En la mañana del jueves, el portavoz presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). «Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante. Esto lleva un tiempo, pero el primero de ellos va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo», indicó Adorni.
Pese a que dijo el portavoz, el Instituto tiene un papel central para muchos grupos sociales: “Quienes tenemos en nuestros cuerpos y en nuestras trayectorias de vida las marcas de la discriminación, el racismo y la xenofobia somos principalmente mujeres, trans, lesbianas, gays, nobinaries, intersex… Este tipo de organismos bregan para trabajar de forma comunitaria y colectiva en todo el territorio nacional en la sensibilización, asistencia, acompañamiento y atención a víctimas de discriminación”, explicó Flora Viola, referenta nacional de Géneros y Disidencias de Nuevo Encuentro.
Horas más tarde, luego de fuertes repudios a la medida, el Ministerio de Justicia publicó un comunicado donde se informaba que las funciones del Instituto y una parte del plantel serían absorbidos por dicho Ministerio. El Instituto ya funcionaba en la órbita del Ministerio antes conocido como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero de forma descentralizada. Así, podía garantizar los objetivos de recibir y centralizar denuncias, hacer un registro nacional, diseñar y ejecutar políticas públicas y asesorar técnicamente al Ministerio Público y a tribunales judiciales.
A nivel individual, el INADI como organismo independiente podía asesorar y asistir frente a situaciones de discriminación, hacer informes que puedan ser presentados en eventuales denuncias ante el Poder Judicial y gestionar para que voluntariamente una persona deje de discriminar. El proceso judicial era otra vía que las personas damnificadas podían optar seguir, ya con información sobre sus detalles e implicancias y una denuncia que las amparaba.
El subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, tuiteó luego de la conferencia de prensa que el Instituto «tenía más empleados que el Fuero Ordinario» de la Justicia porteña, donde «se investigan crímenes, violaciones y robos» y que “ya no hay lugar para pagar favores políticos con cargos jerárquicos”. Luego de los despidos del último mes, el Instituto tiene 355 trabajadores que sufren “las campañas de desprestigio y demonización del gobierno de Javier Milei”, en palabras de Viola. En el comunicado ministerial de la tarde se caracterizó al INADI como una “superestructura” ineficaz, pero la decisión de desintegrarlo, entorpecería su funcionamiento.
Para Manu Mireles, co-fundadora y secretaria del bachillerato Mocha Celis, el cierre del INADI atenta contra la garantía de la democracia y los derechos humanos. El Instituto “brinda asesoramiento integral y gratuito a grupos víctimas de discriminación, xenofobia y racismo. Desde una perspectiva interseccional, la comunidad travesti-trans es una de las más afectadas por la vida cotidiana”.
Más allá de su rol social, Mireles remarcó que “es fundamental que podamos tener en el Estado argentino una instancia de elaboración de políticas públicas contra la discriminación para garantizar los derechos de todas las personas”. En esa línea, el Frente Orgullo y Lucha, que reúne a organizaciones LGBT+ de todo el país, destacó la participación del INADI en las leyes de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, Reproducción Humana Asistida, Cupo Laboral Travesti-trans, Respuesta Integral al VIH, entre otras.
Además, el Frente afirmó que “el INADI devino un símbolo indiscutible de convivencia democrática en la diversidad, no sólo sexual, sino de toda índole. Y se puede considerar, también un ejemplo de política de Estado, sabiendo trascender las gestiones de gobierno que nuestro país ha tenido desde la creación del organismo”.
No sólo las asociaciones de géneros y diversidad comunicaron su repudio, sino también activistas de la salud mental y discapacidades. Por ejemplo, la seccional de Quilmes de Hablemos de Autismo Red Federal llamó a las autoridades a “reconsiderar esta decisión y garantizar la continuidad del INADI en su misión de proteger los derechos de todos los ciudadanos”. La Red Federal de Familias TEA y TGD expresó su “enérgico repudio” en un comunicado de redes sociales: “Esta medida representa un retroceso en la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad en nuestra sociedad”.
Laura Alcaide de Orgullo Disca resaltó la “amplia lucha” del Instituto por los derechos de los discapacitados. El organismo está vinculado con la Ley 26378 de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la creación de normativas para la fabricación de productos y tecnologías accesibles. “Tiene que existir un organismo que medie para que la vulneración de derechos no ocurra. Este gobierno está intentando que volvamos a nuestras casas, a situaciones de violencia y que nadie pueda mediar por nosotres”, advirtió Alcaide.
Jony de la Silla, militante social y artista popular, se posicionó en defensa del Instituto “como persona con discapacidad, pero también como negro, pobre, que se pinta las uñas y es militante”, ya que “todos tenemos que luchar por el derecho a una vida digna y el INADI aporta un montón a eso”. Gracias al Instituto fue posible la Ley 26162 de Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), una herramienta vital para el desarrollo de políticas públicas en beneficio de las identidades negras y marrones.
La organización Defensoría de Laburantes explicó que “la agenda de Milei promueve explícitamente avanzar contra las minorías, que no tengan voz y que se le dé rienda suelta a su discurso violento, discriminador, misógino y homofóbico. Para eso, el INADI es un obstáculo a remover”.
Natalia Rótolo
*Texto publicado originalmente en ACCOM
