Esquadra, responsable de aprobar la medida, se ha reunido mensualmente desde entonces, también hemos podido saber que este tema ni siquiera figuró entre los puntos a tratar.
Por ello queremos denunciar que nos encontramos, una vez más, ante la falta de voluntad política para hacer efectivos mecanismos que protejan a la población no blanca del racismo policial e institucional. Es gravísimo que funcionarios públicos que han reconocido su culpabilidad en un delito de tortura motivado por racismo, y que han sido condenados por ello en una sentencia firme, sigan ejerciendo sus funciones con la ayuda de un corporativismo que se despliega desde el primer momento. En este caso, esta es una más de las múltiples trabas, dejadez y retrasos que se han ido poniendo para proteger, mantener y encubrir a los policías, revulnerabilizando la dignidad de la persona víctima y dejando desprotegidas también a todas las demás personas con las que estos agentes pudieran intervenir.
Un largo proceso de corporativismo y encubrimiento
Recordamos que la víctima, su familia, el colectivo afectado y SOS Racisme Catalunya como acusación particular, hemos estado lidiando durante todo el proceso, que ya dura casi cinco años, con la tónica del corporativismo policial. Durante más de un año y medio, el cuerpo de Mossos d’Esquadra impidió el correcto desarrollo de la investigación judicial y promovió el encubrimiento de los hechos, tal como hemos denunciado reiteradamente.
Los hechos, que sucedieron en el Bages en enero de 2019, se pudieron probar gracias a una grabación que hizo el joven agredido. En ella se puede escuchar cómo los acusados, con una clara motivación racista, le infligen castigo físico y psíquico con ánimo de intimidarlo, vejarlo y dañar su integridad moral.
En un primer momento, sus superiores afirmaron no reconocer las voces de los agresores. Finalmente, luego de que la víctima optara por exponerse y hacer el caso público como parte de su reparación y búsqueda de justicia, dos sargentos y un subinspector rectificaron y sí lo hicieron.
Otro ejemplo de los obstáculos puestos a la investigación, fue la solicitud de realizar la rueda de reconocimiento pedida por la acusación, con la cara de los acusados tapada con pasamontañas, lo cual negaba las garantías para poder practicar esta prueba.
El hecho de que estos seis Mossos d’Esquadra reconocidos y condenados por torturas estén actualmente trabajando con el beneplácito de la Generalitat, nos alarma aún más y nos obliga a plantear varias cuestiones:
Si haber torturado, agredido, humillado y propinado insultos racistas a un joven negro, y además estar condenados por ello tras haber reconocido los hechos, no es suficiente para cesar a estos policías, ¿qué tiene que suceder para que la institución cumpla con su obligación legal? ¿Deben morir personas? ¿Cuánto racismo policial es necesario para que las instituciones pertinentes aborden el problema como tal? ¿Cuánto de grave ha de ser la agresión? ¿Cuántas víctimas más hacen falta para que el Departament d’Interior reconozca que existe un problema estructural de racismo en los cuerpos policiales?
Desde SOS Racisme Catalunya nos hacemos eco de las demandas particulares y colectivas y exigimos responsabilidades, además de que la Generalitat de Catalunya dé explicaciones sobre el tipo de funcionarios que integran sus cuerpos de seguridad pública.
Mientras no haya cambios y acciones para combatir el racismo policial, el Govern de Catalunya es responsable de hechos como los vividos. Y de este modo, el racismo institucional continuará violentando a las personas racializadas como no blancas.
Nota de prensa de SOS Racisme Catalunya
